Editorial: El transporte público: peligro a la vuelta de la esquina

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    Esta semana los problemas de nuestro sistema de transporte público han estado en el foco de la tormenta. Además del caos, tráfico y desorden que agobia a la ciudad, el peligro que representa el transporte público es cada vez más evidente, alcanzando un punto cúspide cuando son vidas las que están de por medio. Así sucedió que el jueves 24 de abril fallecieron 2 personas en el distrito de Miraflores debido a un accidente provocado por un conductor de la empresa Orión, lo que sin duda fue la gota que rebalsó el vaso. A partir de ello, pudimos presenciar una rápida reacción por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que con ayuda de la Municipalidad del Callao y la Policía Nacional del Perú (PNP), ha decidido paralizar la ruta en la cual se manifestó el siniestro. En refuerzo a esta medida, el Ejecutivo ha promulgado un Decreto Supremo que impone medidas muy fuertes a fin de frenar los serios problemas de seguridad de nuestro transporte público. Sin embargo, aún es menester preguntarnos: ¿son eficaces y suficientes? En el presente editorial abordaremos tales preguntas a fin de analizar la situación de nuestro sistema de transporte público.

    En principio, es necesario reconocer el actual panorama en el que se desenvuelve la empresa Orión. Así, si tomamos en consideración que el 60% de los limeños se movilizan en transporte público, resultan preocupantes los resultados del Consejo de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que indican que las muertes anuales provocadas por estos servicios continúan aumentando en los últimos años. Al respecto señala que “los accidentes de tránsito ocurridos entre enero y setiembre del 2013 en todo el Perú dejaron 2,430 muertos, un 4% más del número registrado en el mismo período del 2012”. Asimismo, reiteradas encuestas nos muestran que más de la mitad de los limeños consideran que uno de los problemas más graves de la ciudad es el congestionamiento vehicular y, actualmente, es una de las principales causas de su malestar.

    Ahora bien, ¿qué acciones o medidas se han tomado frente a esta situación? La principal es que se han endurecido las normas relevantes para intentar reducir los accidentes de tránsito. Así, por ejemplo, con la promulgación del nuevo decreto supremo por parte del Ministerio de Transportes, se ha i) eliminando el pago anticipado de las papeletas de los conductores de transporte público, ii) la PNP ahora puede retener la licencia de estos conductores, iii) los vehículos infractores de normas podrán ser retenidos e, incluso, iv) se ha obligado a estas empresas a verificar que entre sus choferes no haya personas que han acumulado más de 100 puntos en papeletas. Todas estas son, a primera vista, medidas adecuadas para enfrentar el gran problema del transporte público; sin embargo, consideramos que esto no es suficiente.

    Se debe continuar, entonces, con la reforma que ya ha iniciado la MML independientemente de quién ostente el sillón municipal. Para esto, es necesario implementar medidas a fin de regular y mejorar las remuneraciones de los conductores para evitar la competencia por conseguir una alta cantidad de pasajeros en las calles. Asimismo, se requiere realizar un análisis y reordenamiento de algunos paraderos para evitar los problemas que vemos en el día a día en la relaciones entre usuarios y vehículos, que buscan bajo cualquier medio satisfacer sus intereses, incluso si esto implica ir en contra de lo establecido por el sistema de tránsito vehicular. Finalmente, y no menos importante consideramos que para que se cumpla con toda la regulación sobre la materia es imprescindible reducir la corrupción de la PNP que, como todos hemos observado, tiene entre sus grandes manifestaciones los “negocios” (vale decir, coimas) que realizan día a día con los conductores de tránsito. Precisamente, en este último escenario se hace indiscutiblemente necesaria la participación de los ciudadanos en coadyuvar a combatir, denunciar e inhibirse de ser cómplices de esta mala práctica. Al fin y al cabo, si existe corrupción es debido a una cadena de complicidades que va desde el Estado hasta el más común de los ciudadanos.

    En conclusión, desde esta tribuna consideramos plausible el interés que han colocado nuestras autoridades sobre este tema. No obstante, como ya hemos señalado, creemos que hacen falta grandes medidas complementarias para tener una regulación efectiva en la materia. Hemos sido, por varios años, víctimas de las consecuencias de una inadecuada privatización del sistema de transporte que ha generado caos y consecuencias entre la población civil. Es necesario que, sin dejar de promover y respetar un mercado liberalizado y eficiente, se tomen regulaciones adecuadas para que este servicio público cumpla realmente con los fines previstos.

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