Por el Mg. Gilberto Mendoza del Maestro. Profesor de Derecho Civil de la PUCP.

En nuestro país hace algunas décadas se introdujo el análisis económico del derecho como herramienta para el análisis de las diferentes instituciones jurídicas, representando -a partir de ciertos presupuestos- la realidad.

Lamentablemente, se avanzó muy poco en su estudio, siendo que en muchos casos hasta la actualidad sólo tenemos remakes de los textos iniciales. Con un análisis económico intuitivo, en el cual se caricaturiza la realidad, que lamentablemente ya no es la realidad.

Esto se puede verificar por ejemplo en el ámbito de la responsabilidad, en la cuantificación de los daños, toda vez que se ha advertido en la doctrina y más aún en la jurisprudencia de nuestro país, la falta de criterios para determinar el monto resarcitorio del daño en casos en concreto.

Así pues pareciese que nuestra judicatura de una demanda por un monto “X” siempre va a determinar un monto menor “X/2 ó X/3, entre otros”. O es que los demandantes demandan sin fundamento, o los jueces no valoran de forma adecuadamente los daños.

Los criterios económicos son herramientas muy útiles para la determinación de los daños. Sólo una advertencia, estas no se pueden generalizar.

Hay modelos económicos que asumen ciertos supuestos, y en función de estos se aplican. Sin embargo, si cambian los supuestos, el resultado sería erróneo, por más que su aplicación sea la correcta.

Tengamos presente esto, dado que en el derecho muchas veces estamos acostumbrados a leer textos con ideas de otros que se aplican a casos actuales, pero que no tienen en cuenta los presupuestos de aplicación. Esto no puede aplicarse a los modelos económicos.

En esta oportunidad analizaremos un caso en el que aplicaremos el método de los multiplicadores de Lagrange.

CUANTIFICAR HE AHÍ UN (GRAN) PROBLEMA

Ejemplo de ello tenemos el caso Instituto Superior Pedagógico No Estatal “Víctor Andrés Belaunde” vs Llanos (Expediente Nro. 4263-93) en el que se demanda por $100,000.00, en primera instancia se otorgó un monto mucho menor de $3,000.00.

En el caso Caso Padilla vs Banco Latino (Expediente Nro. 48680-97) se demandó resarcimiento de daños contra el Banco Latino y otros hasta por la suma de S/.40,000.00. Mediante Resolución de fecha 09 de Abril de 1999,  los magistrados de la Sala declararon fundada la demanda por el monto de la suma de S/.1,000.00 Nuevos Soles.

En el Caso Gómez vs Centro Médico Porta S.A (Expediente Nro. 10745-0-0100-CI-48) mediante el cual Ada Gómez López y  Edith  Gonzales Lemes, interponen demanda de Acumulación Subjetiva de Pretensiones de Rescisión de Contrato por Incumplimiento y resarcimiento ascendente a la suma de US$50 000. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, señala que el monto resarcitorio ascendió a la suma S/.15,000.00 Nuevos Soles.

Cuando uno revisa los expedientes verifica que no sólo existe un sobredimensionamiento en la cuantificación por parte de los demandantes, sino que la valorización de los jueces no es detallada ni justificada, lo cual aparenta decisiones judiciales arbitrarias.

Téngase en cuenta que este problema de cuantificación no sólo se verifica en los casos de responsabilidad civil, sino también en diferentes áreas de estudio. Por ejemplo, en el ámbito de familia los jueces se desentienden de un análisis pormenorizado sobre la cuantificación, determinando arbitrariamente el monto a partir de porcentajes de los ingresos de uno de los padres.

Dada esta problemática, vamos a describir un caso recurrente en los cuales la administración deberá subrogarse en sus relaciones internas contra funcionarios por los daños ocasionados por estos.

Sí lectores, los daños no necesariamente quedan en la administración, sino también pueden trasladarse a los funcionarios que los ocasionaron.

PERDIDA DEL BIEN POR CULPA DE LOS DEPENDIENTES

Una entidad del estado licita la implementación de 2 maquinarias de última generación, las cuales tenían una vigencia aproximada de 2 años.

