Editorial: Discapacidad no es incapacidad: una sentencia para las aulas

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Hace algunas semanas, el Tercer Juzgado de Familia de Cusco dictó una sentencia que cambia los parámetros sobre la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual en nuestro país. En efecto, el Juez Edwin Béjar inaplicó los artículos del Código Civil referidos a la incapacidad absoluta y relativa para que los hermanos Wilbert y Rubén Velásquez puedan acceder a la pensión de su fallecido padre sin ningún tipo de restricción por ser personas con una discapacidad psicosocial. Por ello, en el presente editorial analizaremos los fundamentos de dicha decisión en contraposición a la vigente figura de interdicción en nuestro ordenamiento.

Para empezar, cabe señalar que Béjar inaplicó, a través del control difuso y de convencionalidad, los artículos 43.2, 44.2 y 44.3 del Código Civil en la medida que estos resultan incompatibles con ciertas disposiciones de la Constitución y algunos instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en el ámbito internacional, contravienen el derecho al igual reconocimiento de la capacidad jurídica referido en el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (vigente desde el 2006 y ratificada por el Perú en el 2008); y los artículos 3, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que abarcan ámbitos como el derecho a la personalidad jurídica, a la igualdad ante la ley, y el respeto por los principios pro debilis, pro homine y de legalidad. De igual forma, estos aspectos pueden ser extraídos de una interpretación constitucional de los artículos 2.1, 2.2, 3, 7, 138 y 139.8 de nuestra Carta Magna.

bejar
Edwin Béjar fue el primer juez invidente en el Perú. También es conocido por la sentencia que dictó en contra de los docentes de un colegio por un caso de bullying.

En base a estos derechos, el Tercer Juzgado de Familia de Cusco estableció que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y el Poder Judicial no deben solicitar la resolución declarando la interdicción o incapacidad para que se pueda dar inicio a la tramitación y otorgamiento de la pensión de orfandad. En síntesis, se solicita que el Estado reconozca que Wilbert y Rubén Velásquez tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de personas, sin que su discapacidad psicosocial sea impedimento para ello.

Asimismo, la sentencia señala que se debe constituir un sistema temporal de apoyo para la toma de decisiones de los hermanos Velásquez, el cual estará conformado por su madre, su hermana y un equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia, que deberá respetar siempre los derechos y la voluntad de ambos sujetos de manera proporcional. El reconocimiento de este sistema de apoyo constituye un avance, ya que refleja una manifestación del nuevo modelo social de las personas con discapacidad, en el que se les reconoce como individuos con los mismos derechos y deberes que todos. Justamente, los documentos internacionales mencionados líneas arriba hacen alusión a esta nueva perspectiva.

Este nuevo modelo social parte de la idea de que las personas con discapacidad son puestas en una situación desfavorable por su interacción con una sociedad incapacitante. Es decir, la supuesta condición de incapacidad proviene en realidad de las barreras impuestas por la misma sociedad antes que de sus condiciones individuales. Por ello, el Estado tiene la responsabilidad de eliminar dichas barreras a fin de garantizar el pleno desarrollo de estas personas en igualdad de condiciones. Cabe precisar que, bajo este modelo, no toda discapacidad psicosocial o intelectual implica una falta de discernimiento.

Ahora bien, resulta imperante analizar brevemente la interdicción, que declara judicialmente la incapacidad absoluta o relativa de personas mayores de edad con algún tipo de discapacidad. El sustento detrás de esta figura es que se asume que las personas con discapacidad no son conscientes de sus actos y que se les debe proteger bajo la tutela completa de otra persona. Por ende, esta medida dispone una sustitución de voluntad en función de una concepción paternalista que resulta un obstáculo para los compromisos asumidos por nuestro Estado a nivel internacional, la cual debe ser reemplazada por mecanismos de apoyo como el reconocido en la sentencia analizada en este editorial.

Esta casa editorial saluda la medida dispuesta en la sentencia, pues considera que es un paso más cerca hacia la tutela de los derechos de las personas con discapacidad de conformidad con el nuevo modelo social reconocido internacionalmente. Por ello, consideramos que debe ser tomada como ejemplo por el resto de operadores de justicia y exhortamos al Congreso a que adecúe el resto de disposiciones de nuestro ordenamiento interno conforme a estos estándares internacionales.

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Director: Marcelo Castilla | Consejo Editorial: Astridt Chuy, Darío Rodríguez, Flavia Martínez, Julio Casma, Kiara Bazán, Natalia Martinez, Roy Irribarren. Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

3 Comentarios

  1. Felicitaciones por el aporte que fortalece los derechos de las personas con discapacidad. Soy una persona con discapacidad física que desde Enero del 2015 a la fecha estoy en juicio por despido arbitrario de la empresa del Estado EMAPA Huaral y el juez del juzgado mixto resolvió negarme la medida cautelar sin importarle mi condición de discapacidad.Para que conozcan mi caso proporciono mi Expediente N°00031-2015-0-1310-JM-CI-01 Espero que puedan brindarme una recomendación legal Muchas gracias

  2. Felicito la actuación de este Juez que se antepone a todo en beneficio del quien mas lo necesita y el es una persona que sabe y siente lo que sentimos las personas con discapacidad.Si de esta manera o forma se contemplaran, analizaran y aplicaran tanto las leyes y las sentencias cada juez o fiscal; otro seria el panorama en cuanto a personas con discapacidad: porque en la ley ultima de las personas con discapacidad 29973 me refiero al 15 % del art 48 que también tiene su restricción en DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES setima menciona del grado de 33% para reclamar o aplicar; pregunto por ejemplo si he aprobado el examen ¿para que necesito la bonificación? porque dice concurso publico y las formas actuales de concursos tienen otros estilos que ya no se usa lo que menciona el art 48 sobre los puestos, lo digo porque los funcionarios del MINEDU NO LES INTERESA EN ABSOLUTO la aplicación que en estos dos últimos examenes de reubicacion de nivel no lo incluyen en las bases legales para losl examenes NO lo consideran primero me respondieron “que cuando se nombro ya se le dio esa bonificación y cada rato no le vamos a dar” después otro reclamo me responden que “no esta postulando a un ningún puesto” y no corresponde y ¿donde queda el Art 4, 4.1 y el art 8,8.2? ,¿debo esperar que estos Srs deben ser o tener una discapacidad para que recién puedan entender y embutirse con todas las leyes relacionadas a las PCDS para darme la razón? ¿quienes son los llamados a actuar para corregir o sancionar en esta situación de los maestros con discapacidad de todo el PERÚ que son atropellados? me gustaría recibir una respuesta a mi correo [email protected] y muchas GRACIAS por su atención.

  3. Si, en el Peru el Cc solo permite la declaración de interdiccion absoluta siguiendo acnones de una legislación antigua.En paises como España ,se presume la capcidad y ms bien el juez en su sentencia debe determinar en que cosa no es capaz , y pueden presentarse casos de personas que comen lento, que van al baño , peor no pueden salir a la calle a cobrar su cheque entonces les nombran un apoyo para tal fin , pero no se les declara incapaz…En el XVII Congreso Mundial de Familia se señalo al respecto.En Perú ocurre que muchos hijos hacen aparecer a sus padres como incapaces para luego ellos tener porder absoluto sobre la pensión etc…

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