Isabel Tello, Asistente Legal del área de Solución de Conflictos del Estudio Grau, egresada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú; autora de la columna “Criminal Law” del Portal Jurídico Enfoque Derecho; y, ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Themis. 

El 09 de octubre de 2016 se promulgó la Ley N° 30506, Ley de Delegación de Facultades en el Ejecutivo; mediante la cual, se dispuso delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, por el plazo de noventa (90) días.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo en mérito de esta delegación, el 6 de enero de 2017 publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo N° 1352; mediante el cual, se aprobó un conjunto de disposiciones orientadas a perfeccionar el marco normativo de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas; mediante la instauración del criterio de autonomía de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica respecto a la responsabilidad penal de las personas naturales; y la reafirmación de la implementación de modelos de prevención de delitos como eximente de responsabilidad.

En el presente artículo, nos referiremos única y exclusivamente a la modificatoria de los artículos 1°- 4°; 12°, 13°, 17° y la modificación referente a la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1352.

  1. Introducción.-

Las disposiciones bajo comentario tienen por objeto ampliar el conjunto de delitos por los cuales se puede atribuir a las personas jurídicas responsabilidad administrativa. En consecuencia, no solo la comisión del delito de cohecho transnacional puede permitir la imposición de una medida administrativa contra las personas jurídicas, sino también la comisión de delitos de corrupción como el cohecho activo –genérico y especifico-, lavado de activo y colaboración con el terrorismo; entre otros.

Asimismo, busca implementar un nuevo criterio de atribución y extinción de responsabilidad penal de las personas jurídicas: la responsabilidad autónoma de la responsabilidad penal de las personas naturales; y, reafirma como eximente de responsabilidad la implementación de modelos de prevención de delitos, conforme a los instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, que han sido suscritos por el Perú.

2. Acerca de las modificaciones a la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional.-

El Decreto Legislativo N° 1352 modificó diversos artículos de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional; entre ellos el artículo 1°,  conforme podemos apreciar en el siguiente cuadro:

Como podemos observar, en virtud de la reciente modificación se amplía el conjunto de delitos respecto de los cuales se atribuye responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. En ese sentido, además del delito de cohecho activo transnacional, se establece que la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas tendrá lugar también ante la comisión de delitos de corrupción, como el cohecho activo –genérico y especifico-, lavado de activos y colaboración con el terrorismo, entre otros.

Asimismo, el artículo 2° de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional, que regula el ámbito subjetivo de aplicación, ha sido modificado por el Decreto Legislativo N° 1352; conforme podemos apreciar en la información contenida en el siguiente cuadro:

Adicionalmente, se señala que, con respecto a la fusión o escisión, la persona jurídica absorbente solo podrá ser sancionada con el pago de una multa siempre que la reorganización societaria se haya realizado luego de la comisión del delito, excepto en el caso de que se haya utilizado esta modalidad con el propósito de eludir la responsabilidad administrativa. Finalmente, se instaura como eximente de responsabilidad administrativa la implementación de un proceso de debida diligencia, destinado a evitar la comisión de delitos, siempre que el delito sea realizado antes de la reorganización societaria.En atención a ello, podemos advertir que en virtud de esta modificación se incorpora un nuevo elemento a la definición de las personas jurídicas: las organizaciones no gubernamentales.

También, el Decreto Legislativo N° 1352 ha modificado el artículo 3°, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, en los términos que podemos apreciar en el siguiente cuadro:

En base a lo señalado en el párrafo precedente, podemos advertir que se instaura como criterio para atribuir la responsabilidad administrativa de la persona jurídica por la comisión de los delitos señalados en el artículo 1°, que, estos hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto. Adicionalmente a ello, se amplía el conjunto de quienes pueden ser consideradas personas naturales para efectos de  esta norma, en ese sentido, se incorpora a los socios, directores, administradores y al apoderado de la persona jurídica como nuevos elementos dentro de la definición. Finalmente, se señala que las personas jurídicas que tengan calidad de matrices también pueden ser objeto de responsabilidad administrativa por los delitos cometidos por personas naturales de sus filiales o subsidiarias.

