Trascendiendo la agenda: Una mirada a las elecciones tomando en cuenta la Moral, el Poder y el Derecho

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    Por: Patricio Ato
    Ex miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho.

    Como ya debería ser de conocimiento de todos los peruanos, este domingo diez de abril se están llevando a cabo las elecciones presidenciales, congresales y las respectivas al Parlamento Andino. Es muy probable que ya varios hayan revisado si son miembros de mesa mediante el Jurado Nacional de Elecciones. También es probable que se hayan informado medianamente respecto a las propuestas de los candidatos a través del debate organizado por el diario El Comercio, por el Jurado Nacional de Elecciones, por la Asociación Civil Transparencia o quizás leyendo los diversos planes de gobierno publicados. Sea como fuere, lo esperable es que uno tenga a estas alturas una idea formada de por quién votar en estas elecciones. De no tenerla del todo formada, comparto algunos puntos para al análisis de cada quien:

    1. La agenda y la Moral: Suele ser común que la gente se olvide de que los Planes de Gobierno que proponen los candidatos presidenciales contienen reclamos sociales, los cuales están intrínsecamente ligados a la moral de cada uno de los grupos que los respalda. Pueden priorizarse así temas en la agenda en función a la gradación de valores que sostenga un colectivo social. Es cierto que varias personas pueden compartir un grupo determinado de valores, pero nadie puede forzar a un individuo a pensar igual perpetuamente y, por ende, uno es libre de identificarse con otra forma de ponderar valores. La moral se entiende entonces como un conjunto de valores dictados por criterios autoimpuestos. En ese sentido, nuestra Constitución de 1993 nos otorga el derecho a no ser discriminado por nuestra opinión (art. 2 inc. 2), a no ser perseguido por ideas o creencias (art. 2 inc. 3), a participar en la vida política de la Nación (art. 2 inc. 17) y a mantener reserva de nuestras convicciones políticas (art. 2 inc. 18). El voto que emite un individuo es siempre “consciente”, salvo de que nos encontremos ante el caso de alguna persona que carece de capacidad para discernir. Es lamentable ver como la campaña del “voto consciente” es usada por todos los movimientos políticos para asegurar un grupo de votantes y no se dan cuenta de que, al polarizar las opciones en consciente-inconsciente, generan discriminación al afirmar indirectamente que convivimos con ciudadanos de “segunda categoría”, como alguna vez señaló el Presidente García, solo por tener una concepción cultural distinta. El voto es uno al margen de los calificativos que deseen colocarle, se da el día de las elecciones y es emitido mediante valores autoimpuestos.
    1. La agenda y el Poder: El Estado moderno, como lo conocemos hoy, funciona a través del Poder en términos de Duverger, es decir, la capacidad de coaccionar al otro siendo esta coacción legitimada por el último. Es a través de nuestro voto que nuestros representantes llegan a la esfera pública y pueden hacer uso del poder, ya sea creando consensos o en su defecto decidiendo por mayorías. En ese sentido, la agenda que se sigue no necesariamente es la que uno espera, en la medida que en el Congreso entran representantes con objetivos muy claros y distintos a los del resto. Quizás exista consenso respecto a los temas por abordarse, pero el punto de discrepancia está en el cómo legislar. Con lo cual, sólo podrá ejecutarse una agenda en un sentido y en su mayoría en la medida que la bancada tenga la habilidad de reunirse con otras para concertar la ratio legis de los proyectos de ley a presentarse con la finalidad de obtener los votos necesarios para que pueda ser aprobada, remitida al Gobierno para su promulgación y su posterior publicación. Dentro de la agenda también existen mandatos importantes como el de fiscalización. Es imperante que el Congreso cree comisiones investigadoras para fiscalizar temas sociales que transcienden el hecho de legislar. Dada la carencia de cultura política en el país, la mayoría de políticos piensa que su primera función (por no decir la única) es la de legislar y eso es equivocado, porque el simple hecho de presentar proyectos de ley para cumplir las exigencias de la norma no genera lo realmente conveniente. La primera función de todo político es la de representar y es en función de la representación que uno debe legislar y fiscalizar. Por ello, es muy importante que se evalúe bien cual plancha elegir o por qué candidato votar preferencialmente.
    2. La agenda y el Derecho: Nuestro Sistema de Gobierno, en términos de Domingo García Belaunde, es Presidencialista (no Presidencial, menos Semipresidencial) y se caracteriza básicamente por tener un Congreso debilitado por un Gobierno con facultades de acción demasiado amplias. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que el Estado peruano solo camina si es que existe mayoría o un bloque mayoritario que esté en sintonía con la agenda que propone el Presidente de la República.  Siguiendo lo afirmado, podemos corroborar que las veces que el  Gobierno ha tenido una oposición fuerte en el Congreso hemos terminado con un golpe militar. Sin ir muy lejos, hay que recordar que el autogolpe del año 1992 se da entre otros motivos porque el Congreso “no dejaba trabajar” al Presidente.  Siendo esto así, debería quedar claro que no toda agenda impuesta desde el Gobierno va a llevarse a cabo en su totalidad. El Presidente es el que convoca a sus técnicos y con ellos arma el Gabinete Ministerial, el cual sigue una lógica más de Secretarios, como en Estados Unidos,  dado que es el Presidente quien los convoca y quien los destituye, al margen del control político al que pudo haber sido expuesto frente al Congreso. Eso implica también que la capacidad de frenar las acciones del Presidente son nulas en la medida que, de no cumplir con refrendar sus actos, es removido del Gabinete. Entonces, si un Ministro puede actuar y hacer políticas públicas desde su sector es porque el Presidente se lo encarga mediante la agenda que impone y es porque su bancada ha creado los consensos necesarios en el Congreso para que no sea interpelado y/o censurado. Solo de esta manera es que podría llevarse a cabo la agenda deseada, dejando de lado los eventuales conflictos exógenos al Estado.

    El análisis presentado parte de un modelo de Gregorio Peces Barba y que posteriormente es analizado por Reynaldo Bustamante. Es difícil trazar una línea clara entre la Moral, el Poder y el Derecho porque los tres factores se combinan en cada paso del procedimiento. Todo sería muy fácil si es que solo fuera un tema de agenda política. En un país con concepciones tan distintas uno no puede quedarse en el primer paso del análisis. Con un Congreso tan fragmentado como el que se pronostica, es imperante que el movimiento político que tome protagonismo al asumir el poder, deba estar abierto a  crear los consensos del caso, porque sino lo único que se generará es la legitimación de una próxima autocracia. Siendo los lectores personas que comprenden y respaldan el Estado de Derecho, es obligatorio trascender el análisis de las agendas propuestas, tomar en cuenta la lamentable cultura de transfuguismo de nuestros políticos y elegir una agrupación que pueda crear cohesión política para no estancarnos ni se legitime el lamentable mito del “progreso con mano dura”.

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