Por Gilberto Mendoza del Maestro. Profesor de la Facultad de Derecho y de la Maestría en Derecho Civil de la PUCP.

El patrimonio familiar es una institución proteccionista, la cual puede dar lugar al fraude del crédito. ¿Cuál es su tratamiento en sede registral? En el siguiente texto se esbozarán algunas ideas sobre dicha institución.

ANTECEDENTES

Tenemos como antecedente la Ley N° 3022 de fecha 28 de diciembre de 1918 sobre los contratos de compraventa a plazos de casas para obreros y empleados públicos con sueldos menores, siendo que no se podían vender en tanto no hubiese sido pagada.

La ley N° 6619 del 9 de mayo de 1929, en el caso de empleados públicos, se les obligaba a tener un seguro dado que en caso se dé el deceso del jefe de familia, la compañía debía hacer el pago con el monto otorgado por la aseguradora. Debe añadirse que también se reguló la inembargabilidad.

El Código Civil del 36 incorporó el denominado “hogar de familia”, protegiéndose la habitación o morada, así como los bienes inmuebles destinados al sustento necesario mediante actividades como la agricultura, la industria.

Debe tenerse en cuenta que el Art. 5 de la Constitución de 1979 protegía de forma expresa el patrimonio familiar:

“Artículo 5.- El Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la Nación. (…)
La ley señala las condiciones para establecer el patrimonio familiar inembargable, inalienable y transmisible por herencia.”

La Constitución de 1993 no reguló la figura.

EL PATRIMONIO FAMILIAR

El patrimonio familiar es una situación jurídica real regulada en el Libro de Familia que tiene como fin asegurar la morada de los beneficiarios de esta, así como ser destinado al sustento de los mismos.

Artículo 489.- Puede ser objeto del patrimonio familiar:
1.- La casa habitación de la familia.
2.- Un predio destinado a la agricultura, la artesanía, la industria o el comercio.
El patrimonio familiar no puede exceder de lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios.

En la lista de beneficiarios encontramos a: los cónyuges, los descendientes menores o incapaces, los padres y otros ascendientes que se encuentren en estado de necesidad y los hermanos menores o incapaces del constituyente. En ese sentido, la Resolución No. 2014-2011-SUNARP-TR-L de 04.11.2011 consideró válida la constitución del patrimonio familiar cuando el otorgante ha designado como beneficiario a sí mismo y a su menor hijo. De igual forma la Resolución No. 058-2005-SUNARP-TR-L del 10.02.2005 señaló que una sociedad conyugal puede constituir patrimonio familiar sobre un bien conyugal en beneficio de la misma sociedad conyugal. En cambio la Resolución No. 393-2006-SUNARP-TR-L de 03.07.2006 precisa que sólo entre los miembros de la familia se puede constituir patrimonio, muestra de lo cual la Resolución No. 113-2006-SUNARP-TR-L de 20.02.2006 señala:

“Constitución de patrimonio familiar. No resulta procedente que sea beneficiaria del patrimonio familiar la madre divorciada que constituye patrimonio familiar sobre sus bienes propios.”

De otro lado respecto al supuesto N°. 1 se menciona casa habitación sobre la cual la Resolución N° 028-2000- ORLC/TR, del 7 de febrero del 2000, se pronunció de la siguiente manera:

“(…) existen algunos predios cuyo destino no es servir como morada o residencia para miembros de una familia sino que, por la finalidad distinta de su uso, forman parte de la unidad de vivienda constituida por un departamento o vivienda, de lo que se desprende que la “casa-habitación” en el caso materia de alzada, está compuesto por la sumatoria de los mencionados ambientes aún cuando se ubiquen en niveles distintos y al margen de encontrarse registrados en distintas partidas como consecuencia de las exigencias del régimen de propiedad horizontal y del sistema del folio real, por cuanto las distintas unidades se encuentran vinculadas entre sí por ser conformantes de una edificación sobre la cual comparten bienes de dominio común.

Que, en consecuencia, se desprende que el concepto de “casa-habitación” recogido en nuestro ordenamiento civil incluye a aquellos inmuebles destinados a vivienda o residencia de un grupo familiar, haciéndose extensiva la afectación a otros predios que guarden una conexión con aquéllos, como son los estacionamientos y los depósitos. (…)”

OBJETO

En sede registral se dio el siguiente acuerdo:

ACUERDO XLVII.1.- OBJETO DE PATRIMONIO FAMILIAR

“Sólo puede ser objeto de patrimonio familiar la casa habitación o el predio destinado al sustento de los beneficiarios”.

Dicho acuerdo toma en consideración que en el caso del patrimonio familiar no existe transferencia de propiedad del bien a favor de los beneficiarios, sino sólo un derecho de disfrute. En caso existan deudas posteriores a la constitución del patrimonio familiar, no podrán ser cobradas a través del embargo y subsecuente remate del bien. Debemos tener cuidado con interpretaciones aisladas de este tema dado que el Vocal Gonzales señaló:

“(…) En tal sentido, el patrimonio familiar es un instituto que modifica el principio supremo del derecho civil respecto a no causar daño injusto a los demás, pues a pesar de que el propietario no paga sus deudas y ocasiona un daño al acreedor, sin embargo, no repara el entuerto. (…)”

No puede compartirse esta opinión dado que el patrimonio familiar una vez inscrito ya es de conocimiento de todos los acreedores, por lo que ellos al momento de celebrar negocios saben los riesgos que asumen. En caso se pretenda utilizar esta figura para el fraude, existen remedios civiles como la acción Pauliana.

