Defensa de la antirregulación

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    Autor: Erik Pekerson
    Estudiante de Matemáticas y Economía en la Universidad de Georgia.

    Republicado con permiso. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

    La crisis de la Deepwater Horizon ha provocado la siguiente batalla en la interminable guerra de ideas entre partidarios de la intervención del gobierno y defensores del laissez faire. Las tácticas en esta batalla son familiares, las trincheras están bien establecidas y las tropas instruidas. Todo el escenario genera una sensación de déjà vu. La última gran batalla todavía continúa, aunque empezó hace años al darse cuenta de que el gran edificio financiero construido durante años de crédito barato se estaba cayendo a pedazos.

    En esta continua tradición, los partidarios de regulaciones e intervenciones gubernamentales han hecho muchas comparaciones entre el colapso financiero y la crisis de la Deepwater Horizon. Los problemas que ven son idénticos en cada caso: grandes empresas en búsqueda de beneficios, en ausencia de regulaciones, toman decisiones arriesgadas que acaban dañando a otros. Su solución es simplemente regular estas compañías.

    Citemos el reciente post en el blog del novelista, director de cine y ahora periodista económico Gonzalo Lira:

    El vertido de petróleo de BP es parte del mismo problema de la crisis financiera: El vertido de petróleo de BP y la crisis bancaria son dos ejemplos de la época en que vivimos, la época de la anarquía corporativa.

    En pocas palabras, en esta época de anarquía corporativa, las corporaciones no tienen que cumplir ninguna regla, ninguna en absoluto. Las reglas legales, morales, éticas e incluso financieras son irrelevantes. Todas ellas se han rescindido en la búsqueda de beneficio, literalmente nada más importa.

    Esto es escandalosamente falso: las empresas tienen que cumplir incontables normas y regulaciones. Pero así es como piensan los partidarios de la intervención pública: ven mercados libres donde no existen y echan la culpa de cualquier problema que perciban a la supuesta ausencia de una fuerte intervención gubernamental en el manejo de los negocios.

    En respuesta, los defensores de la libertad económica se han centrado en desacreditar el persistente mito de que el actual sistema económico es un ejemplo de mercado completamente desregulado, falto de toda intervención del gobierno. Además de las grandes contribuciones del gobierno al riesgo de este tipo de desastre, incluyendo un tope de responsabilidad increíblemente generoso y fuertes incentivos para perforar en aguas más profundas y peligrosas, no hay prácticamente nada en la economía fuera de la esfera de la intervención pública. Como decía sucintamente el columnista Sheldon Richmond, el libre mercado “tiene una coartada a toda prueba. No existía”.

    Los defensores de los mercados libres han ido más allá en dar luz acerca del fracaso de las regulaciones en lograr los resultados pretendidos. La “captura del regulador” se está haciendo rápidamente un término familiar para la mayoría. Jeffrey Miron, autor de Libertarianism from A to Z, ha dicho que “el escepticismo libertario sobre este tipo de regulación no se basa en una fe ciega en los mercados, se basa en el reconocimiento con los ojos bien abiertos de cómo (no) funciona la regulación en la práctica”.

    Sin embargo, nada es esto va la corazón del asunto. La defensa del laissez faire nunca ha descansado en la idea simple de que todo gobierno sea corrupto e ineficaz y todos los empresarios sean buenos y les interese el bienestar público. Difícilmente. En esta guerra de ideas, los partidarios de la regulación no se van a inmutar ni siquiera si se ven forzados a admitir que ciertas políticas públicas contribuyeron al vertido. Las tácticas empleadas actualmente por los defensores de los mercados libres son bastante ineficaces. Lo que se necesita es aportar al debate una defensa general del mercado.

    El gobierno del mercado

    Hay una contradicción sutil en la frase previamente citada de Lira. Afirma a la vez que las corporaciones no tienen que cumplir con ninguna regla en absoluto y que todas esas reglas se han rescindido en la búsqueda de beneficios. Lo que olvida es crucial: la necesidad de que empresas y empresarios busquen un beneficio es en sí misma una regla. Un negocio no puede operar de cualquier manera y aún así obtener un beneficio.

    Citando a Ludwig von Mises:

    La prueba de la utilidad de los servicios realizados es que un número suficiente de ciudadanos está dispuesto a pagar el precio pedido por ellos. No puede haber duda alguna acerca del hecho de que los clientes consideran útiles los servicios realizados por las panaderías. Están dispuestos a pagar el precio pedido por el pan. Bajo este precio, la producción de pan tiende a expandirse hasta que se alcanza la saturación, es decir, hasta que una posterior expansión absorba factores de producción de ramas de la industria para cuyos productos la demanda de los consumidores es más intensa. Al tomar como guía el beneficio, la libre empresa ajusta sus actividades a los deseos del público. El beneficio impulsa a todo empresario a realizar esos servicios que los consumidores consideran los más urgentes.

    No sólo el mercado apunta a proveer las cosas por las que la gente está más dispuesta a pagar, sino que también ofrece la base para el cálculo económico y por tanto la actividad económica racional.# El mecanismo de pérdidas y ganancias también ofrece el motivo que hay detrás del proceso productivo al incentivar, para cada individuo, la búsqueda de oportunidades, la gestión eficaz del riesgo y la contribución al proceso productivo.