Dichas maquinarias brindaban cada una servicios alternativos pero complementarios para ayudar al tratamiento de los riñones de forma eficiente, siendo menos incómoda a los pacientes.

Durante la ejecución del contrato, los funcionarios de la entidad no brindaron las facilidades necesarias para la implementación e instalación de los equipos, y por temas administrativos los equipos fueron expuestos en lugares inadecuados que produjeron que se perjudicaran sin la debida instalación.

Dado que era un servicio que la entidad tenía la obligación de brindar a los asegurados, tercerizó el servicio, siendo el mismo más oneroso que si hubieran ellos mismos realizado el servicio.

En sede arbitral, la acreedora ganó el caso, debiendo la entidad resarcir los daños y perjuicios.

Debe tenerse en cuenta, que al ser funcionarios públicos el numeral 6 del Art. 238 de la Ley 27444 señala:

Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente de autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el responsable el reembolso de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante resolución.” (El subrayado es nuestro).

VALORIZACIÓN DE LOS DAÑOS Y EL MÉTODO DE LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

En la subrogación que hará la administración contra sus funcionarios probablemente valorará el costo de las máquinas afectadas. Además, existe otro costo adicional que se deberá de cubrir.

En los 2 años de funcionamiento dicha maquinaria, si hubiera funcionado con normalidad, hubiese atendido una cantidad determinada de personas, caso contrario se atenderán en instituciones particulares tercerizadas. En estos casos existirá un sobrecosto considerable comparado con el que hubieran tenido de realizar por ellos mismos el servicio.

La diferencia entre esos costos es lo que deberá resarcirse (r), es decir el costo de la tercerización (Ct) menos el costo del servicio que se hubiera realizado (Cs) por la proyección del número de pacientes atendidos (p)[1]:

                    p(Ct) – p(Cs) = r

Se verificó que ambas máquinas en el periodo de 2 años podía atender 200 pacientes.

Un método que nos puede ayudar en este caso es el método de los multiplicadores de Lagrange, el cual lleva el nombre en honor a Joseph Louis Lagrange.

Dicho método si bien es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones, puede ayudarnos en el presente caso a determinar los costos en los que hubiesen incurrido por cada servicio las máquinas indicadas.

Se asume en este caso, que el Costo de producción está determinado por la siguiente función minimizando los costos:

Min: C(x,y)= 2x² + xy + y² + 500
      La restricción es: x + y= 200 (Cantidad máxima).

Aplicando los multiplicadores de Lagrange:

L= 2x² + xy + y² + 500 – λ (x + y – 200)

Lx=0               Lx= 4x+y-λ
Ly=0               Ly= x+2y-λ
Lλ=0               x + y = 200

Igualando λ se obtiene:

     3x=y
X=50  Y=150            λ= -350

Luego reemplazamos en la función:

L=2x² + xy + y² + 500

        2(50)(50) + (50)(150) +(150)(150) + 500 = 35,500

El costo por persona en una tercerización es de S/.1000.00 nuevos soles, que al asumirlos la institución serían S/. 200,000.00 nuevos soles (Costo por el número de personas atendidas (200)).

Si el costo en el que se hubiera incurrido en la prestación del servicio según la función de costo y los multiplicadores de Lagrange minimizando costos asciende a la suma de S/.35,500 nuevos soles.

Entonces el daño que debe resarcirse es la diferencia, es decir en este caso S/.164,500.00 nuevos soles dividido entre los causantes del daño.

Téngase en cuenta cómo mediante dicho método hemos obtenido dentro de una función convexa, los costos en que se hubiese incurrido si la entidad hubiese prestado el servicio. El cual finalmente lo asume, pero al tercerizar este se incrementa. Dicho incremento en el presente caso es lo que debe resarcirse a la institución.

Debemos precisar que no estamos señalando que es lo único que deba resarcirse, sino que parte de los mismos se pueden acreditar mediante este útil método.

Los jueces o árbitros requieren herramientas para la cuantificación de daños, esta es una de ellas que puede ser mucha utilidad.


[1] Vamos a asumir en este caso que los costos por personas son promedio.

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