Hacia una nueva Constitución chilena: Reflexiones para la experiencia peruana

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    Por: Samuel B. Abad Yupanqui, abogado y Doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

    Hace unos días asumió la Presidencia de Chile Michelle Bachelet quien prometió desempeñar fielmente el cargo para el cual fue elegida por segunda vez. Su Programa de Gobierno 2014 – 2018 (octubre 2013) planteaba tres importantes reformas de fondo: en materia educativa, en materia tributaria y, además, proponía una nueva Constitución. Tales propuestas han sido ratificadas al asumir la presidencia. El citado programa afirmaba que “Chile debe reencontrarse con sus tradiciones republicanas y dar origen a la Nueva Constitución, en la que confluyan las tradiciones constitucionales liberal, democrática y social y que sea fruto de un auténtico consenso constitucional. Esta propuesta y las recientes declaraciones presidenciales dan inicio a un camino que permitirá debatir temas estructurales en un país cuya Constitución presenta un severo déficit democrático. Ello plantea para el Perú diversas reflexiones.

    Por un lado, evidencia la firmeza de la lideresa de un partido de mantener sus ideas y no cambiarlas en función de los votos. Como se recordará, en nuestra última experiencia electoral nacional uno de los candidatos propuso, en su Plan de Gobierno, contar con una nueva Constitución para luego, cambiar su posición en la segunda vuelta electoral y obviar toda mención al cambio constitucional. Este candidato fue elegido como Presidente y hasta el  momento, sólo ha planteado la incorporación del derecho al agua en su Mensaje a la Nación de julio de 2012, que no ha prosperado.

    El Programa de Gobierno de Michelle Bachelet no se limita a resaltar la necesidad de una nueva Constitución, sino que plantea sus contenidos básicos. Entre otros aspectos, señala que las declaraciones y tratados sobre derechos humanos deberán sustentar el catálogo de derechos que se reconozcan. Propone abolir la pena de muerte y reconoce el derecho a una vida libre de violencia. Incluye la prohibición de discriminación por orientación sexual o cualquier otra condición y, agrega, que el Estado debe favorecer el igual acceso de mujeres y hombres a cargos de elección popular, así como a puestos de responsabilidad profesional y social. Además, reconoce el derecho a la identidad sexual, la orientación sexual y los derechos sexuales y reproductivos. En materia de libertad de expresión, dispone que una ley determinará los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social. Asimismo, considera que la función social del derecho a la propiedad privada, delimitará su contenido de conformidad con la ley. Todo ello en el marco de un Estado social y democrático de Derecho que se caracteriza también por ser un Estado laico. De ahí que promueva la igualdad entre las confesiones religiosas y la eliminación de toda referencia a juramentos, libros o símbolos religiosos en las normas relativas al Estado.

    Asimismo, establece pautas para el proceso de elaboración de la nueva Constitución que deberá ser democrático, institucional, y participativo. Es decir, se escucharán todos los puntos de vista, se establecerán criterios que permitan que la Presidencia y el Congreso puedan darle un cauce constitucional y legal al proceso de cambio permitiendo la expresión de la real voluntad popular, reconociendo que la ciudadanía debe participar activamente en la discusión y aprobación de la nueva Constitución. Es obvio que sin tales ingredientes una reforma de tal naturaleza no podría prosperar.

    La propuesta nos hace recordar al Informe de la Comisión de Bases para la Reforma Constitucional elaborado durante el gobierno de transición del Presidente Valentín Paniagua, que también planteaba los lineamientos de las reformas y los posibles mecanismos para llevarla a cabo. Sin embargo, presenta una diferencia sustancial. Como se recordará el Presidente Paniagua al culminar su periodo entregó el citado Informe al nuevo Gobierno y éste no lo asumió como propio. En cambio, la propuesta de Bachelet se plantea al inicio del período y asumimos que cuenta con todo el respaldo del gobierno. No es lo mismo culminar un gobierno dejando unas propuestas a quien asume el poder, que iniciar el gobierno con sus propias propuestas que, además, identifica como una reforma de fondo.

    Es evidente que la implementación de esta propuesta no será tarea sencilla. Habrá que estar atentos a lo que suceda. Sin embargo, su sólo planteamiento deja lecciones que nuestra clase política debería recoger; es decir, ingresar a debatir e implementar verdaderas reformas de fondo y obviar los constantes temas coyunturales que suelen absorberla.

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