Editorial: El pedido de homologación salarial de los jueces: justo y ¿viable?

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    El pasado viernes el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que exige al Poder Ejecutivo cumplir con el mandato judicial del 2011 que dispone entregar los 87 millones de soles pendientes para la homologación salarial de los jueces en el presupuesto del 2014. Además, reafirma es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el competente en administrar la hacienda pública y la reserva de contingencia. Con ello, se espera poner coto a un clima confrontacional entre dos poderes del Estado, que entre momentos álgidos, alarmó nuestra estabilidad democrática.

    En primer lugar, hemos de entender el reclamo de los jueces. Está de más sostener cuán desfasada es la labor exigida al juez y su retribución económica en la realidad. La importancia de asegurar su eficiencia funcional está plasmada en el artículo 146 de nuestra Constitución, en el que se le reconoce el derecho a una remuneración que le “asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía”. No olvidemos que la función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada (a excepción de la docencia universitaria), por lo que tales limitaciones no hacen más que probar que no se trata de una función pública más. Indudablemente, nadie pondría en tela de juicio la legitimidad o el sentido justo del pedido, pero más allá de ello, habría que cuestionarse las posibilidades de ejecutarlo.

    Como la mayoría de reclamos, lo que está en juego es el tema presupuestal. Es lógico que todo aumento conllevaría a una afectación de la caja fiscal, pero de ahí a aludir que es inconstitucional y que la propuesta causaría una inflación, podría sonar algo hiperbólico. Lo sostiene así el titular del MEF, pues dado que el problema no sólo implica a jueces y fiscales, posiblemente concederles un aumento conllevaría a un efecto dominó que sumaría a la lista de demandas a ser satisfechas a nuestros ninguneados profesores, doctores y policías. Pero ello, claro, no deja de ser una hipótesis. Ciertamente, la salida no es fácil. Una propuesta prudente parecería ser la de ceder al pedido, aunque de manera progresiva.

    Ésta parece ser la solución a la cual se ha llegado, pero los jueces aún no están a gusto. Especialmente debido al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso, en el cual varían los porcentajes para el aumento salarial, a través de la derogación de determinados artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según el presidente de la Corte Superior de Lima, Iván Sequeiros, la decisión del Congreso fue una burla porque los magistrados no fueron debidamente consultados. No habían llegado aún a un consenso. Es claro que una decisión de tal calibre merecía una discusión más profunda y no la sola hora que los congresistas le dieron para conocerla “a fondo” y debatirla. Siendo los jueces los principales afectados, debieran ser los primeros y últimos en ser escuchados. De ahí la importancia de una mayor discusión y conciliación con los mismos.

    A nuestro parecer, no es una materia fácil de solucionar dadas las diversas aristas de la problemática. Sin embargo, no lo consideramos razón suficiente para explicar cuan lamentable es el que se haya venido prolongando una promesa que empezó con visos populistas y que ha dejado a nuestros jueces en vilo por casi 30 meses. Además, ratificamos de que se trata de un pedido sumamente justo, pero que necesita de una acuciante solución técnica y un esquema lúcido de cómo y de qué manera finalmente se va a llevar a cabo la tan esperada homologación. Punto aparte, está de más reafirmar nuestra desaprobación sobre la huelga blanca y este tipo de medidas radicales que desestabilizan un sistema de justicia de por sí endeble. El derecho a la tutela jurisdiccional es un derecho fundamental del que no se le puede privar a ningún ciudadano. Más aún a sabiendas de los perjuicios que el tiempo perdido provocaría en un sistema que padece de una alta dosis de letargo que no lo deja aún caminar muy bien.
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    Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

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