¿Y dónde está el metete?

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    Hace unos meses, dicté una charla en la ciudad de Armenia, una ciudad bonita que muestra su crecimiento y el espíritu de superación del colombiano, pues está mejor que antes del terremoto que la sacudiera en 2001.

    Al iniciar mi exposición, en la que hablé sobre libre competencia, me sorprendieron las múltiples quejas sobre los precios del transporte aéreo; se decía que era muy caro, que el precio de los tiquetes Bogotá – Armenia – Bogotá era igual que ir a Miami.

    Esto incomodaba a los asistentes, pues consideraban que la única aerolínea que opera allá está abusando, lo que en ocasiones les obligaba a desplazarse hasta la ciudad de Pereira, ubicada a 1 hora, pues allá el precio de la misma ruta, por la misma empresa, es casi un 60% menor, además de que tienen otras compañías para elegir.

    Para algunos, el gobierno debía fijar una tarifa justa; así, decían, los usuarios serían protegidos pagando un precio equitativo sin ir hasta Pereira para ahorrarse unos pesos y sin pérdidas para la empresa. Otros, aludían que se debía investigar y sancionar a la compañía por precios excesivos, pues, a su juicio, no se justifica que si las dos ciudades están casi a la misma distancia de Bogotá, existiera una variación tan significativa de precios.

    La intervención del Estado en los mercados es un tema polémico en el ámbito de la Economía y el Derecho; para algunos, la misma se justifica cuando los mercados presentan fallas como externalidades, asimetrías de información o monopolios; para otros, es injustificada, ya que los mercados son inteligentes y se autorregulan, debiendo el Estado solamente ser garante del cumplimiento de los deberes de los asociados.

    En Colombia, dicha intervención tiene fundamento constitucional en la designación del Estado como supremo director de la economía, lo que funciona como límite a la libertad económica de los particulares. Dentro de las formas de intervención encontramos la regulación, la supervisión y las empresas públicas, con las que se pretende que haya un adecuado funcionamiento del mercado.

    En el caso concreto, si bien es cierto que, legalmente, el Estado podría intervenir fijando precios, pues el mercado de transporte aéreo es regulado, y que se podría investigar y sancionar por precios excesivos; estimamos que ninguna de estas soluciones sería acertada por los efectos nocivos que ambas formas de intervención tendrían para los agentes económicos; estimamos que la solución a los altos precios viene dada por la aplicación de otra ley, la de la oferta y la demanda, generando competencia al único prestador.

    En primer lugar, el control de precios no es una buena idea, dado que genera escasez, pues al  fijarse un precio distinto al de mercado se reduce la oferta del mismo, ya que el productor no tendrá incentivos para producir por encima de las expectativas razonables de ese precio, lo que genera largas colas para adquirir el bien, desembocando al final en “mercados negros” donde los demandantes consiguen los bienes a mayores precios.

    Así, si se fijara un precio máximo en éste mercado, los precios reales de los tiquetes podrían subir, pues el único prestador tendría incentivos para reducir su oferta, y dado que no puede recaudar el valor de mercado de los pasajes, cobraría por separado otros conceptos que actualmente incorpora en el precio; pensemos en el costo del equipaje, la comida a bordo, entre otros, lo que al final perjudica al usuario.

    De otra parte, sancionar por precios excesivos, pienso que no tiene sentido económico, dado que los mercados son inteligentes. Así, si los productos que se ofrecen en el mercado son muy caros o no satisfacen las necesidades de los consumidores, estos no los adquirirán. En este sentido, si un productor, ofreciendo la debida información a los consumidores, logra que estos compren sus productos al precio fijado por él, no debería ser sancionado, pues está logrando que aquellos valoren más su producto que el dinero que pagan por él; lo que sería eficiente, pues la gente solo intercambia algo que valora menos por algo que valora más.

    Ahora, creo que el mejor mecanismo para que haya menores precios en el servicio comentado es la implementación de una competencia efectiva. Para ello, es necesario que el Estado o el Metete, como lo llama el profesor Alfredo Bullard porque cuando ejerce actividad empresarial está donde no tiene que estar y deja de estar donde debe estar, actúe a través de la empresa pública que tiene en este mercado.

    En el caso concreto, SATENA es una empresa estatal que se creó para interconectar las principales ciudades del país con aquellas regiones apartadas, denominadas anteriormente territorios nacionales. Esta compañía tiene varias frecuencias diarias a ciudades como Medellín o Cali, las cuales por ser la segunda y tercera ciudad del país tienen una buena oferta de prestadores privados; mientras que, curiosamente, SATENA no vuela a ciudades como Armenia.

    ¿No debería esta empresa pública competir en mercados donde existan situaciones de monopolio como el de Armenia, en lugar de hacerlo en otros como los de Medellín o Cali donde los privados satisfacen la demanda?

    Creemos que, en países que tienen normas de competencia, competir no solo es un derecho, sino una obligación, de allí  que se castiguen carteles o acuerdos anticompetitivos entre competidores; si esto es así, y siendo el Estado el encargado de prestar este servicio público originalmente, pues los privados deben pedir autorización para operar, debería este generar condiciones de competencia en el referido mercado.

    Dado lo anterior, pensamos que de no haber iniciativa del Estado, los consumidores podrían iniciar una acción popular contra SATENA a fin de que se le obligue a proteger derechos colectivos como el acceso a la prestación eficiente de servicios públicos y la libre competencia, pues de entrar dicha empresa a este mercado generaría presión competitiva, lo que redundaría en menores precios y un mejor servicio para los usuarios.

    Finalmente, estoy de acuerdo con que la actividad empresarial del Estado se justifica cuando en un mercado no se tiene acceso a ciertos productos o no existen condiciones efectivas de competencia entre los privados; por ello, creemos que en el caso concreto, el Estado debe crear tales condiciones a fin de favorecer a los usuarios, con independencia de si para la empresa pública es más rentable operar en otras rutas.

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