Editorial: Entre tachas y exclusiones

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    El pasado viernes 04 de enero, el Jurado Electoral Especial (en adelante, el JEE), emitió dos resoluciones simultáneamente. La primera resolvió tachar la plancha presidencial de Todos Por el Perú (en adelante TPP), liderada por Julio Guzmán, producto de las tachas presentadas en su contra por no cumplir con los requisitos de democracia interna estipulados en la normativa; y, la segunda, excluyó del proceso electoral al candidato de Alianza Para el Progreso (en adelante, APP), César Acuña, debido a las denuncias por las daciones de dinero hacia terceros en medio de un contexto proselitista. En razón a ello, el presente editorial analizará ambas situaciones para determinar si el JEE actúo de forma adecuada en sus resoluciones así como también la importancia de la estabilidad de las instituciones electorales.

    Para empezar, es menester recapitular brevemente la historia del TPP frente a los órganos de jurisdicción electoral. Así, cabe recordar que, el pasado 28 de enero, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (ROP) declaró improcedente la inscripción del Tribunal Nacional Electoral de TPP por no cumplir con los requisitos de democracia interna. No obstante, el partido presentó los documentos pertinentes para subsanar las observaciones dadas, y fue así que el JEE terminó finalmente favoreciendo al partido cuestionado, ponderándose con ello el derecho de participación política sobre las formas.

    ¿Cómo fue, entonces, que se llegó a la resolución del pasado viernes? Pues bien, ante dicho pronunciamiento existían 48 horas para presentar tachas. En el transcurso de las mismas, diez  personas vinculadas al entorno político presentaron tachas que el JEE evaluó. Fue así que mediante RESOLUCION N° 019-2016-JEE-LC1/JNE, el JEE declaró fundadas las mismas y nula su resolución del 24 de febrero que admitía la inscripción del partido por el que postula Julio Guzmán. El principal argumento gira en torno a que esta última Resolución se adelantó a una resolución posterior del JNE que ratificaba que no se cumplió con los requisitos de democracia interna dentro del partido.

    Por otro lado, como se advirtió inicialmente, simultáneamente a la publicación de la resolución del JEE sobre el caso de Julio Guzmán, el JEE publicó una resolución que excluía a César Acuña de la contienda electoral. En el caso de APP, el panorama no resulta tan engorroso en tanto fue una decisión vinculada a la aplicación directa de las normas. La resolución se fundamenta en dos denuncias: la primera acusaba a César Acuña de regalar S/10.000 a comerciantes de un mercado de Chosica en febrero pasado; y, la segunda, acusaba al candidato por haber ofrecido dinero, también en febrero de este año, a las personas que acudieron a un mitin de campaña en Piura.

    Así, toda vez que el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas prohíbe a los partidos la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero o regalos a terceros en un contexto de propaganda política, el JEE aplicó esta disposición para excluir a César Acuña de la contienda electoral. Si bien el partido alegó la no aplicabilidad del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas en tanto su inscripción fue previa a la modificatoria y existía un derecho adquirido, el JEE consideró que esta normativa se encuentra vigente y aplicable a pesar de que fue producto de una reforma reciente en la normativa.

    Ahora bien, habiendo presentado el panorama que resguarda la actual situación política que disputan los partidos en cuestión, es menester abarcar un breve análisis sobre los mismos. En cuanto al caso del partido TPP que lidera Julio Guzmán, sin duda se vislumbra un ámbito más controvertido, en tanto la estabilidad del partido recae en una ponderación entre los derechos a la participación política y las normas electorales en sentido estricto. Empero, más allá de ello, creemos que el principal problema que ha enfrentado la inscripción de éste partido, han sido las formalidades que supuestamente alegan resguardar el procedimiento. Tal como se ha advertido líneas arriba, el principal argumento que fundamenta la tacha del TPP, es que la Resolución que admitía la inscripción del partido no tomaba en cuenta otra resolución del JNE. Así, lo que ocurrió en este caso, en términos simples, es que por no esperar la resolución del JNE, la cual fue emitida el mismo día que la resolución del JEE (24 de febrero), el JEE tuvo que anular la resolución que admitía la candidatura de Guzmán y declarar fundadas las tachas presentadas.

    Si bien Julio Guzmán aún puede apelar e ir al pleno del JNE, más allá de los problemas de fondo, lo cierto es que las instancias no han sabido tratar los diversos procesos que existen. Esto, innegablemente, deviene en una inestabilidad que tiene un costo político bastante alto. Asimismo, genera inseguridad en la ciudadanía respecto a la contienda electoral generando problemas dentro del proceso electoral y, por tanto, a la democracia: ni la ciudadanía sabe quiénes son sus candidatos, ni los candidatos saben contra quienes compiten (o si están compitiendo).

    En cuanto al segundo caso, el caso APP que lidera César Acuña, contrariamente, consideramos que el Jurado Electoral Especial ha actuado correctamente, en tanto el proceso ha sido adecuado y eficiente. La publicación de las pruebas se dio el domingo 14 de febrero en el programa televisivo “Panorama” y el inicio del procedimiento de exclusión se dio el 22 de febrero, emitiéndose así la Resolución definitiva en menos de dos semanas. Respecto al fondo, tomando en cuenta las pruebas antes mencionadas y que devinieron en el inicio del procedimiento contra Acuña, ambas resultan ser bastante contundentes y el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas bastante claro. Se trata aquí de una aplicación directa de la norma y que no implica una aplicación retroactiva de la misma. En ese sentido, estamos de acuerdo con los fundamentos de la Resolución, que consideramos que la modificatoria no afecta el fondo de las elecciones ni cambia las reglas del juego (no afecta a la democracia y busca salvaguardar un proceso limpio), por lo que esa modificación es aplicable desde su publicación en el diario oficial.

    No debemos olvidar que las instituciones electorales tienen un valor bastante importante. Mayor prueba no habría que el buen funcionamiento de las instituciones y procesos electorales son un indicador general importante de la democracia de un determinado país. Las instancias electorales, sin duda, dejan entrever el grado de desarrollo que maneja un país. En tanto ello, no debemos olvidar que nuestras instituciones electorales no tienen solo un valor administrativo sino también político. Es imperativo que las instituciones electorales se ordenen para que exista un proceso electoral estable, una contienda justa y con ello se logre un adecuado ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos.

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