A 15 años del Conflicto Armado en Perú: ¿conocemos la verdad de lo ocurrido?

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    Que alguien me diga si ha visto a mi hijo
    (
    …)

    Salió anteanoche y no ha regresado

    El día de hoy, 24 de marzo, se celebra por cuarta vez desde su proclamación en la Asamblea General de la ONU el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves a los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas. Con el reconocimiento de esta fecha, se busca que los individuos recordemos, al menos una vez al año, la importancia de promover la construcción de una memoria histórica sobre las violaciones masivas a los DDHH bajo graves contextos de violencia; y que reflexionemos sobre las acciones que aún quedan pendientes para que los familiares de las víctimas vean garantizado su derecho de conocer la verdad de lo ocurrido con respecto a sus seres queridos. En razón a esto, en el presente artículo se abordará brevemente la importancia del derecho a la verdad y su aplicación práctica sobre un tema largamente relegado: las personas desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno en nuestro país.

    Para empezar, resulta pertinente absolver una primera pregunta: ¿qué es y cómo surge el derecho a la verdad? Concretamente, en América Latina, el reconocimiento de este derecho desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) surge como una respuesta a la práctica sistemática de desapariciones forzadas por parte de la ola de dictaduras que atravesó nuestro continente entre los años 60 y 90. Estas acciones, realizadas ya sea solo en el marco de un régimen dictatorial o de un conflicto armado interno, buscaban atemorizar y amedrentar a la población mediante el daño que ocasiona la privación de libertad de algún familiar por parte del Estado, o con la aquiescencia del mismo, y la incertidumbre de no conocer su paradero por la falta de información.

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    En razón a este contexto, tanto la CIDH como la Corte IDH declararon que los familiares de las personas desaparecidas tienen el derecho de conocer la verdad sobre el paradero de las víctimas, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde su desaparición, debido al carácter continuado de este crimen. Asimismo, se estableció que los Estados tienen el deber de organizar el aparato estatal a fin de averiguar y comunicar oportunamente a los familiares de la situación en la que se encuentran las personas desaparecidas, además de juzgar y sancionar estos crímenes. Finalmente, estos órganos internacionales también han reconocido la importancia de la construcción de una memoria histórica para garantizar el derecho a la verdad de todos los miembros de la sociedad y así puedan conocerlas graves violaciones a los DDHH que ocurrieron en su territorio, a fin de evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

    Ahora bien, como resulta evidente, la práctica sistemática de desapariciones forzadas no fue ajena a nuestro país. Al respecto, si bien el informe final de la CVR registra 8 mil 558 personas desaparecidas, diversos estudios del Comité Internacional de la Cruz Roja, el Instituto de Medicina Legal y el Equipo peruano de Antropología Forense señalan que en realidad la cifra llegaría a 15 mil personas desaparecidas y cerca 6 mil fosas comunes o clandestinas. A pesar de estas alarmante cifras, hasta el momento las acciones por parte de los gobiernos han sido deficientes, toda vez que no existe una adecuada articulación entre las instancias del Estado para la búsqueda de las personas desaparecidas y el juzgamiento de estos crímenes, generando un ambiente de impunidad e indiferencia.

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    Por esta razón, a fin de cumplir con los estándares internacionales y garantizar el derecho de los familiares de las víctimas, resulta necesaria la implementación de una política de búsqueda de personas desaparecidas y la adecuación del aparato estatal para lograr resultados efectivos en esta materia. Actualmente el tema viene debatiéndose en el Ministerio de Justicia, a fin de crear una Ley de búsqueda de personas desaparecidas y así lograr resultados efectivos en esta materia. No obstante, hasta el momento no se ha presentado ninguna propuesta concreta frente al Congreso.

    Para finalizar estas breves líneas, hay una última pregunta que es necesario responder (y que probablemente surge en nuestras mentes): ¿por qué es importante otorgarle importancia, trabajo y fondos públicos a este tipo de políticas? Pues porque mientras no se reconozca el daño generado durante el conflicto a las víctimas, y no se les satisfaga y restituya como ciudadanos plenos con derechos, es imposible hablar de reconciliación nacional. Mientras se mantengan patrones de indiferencia y los derechos de “unos” sean más importantes que el de “otros”, no es posible reconstruir la confianza en el Estado y, por el contrario, crecerán los incentivos para proliferar el odio, que ya tanto daño nos ha ocasionado.

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