Por Rodrigo Vega, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y ex miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho.

El pasado sábado 26 de setiembre se publicaron una serie de modificaciones a la Ley Peruana de Arbitraje con el Decreto Legislativo 1231. Como era de esperarse, se trata de modificaciones que carecen de sustento alguno y acaban entorpeciendo la celebración de un convenio arbitral. Así, tenemos la modificación del artículo 20, a partir de la cual no podrán ser árbitros quienes hayan sido previamente condenados por delito doloso. Antes de ello, únicamente se señalaba que podía ser árbitro cualquier persona natural con el pleno ejercicio de sus derechos siempre que no tenga ninguna incompatibilidad para actuar como tal –por ejemplo tener algún vínculo con alguna de las partes. En este marco de ideas, explicaré mi posición crítica frente a dicha modificación.

Para comenzar, es importante recordar que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos en el cual las partes son quienes designan al tercero encargado de resolver las controversias. Justamente, si bien puede llegar a ser costoso, lo atractivo es que las partes seleccionan a quien consideran que es la persona más adecuada y capacitada para resolver el conflicto. Por ello es que la garantía del juez predeterminado por la ley no se extiende a los arbitrajes, y en cambio, se satisface la necesidad de especialización en estos. Sin embargo, la modificación a la cual me refiero parece contravenir esto.

En efecto, si las partes consideran que una persona está en perfectas condiciones para resolver las controversias sobre lo cual contrataron a pesar de tener antecedentes por haber sido condenado por delito doloso, ¿por qué no podrían elegir a dicha persona como árbitro? Justamente, es completamente viable que hayan personas que cometieron delitos y que luego que optaran por seguir con sus vidas y consolidarse como árbitros dejando sus errores atrás. No obstante, de un momento para otro, esta norma les quita dicha posibilidad, haciendo que todo el tiempo invertido en construir su carrera como árbitros se vaya abajo.

Ahora bien, no tiene nada de malo que las partes soliciten los antecedentes de sus potenciales árbitros y que si encuentran condenas por delitos dolosos, ellas mismas opten por no seleccionar a dicho tercero como árbitro. Empero, dicha decisión debe corresponder únicamente a las partes, más no al Estado. Es lo mismo que sucede cuando cualquier empresa solicita los antecedentes policiales de alguna persona postulando para trabajar; pues las empresas son entidades privadas libres de seleccionar a quien consideren más adecuado para trabajar y, si lo consideran, utilizar criterios como los antecedentes policiales para tomar dicha decisión. Sin embargo, el Estado no tendría por qué prohibir la contratación de una determinada persona por tener antecedentes si es que la empresa considera que esta es la más capacitada para el puesto. Por ello, el Estado tampoco tendría por qué meterse en la elección de los árbitros.

Incluso, esto podría verse desde el tema de la resocialización, principio reconocido en el artículo 139 de la Constitución como objeto de la pena. No hace falta estudiar derecho para darse cuenta que dicha disposición no es más que letra muerta, y que el régimen penitenciario del Perú hace todo menos reinsertar al penado en la sociedad. No obstante, con este tipo de modificaciones, podemos ver que el obstáculo a la resocialización se asienta no solo en la realidad carcelaria, sino también en las disposiciones normativas de esta naturaleza. Por lo tanto, podría llegar a decirse que esta modificación resultaría inconstitucional al contravenir un parámetro expresamente reconocido.

Con lo expuesto, se puede concluir que esta disposición es una de las tantas que, en el intento de prevenir redes de corrupción como las de Orellana, acaba imponiendo medidas que carecen de sustento y contravienen las virtudes del arbitraje. Hay que tener presente que ya existen herramientas en nuestro ordenamiento como el amparo arbitral o el recurso de anulación del laudo, las cuales pueden utilizarse en casos de corrupción. La clave está en consolidar políticas públicas y reformas institucionales que puedan garantizar su efectividad; no en proponer modificaciones desmesuradamente desproporcionales como aquella bajo comentario. Recordemos pues, que la Ley Peruana de Arbitraje tiene mucho reconocimiento a nivel internacional, y por ello, se debe evaluar muy cuidadosamente si se quiere modificar.

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