Otro artículo modificado por el referido Decreto Legislativo es el artículo 4° de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional. Mediante esta modificación, se reafirma la autonomía de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica; y, se establece una nueva regulación para la extensión de la acción contra la misma. En ese sentido, se modificó el artículo conforme a lo siguiente:

Como podemos apreciar, en virtud de esta modificación se elimina la posibilidad de que la acción contra la persona jurídica se extinga por amnistía o derecho de gracia; por lo tanto, se mantienen como causales solo la prescripción y la cosa juzgada.

Además de lo señalado, se modifican las medidas administrativas aplicables y complementarias reguladas en el artículo 5° y 6° de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional. Respecto al artículo 5° y 6°, la modificación solo introduce en el primer párrafo, la existencia de un previo requerimiento Fiscal, para que el juez imponga una medida administrativa o la disposición de intervención contra una persona jurídica que resulte responsable de la comisión de los delitos previstos en el artículo 1. En consecuencia, las medidas administrativas siguen siendo las mismas: multa, inhabilitación (suspensión; prohibición de (i) llevar a cabo en el futuro la misma clase o naturaleza de actividades que hayan coadyuvado a la comisión del delito, o (ii) contratar con el Estado de carácter definitivo); cancelación de licencias, concesiones, derechos u otras autorizaciones administrativas o municipales; clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo; y disolución.

Finalmente, se modifican también las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el artículo 12° y 13° de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional. Así, en el caso del artículo 12° de la referida norma, se suprime lo señalado con respecto a la confesión, por lo tanto, ya no se exige que esta haya sido realizada a través de los administradores -de hecho o de derecho -, representantes legales, contractuales, y órganos colegiados; sino que tan solo, se requiere que la misma cumpla con ser: (i) debidamente corroborada; y (ii) realizada antes de la formalización de la investigación preparatoria.

Con relación al artículo 13° de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional, que regula las circunstancias agravantes, se modificó la norma conforme podemos advertir a continuación:Aunado a ello, se restringe la oportunidad para invocar como atenuante la colaboración objetiva, sustancial, y decisiva, para el esclarecimiento del hecho delictivo; de modo que, esta solo puede alegarse hasta el inicio de la etapa intermedia y no en cualquier momento del proceso.

En mérito a la modificación señalada, podemos advertir que se incluye como modalidad agravada aquel supuesto en el cual, la persona jurídica contenga dentro de su estructura un órgano, unidad, equipo o cualquier otra instancia cuya finalidad o actividad es ilícita.

Aunado a ello, se modificó el artículo 17° de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional, que regula la eximente de responsabilidad administrativa cuando se implemente un modelo de prevención; conforme podemos ver a continuación:


Finalmente, se modificó la Quinta Disposición Complementaria de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional, referente al Registro de personas jurídicas sancionadas; en ese sentido, se agrega al párrafo original que, el Poder Judicial puede suscribir convenios con otras instituciones para compartir la información que consta en el registro; de este modo, ya no será solo el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la única autoridad.
Como se puede observar, la modificatoria ha implicado la reducción de las medidas preventivas (de control y vigilancia para evitar la comisión de delitos) , circunscribiéndolas solo a elementos cinco requisitos, entendidos como elementos mínimos que debe contener cualquier procedimiento de prevención, con cargo  a que, se desarrollen y precisen cada uno de estos elementos mediante el Reglamento que, según la segunda disposición del Decreto Legislativo N° 1352, se debería aprobar por el Poder Ejecutivo dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes a la publicación de la referida norma[1].

3. Disposiciones generales.-

El Decreto Legislativo N° 1352 entrará en vigencia el 1 de enero de 2018 y  modificó los artículos 1° al 7°, 11° al 14, y 16° al 18° de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional.

Asimismo, derogó el artículo 19°, la Sexta Disposición Complementaria Final y la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30424,  Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo trasnacional; el artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1106°, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado.

Finalmente,  se dispuso que, el procesamiento y sanción de las personas jurídicas, se realizará mediante las normas y disposiciones del Decreto Legislativo N° 957; razón por la cual, se adelanta la vigencia de los artículos 90° al 93°, 372° y 468° al 471° del Decreto Legislativo N° 957 y demás normas de este Decreto Legislativo que resulten aplicables en aquellos distritos judiciales donde no se encuentre vigente; conforme a lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final[2].