De otro lado, si bien se busca garantizar al núcleo doméstico con el fin de no poner en riesgo la subsistencia de los beneficiarios; el acuerdo toma en consideración la protección constitucional de la familia en su Art.4 de la Carta Magna, para señalar:

“Por lo tanto, las normas objeto de análisis deben interpretarse bajo los alcances de esta disposición constitucional. Así, debe optarse por la interpretación conforme a la cual quede mejor protegida la familia. La familia queda mejor protegida cuando se asegura tanto su morada como su sustento, que cuando se asegura sólo su morada o sólo su sustento.”

En dicha línea argumentativa el vocal Rolando Acosta señala que de una interpretación literal se señalan bienes en el Art. 491 del Código Civil.

“De otro lado, lo ideal es que la utilización de las 4 reglas clásicas de interpretación (gramatical, sistemática, teleológica e histórica) conduzca a la misma conclusión. Una interpretación teleológica de las normas regulatorias del PF es que esta institución pretende asegurar a la familia dos condiciones básicas o mínimas para su subsistencia, como son la vivienda y los ingresos que permitan su subsistencia.

En ese sentido, sostener que sólo cautelando la morada o sólo protegiendo los ingresos el PF cumple con su cometido resulta insuficiente, pues la satisfacción de una sola de estas necesidades no protege adecuadamente a la familia.”

Posición contraria tuvo la vocal Elena Vásquez la cual considera que debe realizarse una interpretación restrictiva.

“Tengo una lectura distinta de lo que dice Cornejo Chávez, no reconoce expresamente que es posible constituir el patrimonio familiar sobre dos bienes, como se señala en la ponencia, lo que dice más bien en todo momento es que la figura exige o la ocupación directa de la vivienda o el trabajo directo del predio, y no podría ser de otra manera dado que el mismo Código señala que se trata de un beneficio limitado: “El patrimonio familiar no puede exceder de lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios” (Art. 489 último párrafo).”

EXTINCIÓN

El artículo 500 señala que la extinción del patrimonio familiar debe ser declarada por el juez y se inscribe en los registros públicos. Dicho artículo interpretado conjuntamente con la Ley 26662 indica lo siguiente:

EXTINCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR “En aplicación del artículo 500 del Código Civil concordado con la Ley 26662, la extinción del patrimonio familiar debe ser declarada por el Juez o el Notario Público, según sea el proceso judicial o notarial respectivamente. La declaración y los insertos deben constar en la escritura pública que se extiende para tal efecto”. (516-2014-SUNARP-TR-L de 14/03/2014).

Debe tenerse en cuenta que dentro de los límites de la calificación encontramos que no se puede calificar la motivación o las formalidades de fondo, toda vez que es responsable la autoridad frente a quien se otorga (1998-2013-SUNARP-TR-L de 02/12/2013).

Si bien la constitución es en virtud de la autonomía privada, en la extinción esta se ve limitada dado que debe basarse en los supuestos regulados en el Art. 499 del Código Civil tal cual lo indica la Resolución No. 103-2007-SUNARP-TR-L de 16/02/2007:

“EXTINCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR. El patrimonio familiar es una institución de amparo familiar cuya finalidad es la protección de la familia mediante el aseguramiento de la morada o subsistencia; requiere para su constitución, modificación y extinción la declaración judicial o notarial, el previo cumplimiento de un proceso establecido en la ley y de los requisitos señalados en la norma sustantiva; entre los cuales, se encuentran los supuestos de extinción contemplados en el artículo 499 del Código Civil. Por lo tanto, no podrá ser dejado sin efecto por la sola voluntad del constituyente sino que para su extinción debe invocarse una de las causales contempladas en la citada norma, ya que la extinción sólo opera en los supuestos previstos taxativamente en el citado dispositivo legal.

Así pues las causales taxativamente señaladas de extinción son las siguientes:

Artículo 499.- El patrimonio  familiar se extingue:
1.- Cuando todos sus beneficiarios dejan de serlo conforme al artículo 498.
2.- Cuando, sin autorización del juez, los beneficiarios dejan de habitar en la vivienda o de trabajar el predio durante un año continuo.
3.- Cuando, habiendo necesidad o mediado causa grave, el juez, a pedido de los beneficiarios, lo declara  extinguido.
4.- Cuando el inmueble sobre el cual recae fuere expropiado. (…)

Debe tenerse en cuenta que no constituye requisito para la cancelación del patrimonio familiar que hayan intervenido la totalidad de los beneficiarios, sino que se haya acreditado la causal para la extinción prevista en el art. 499 del Código Civil en el procedimiento judicial o notarial respectivo según lo dispuesto por la Resolución No. 146-2008-SUNARP-TR-A de 30/05/2008.

En el mismo sentido la Resolución No. 496-2006-SUNARP-TR-L de 28/08/2006 “Procede ante notario público el trámite de extinción de patrimonio familiar al amparo del inciso 2 del artículo 499 del Código Civil, aun cuando los beneficiarios sean menores de edad; bastando en ese sentido que se acredite ante el notario la producción de la causal.”

No hay comentarios

Dejar respuesta