    El beneficio y el medio ambiente

    Sin embargo, cuando afecta al medio ambiente, ya no se escucha nada acerca de los beneficios de los mercados. En su lugar, mandan las discusiones sobre las “externalidades”. Pérdidas y ganancias se consideran deficientes porque no tienen en cuenta cualquier coste impuesto a terceros.

    Pero esto es un fallo legal, no un fallo del mercado. No se supone que los mercados estén desprovistos de leyes. Deberían protegerse personas y propiedades frente a acciones destructivas y agresivas de otros. Es esencial. Entonces, se trata de cómo deberíamos ocuparnos de las “externalidades”, especialmente en relación con el medio ambiente.

    La regulación, como solución propuesta para este asunto, limita el ámbito de las acciones que pueden realizar legalmente empresarios y negocios. O les dan regulaciones que les dicen qué deben hacer o les dan regulaciones que les dicen qué no deben hacer. El cálculo de la toma de decisiones de los empresarios se reemplaza por la dirección arbitraria de los reguladores burocráticos. Pérdidas y ganancias ya no son herramientas para la toma de decisiones. Se eluden e ignoran.

    La litigación, mediante leyes de responsabilidad civil y responsabilidades estrictas, pueden ofrecer evaluaciones monetarias de los costes de los daños medioambientales. Los costes así impuestos a los delincuentes medioambientales son monetarios, determinados por patrones legales en un tribunal y por los daños a terceros. Los gobiernos pueden asimismo hacer que las empresas paguen directamente por los daños observados.

    La diferencia esencial entre regulación y métodos que convierten los daños medioambientales en costes monetarios es que los costes monetarios encajan en el marco del mercado. Permiten el cálculo económico en la política medioambiental. El valor público del medioambiente se sopesa frente al valor público de los recursos en el proceso de mercado de recogida de información y cálculo. Suponer simplemente que los beneficios de la política medioambiental superan a los costes es difícilmente satisfactorio.

    La idea de que las externalidades del mercado son “ineficientes económicamente” revela un error fundamental El mismo concepto de “eficiencia económica” se basa en usar una sola escala de valores para maximizar la utilidad. Aún así, el mercado no se caracteriza por tener una sola escala de valores. A causa de la naturaleza subjetiva del valor y la imposibilidad de comparaciones de utilidad interpersonales, las curvas de coste social y beneficio social usadas para definir la naturaleza no ideal de las externalidades simplemente no existen. Nunca podemos determinar si un mercado en general es “eficiente económicamente” o no.

    Lo que importa es que se obstaculice la función del proceso de mercado. La información precisa aportada por los precios acerca de las oportunidades de intercambios mutuamente beneficiosos en el mercado es importante para la propia eficacia de cada individuo para alcanzar sus objetivos. La propiedad privada es la base de este sistema.

    De hecho, la mayoría de los problemas de las externalidades se producen cuando distintos actores del mercado tienen objetivos en conflicto con respecto a un recurso en particular, como el agua del océano. Esto se produce cuando los derechos de propiedad son ambiguos o simplemente inexistentes.# En los casos en que los derechos de propiedad están claramente definidos, el daño a una propiedad por parte de otro puede gestionarse mediante la responsabilidad civil y así se gestiona el problema de la externalidad.

    Lo visto y lo no visto

    ¿Qué pasa con el voto? ¿No hace la gente que se escuchen sus valores mediante la democracia? Puede que el gobierno acabe tomando las decisiones, pero ¿no puede verse influenciado por las valoraciones definitivas del pueblo mediante su acción como votantes, de forma similar a como el mercado tomaría decisiones influido por las valoraciones del pueblo como consumidores?

    Aparte del hecho de que las políticas regulatorias complejas nunca van a ser influenciadas directamente por los votantes, hay un fallo enorme en esta propuesta. Ningún votante de la sociedad está en disposición de comparar todos los costes y beneficios de una decisión económica tan compleja como las que afectan a los recursos y el medio ambiente.

    El petróleo, como factor de producción, no es valorado directamente por los consumidores. Se valora basándose en el valor que se da a los productos que puede producir. Mucha gente que observa los efectos de la crisis de la Deepwater Horizon ve a los pelícanos cubiertos de petróleo y a los pescadores sin trabajo, pero esa misma gente no puede ver todos los beneficios del uso de petróleo que produce a cada uno en toda la economía.

    La información acerca del valor dado al petróleo se comunica y conoce sólo a través del mercado en forma de precios. No existe en la mente de los votantes, de los individuos, sino sólo en el mercado. Si es rentable perforar por petróleo incluso cuando todo el daño medioambiental recaiga sobre los perforadores, la señal del mercado está clara: la gente valora los productos más de lo que le desagradan los efectos en el medio ambiente.

    Conclusión

    La regulación del gobierno no es una respuesta eficaz o beneficiosa a la crisis de la Deepwater Horizon. Sólo en la economía, mediante el cálculo monetario del mercado, puede realizarse un cálculo racional de los costes y beneficios de cualquier acción. Los costes impuestos a terceros por cualquier empresa mediante acciones como un vertido de petróleo deberían ser pagados íntegramente por el causante, pero éste debería ser el único recurso a tomar.

    No hay “externalidades cuando los daños medioambientales han de pagarse. En ninguna parte puede encontrarse una base racional para los gritos pidiendo regulaciones. La presión política de los descontentos con la respuesta ante el vertido debería centrarse en asegurarse de que BP paga todos los daños, no en tratar de conseguir más regulaciones e intervenciones públicas injustificadas.

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