[1] SEGUNDA. Reglamento: “El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días (90) hábiles siguientes a la publicación del presente Decreto Legislativo, aprueba el reglamento a que hace referencia el numeral 17.2 del artículo 17, a propuesta del Ministerio de la Producción; y, con el refrendo de los Ministros de Economía y Finanzas y Justicia y Derechos Humanos”.

[2] TERCERA. Vía procesal y puesta en vigencia de artículos del Código Procesal Penal: “La investigación, procesamiento y sanción de las personas jurídicas, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto Legislativo, se tramitan en el marco del proceso penal, al amparo de las normas y disposiciones del Decreto Legislativo N° 957, gozando la persona jurídica de todos los derechos y garantías que la Constitución Política del Perú y la normatividad vigente reconoce a favor del imputado.

   Para dicho efecto, se adelanta la vigencia de los artículos 90 al 93, 372 y 468 al 471 del Decreto Legislativo N° 957 y demás normas de este Decreto Legislativo que resulten aplicables en aquellos distritos judiciales donde no se encuentre vigente”.

 

Compartir
Artículo anteriorEntrevista a Alonso Gurmendi: Análisis del caso Ugarteche desde una perspectiva internacional
Artículo siguienteRelanzamiento blog Primacía Laboral
Egresada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del área de Solución de Conflictos del Estudio Grau Abogados. Su experiencia comprende la asesoría jurídica en solución y prevención de conflictos de naturaleza penal y procesal penal. Ha participado en diversas competencias interuniversitarias a nivel nacional; entre las que destaca el “III Concurso Nacional Interuniversitario de Procesal Penal & Litigación Oral”, concurso organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Pacifico, en el cual obtuvo el primer puesto, como mejor oradora en los alegatos de clausura. Asimismo, ha organizado diversos eventos jurídicos vinculados al derecho penal y procesal penal, tales como: “El Poder del Discurso Hablado: Estrategias de Litigación Oral en sede Penal”, “Análisis multidisciplinarios acerca del Compliance: Buenas Prácticas & Reputación Corporativa”, entre otros. Adicionalmente, ha sido organizadora de diversos eventos culturales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Centro Cultural de la PUCP, entre los que destacan: Conversatorio acerca del libro “Caiga quien Caiga” del Dr. José Ugaz; “Taller de improvisación teatral con Dusan Fung”; puesta en escena de las obras “Presunto Culpable”, “Flora Tristán”; entre otros. Se ha desempeñado como Asistente de Docencia en el Curso de Derecho Procesal Penal dictado por el Dr. César San Martín Casto (Presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema) y el Dr. Joel Segura Arana (Procurador del Estado en Delitos de Corrupción de Funcionarios) en la Pontificia Universidad Católica del Perú (2012-2015). Cuenta con una especialización en Ciberseguridad y Privacidad otorgado por CLACYP, a propósito del I Congreso Latinoamericano de Ciberseguridad y Privacidad CLACYP 2016; y en delitos contra la Administración Pública, otorgado por la Asociación Civil Ius Veritas. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Asociación Civil Themis; Directora de la Comisión Cursos y Capacitación de la Asociación Civil THEMIS; y Coordinadora General de la Comisión de Arte & Derecho de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Autora de diversos artículos en materia de ética, derecho penal, procesal penal en diversos portales jurídicos, tales como Enfoque Derecho y Punto de Encuentro. Cuenta con una columna jurídica en el Portal Web Enfoque Derecho denominada “Criminal Law: análisis, propuestas y críticas”, en los que se recopilan sus artículos más importantes.

1 Comentario

  1. Una consulta, el encargado de prevención, designado por el máximo órgano de administración de la persona jurídica, el mismo debe ejercer su función con autonomía, consulto: ¿Puede el puesto del encargado de prevención depender de algún órgano de linea, de apoyo o de asesoría, o necesariamente debe depender de la mas alta autoridad?

Dejar respuesta