Editorial: ¿Igualdad ante la ley? El caso de Keiko Fujimori y el JEE

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    El último jueves, pasada la medianoche, fue el momento elegido por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 para emitir la Resolución N° 011-2016-JEE-LC1/JNE, cuyo texto omite excluir a Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular. Como se recuerda, se acusó a Fujimori Higuchi de haber, directamente, entregado dinero a los ganadores de un concurso de baile organizado por Factor K, en el Callao. Este evento, se afirmó, pretendía hacer proselitismo político a favor de la candidata naranja. A la luz de estos hechos, el presente editorial analizará los fundamentos usados por el JEE para tomar esta decisión, y si es que este hecho difiere del ocurrido con Acuña en el empleo del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas.

    El JEE partió de tres premisas para tomar su decisión. En primer lugar, afirmó que la candidata no había entregado, de manera directa o indirecta, dinero. En segundo lugar, indicó que de haber sucedido así, ese premio debía provenir de su propio patrimonio. Finalmente, recalcó que Factor K no depende de Fuerza Popular. Sobre la primera, el Jurado precisó que según los medios probatorios expuestos, la candidata participó del evento en calidad de invitada, de modo que no habría podido entregar nada a título personal, por no ser organizadora del encuentro. Sobre la segunda, relacionada con la idea anterior, se comprobó que el dinero entregado provenía de una persona no afiliada al partido, Alberto Compujo Herbias y que fue entregado por Marcos Pichilingüe, quien tampoco es miembro activo. Finalmente, sobre la tercera, la resolución indica que si bien Fuerza Popular no ha negado su nexo con Factor K, cualquier apoyo que este partido político le haya brindado, se realizó previo a la vigencia de la ley. Adicionalmente, Factor K no forma parte orgánica del partido.

    En este orden de ideas, cobra inusitada relevancia el texto del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas (ROP), el cual establece que “Las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral, están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, salvo aquéllos que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral”. La violación del mismo lleva al pago de 100 UIT impuesta por la ONPE, y la eventual exclusión del proceso a cargo del JNE. Del texto normativo se extrae entonces, que la finalidad de esta norma es que se evite la compra de votos, y con ello promover el voto libre y consciente, sin condicionantes de por medio.

    Teniendo en cuenta los pormenores del caso antes descritos, analizaremos si es que los márgenes de la norma aplicable han sido trastocados con el ánimo de favorecer a la candidata Fujimori. Recordemos el caso del ex candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. En su momento, el JEE lo sancionó considerando la entrega de 10 mil soles, para la construcción de un muro de contención en un mercado capitalino, y el ofrecimiento de 5 mil soles, a un joven minusválido, sin hacer ninguna concesión sobre el contexto donde se dieron los hechos. Es decir, aplicó literalmente la norma.

    Sin embargo, en la resolución que libra a Fujimori de la exclusión, el JEE argumenta que, para sancionarla, no solo debe entregarse dinero sino que este acto debía darse dentro de una actividad proselitista, y que, en este caso, solo fue en una actividad cultural. Pero la redacción de la ley no hace alusión a este requisito. Entretanto, la exhibición de propaganda electoral en la vestimenta y carteles de la candidata y su séquito no demuestra, precisamente, la neutralidad del evento. Si bien cada caso tiene su propio desenvolvimiento, resultan cuestionables las consideraciones hechas por el JEE en el caso de la candidata de Fuerza Popular.

    Por otro lado, según el informe de Fiscalización, el dinero del premio no fue entregado directamente por la candidata, ni vino de su bolsillo o del partido, por lo tanto su caso no entraría en el supuesto del artículo 42. Pero es importante resaltar que, tal y como lo menciona el especialista en derecho electoral Julio Castiglioni,  “la norma sanciona la conducta de entregar porque se entiende que en campañas los bienes tienen diferentes fuentes y siempre hay varios financistas”. Por cómo está escrita la ley, si estos bienes se compraron o no con los fondos del partido es irrelevante.

    Definitivamente, todo este embrollo ha desembocado en una serie de críticas y manifestaciones en contra de la decisión del JEE, e incluso se ha indicado que nos estaríamos encontrando ante una situación de fraude electoral. Dejando las especulaciones de lado, es cierto que este tipo de medidas hacen que nuestras instituciones electorales pierdan legitimidad en tanto ahora se considera que estas interpretan la ley de manera desigual cuando no habría motivo para ello. Desde esta casa editorial, hacemos un llamado a recuperar  esta legitimidad en el poco tiempo que queda hasta las elecciones generales. Lo último que quisiéramos es comprobar que, efectivamente, para organismos como el JEE, la justicia se aplica para los amigos, mientras que para los enemigos se aplica la ley.

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