Por Ariana Bassino, abogada por la PUCP y socia del Estudio Roger Yon & SMB.

Desde este blog no podemos permanecer indiferentes ante la situación de desastres naturales que vive nuestro país. A los que están sufriendo les mandamos nuestra fuerza y nuestra ayuda, y a los que tenemos la posibilidad, los invitamos a apoyar como podamos para ayudar a los que más lo necesitan. La situación de emergencia climática que se vive en diferentes regiones del país nos invita a reflexionar respecto de algunos puntos:

  • En primer lugar, respecto de las críticas hechas al gobierno, muchas veces organizada y coordinada por la oposición, por la ausencia de respuesta en algunos lugares -y es que los trolls no descansan ni en situaciones de emergencia-. Queda claro que en un Estado de Derecho existe la libertad de expresión y no pretendemos censurar a nadie, pero consideramos que existen momentos para planificar, otros para criticar, otros para mejorar y otros momentos para ayudar. Lo que resulta inadmisible es que se pretenda sacar provecho político de donde hay muertes, pérdidas y desesperación, o que se diga que las cosas hubieran podido ser diferentes si el gobierno fuera otro, cuando todos aquellos que fueron candidatos y no ganaron han tenido años para demostrar lo que pueden hacer por nuestro país desde diferentes cargos públicos en poderes del Estado, pero no lo han hecho. En el mismo sentido, criticar a las personas por adquirir agua embotellada no aporta en nada a una solución ni representa ayuda alguna, recordemos que uno no conoce las necesidades ni las situaciones de los demás y, por lo tanto, mal podríamos criticarlos. En síntesis, si hay una enseñanza que debemos sacar es que si no sumas, restas.
  • En segundo lugar, ha quedado evidenciada la urgencia de la necesidad de invertir en las plantas de tratamiento de agua potable que abastecen Lima, así como en brindar mayores recursos a Sedapal, que afirma que no cuenta con camiones cisterna suficientes para abastecer a los distritos de Lima frente a una emergencia. Hemos podido ver como los trabajadores de Sedapal han  trabajado sin descanso para poder restituir el servicio de agua potable a los diferentes distritos de Lima. Lo que no se entiende es cómo la ciudad puede crecer, los habitantes aumentar y sin embargo no se mejore la capacidad para brindar este servicio tan básico. Hemos oído las declaraciones del Gerente de Sedapal señalando que en su capacidad máxima La Atarjea puede abastecer de agua a los distritos de Lima durante cinco horas, tiempo que resulta poco comparado con las 12 horas que duraba antes el servicio. En el mismo sentido, contamos con una segunda planta de tratamiento en Huachipa, la más grande de Sudamérica, que sin embargo se encuentra inoperativa, según las autoridades, por problemas de diseño y ausencia de redes de tuberías que permitan la distribución del agua. Queda claro que es urgente una inversión que permita ampliar la capacidad de servicio de agua, poniendo en funcionamiento la planta de Huachipa y ampliando la capacidad de la Atarjea, así como modernizar los procedimientos de tratamiento del agua para hacerlos más efectivos. De más está decir que ello debe realizarse de la mano con políticas de educación y prevención que generen conciencia en la población de la necesidad de mantener limpios los ríos.
  • En tercer lugar, y entrando ya en la materia a la que se dedica este blog, existen dos situaciones que han llamado la atención desde el punto de vista del Derecho Penal: por un lado, varios son los sitios en los que se ha verificado camiones cisterna de Sedapal vendiendo agua a la población e incluso a empresas privadas dedicadas a ámbitos distintos que la salud (ámbito en el que es comprensible la urgencia de contar con agua). Se entiende que en momentos de escasez la prioridad de la empresa estatal es distribuir agua a la población con los recursos con los que cuenta, evidentemente en forma gratuita, como además anunciaba que se llevaba a cabo el reparto. Entonces, ¿resulta una conducta ilícita la venta de agua que debía destinarse a su repartición gratuita a la población? Consideramos que los hechos, conforme se han expuesto y se han verificado incluso con videos que circulaban por redes sociales, se encontrarían comprendidos dentro de los alcances del artículo 237° del Código Penal que sanciona con pena privativa de la libertad de hasta 6 años a aquel que ponga a la venta o negocie con bienes recibidos para su distribución gratuita. Cabe precisar que siendo Sedapal una empresa estatal, sus trabajadores, a quienes se encomendó la repartición gratuita del agua, tienen la calidad de servidores públicos, con lo que estarían además inmersos en la agravante de este delito, que se sanciona con pena privativa de la libertad de hasta 8 años. Por otro lado, mucho se ha hablado del alza de los precios durante la escasez del agua y si podía ser una conducta penalmente sancionable. Al respecto, si bien existe una tipificación para la especulación en el artículo 234° del Código Penal, la misma resulta inaplicable, toda vez que establece como conducta ilícita el poner a la venta productos de primera necesidad a precios superiores de los fijados por la autoridad y actualmente no existe fijación de precios por parte del Estado. La Defensoría del Pueblo ha presentado un proyecto de ley a fin de sancionar penalmente el acaparamiento y la especulación de bienes y servicios en zonas declaradas en emergencia por desastres y esperamos una discusión seria y provechosa del mismo en el Congreso, sin afán populista y de cara a un adecuado ejercicio del ius puniendi estatal.

Podemos concluir que desde el Derecho Penal existen respuestas para sancionar estas conductas ilícitas y para los responsables esperamos las sanciones que la ley establece.

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Blog colectivo de Roger Yon, Armando Sánchez Málaga y Ariana Bassino Balta; abogados especializados en temas penales. La libertad rodea siempre al Derecho Penal, sea desde la perspectiva de la víctima (que la ve afectada por el delito), sea desde la perspectiva del agresor (que debe sufrir la privación de la libertad) o de la persona sometida injustamente a la libertad penal (que ve interrumpido su derecho).

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