Entrevista a Alberto de Belaunde sobre la comisión que investigaría el caso Sodalicio

"Esta comisión es necesaria porque supone escuchar a las víctimas. Creo que en este tipo de casos, lo fundamental es que sean las propias víctimas las que digan qué es lo que necesitan."

0
486

Hace unos días se anunció la propuesta de la creación de una comisión que investigaría el caso del Sodalicio desde el Congreso. El proyecto tuvo el apoyo de varios congresistas de diferentes bancadas. En torno a ese tema, Enfoque Derecho conversó con Alberto de Belaunde, Congresista de la bancada Peruanos por el Cambio (PPK).

Enfoque Derecho: ¿Por qué resulta necesaria esta comisión? ¿De qué se encargaría en específico?

Alberto De Belaunde: En principio, debemos señalar que se trata de un pedido multipartidario. Congresistas de todas las bancadas se siguen sumando porque hay mucho interés de parte de la sociedad y del Congreso. La moción señala dos temas específicos referidos al caso Sodalicio. El primero es investigar y conocer la verdad de lo ocurrido a profundidad, conocer la magnitud de este tema, ver exactamente cuáles son las responsabilidades de las personas que ejecutaron estas conductas delictivas y también la responsabilidad a nivel de organización. El segundo tema está en que esta comisión pueda plantear al pleno del Congreso, una serie de propuestas legislativas para evitar que esto se repita; y en el caso de que se repita, pueda ser efectivamente castigado. Uno de los grandes problemas que tiene actualmente el caso Sodalicio en la vía de la fiscalía -que es la vía judicial- es la prescripción de algunos de los delitos. El más grave de ellos es el de la violación de menores de edad y jóvenes. Entonces, uno de los temas que vamos a tener que discutir, de crearse esta comisión, es el tema de la prescriptibilidad de esos delitos. En esta discusión, existen varias posturas. Una de ellas es la imprescriptibilidad, que en mi opinión, se va a un extremo. Existen también soluciones intermedias, como que la prescripción empiece a correr desde los 18 años. Dentro de las intermedias también encontramos que se plantea que la prescriptibilidad empiece a correr desde el momento en el cual la persona deja de estar en una estructura de poder que le impide la autonomía suficiente para poder denunciar. Como vemos, se presentan muchas soluciones que se irán analizando en el camino.

Esta comisión es necesaria porque supone escuchar a las víctimas. Creo que en este tipo de casos, lo fundamental es que sean las propias víctimas las que digan qué es lo que necesitan. En este momento es evidente la desatención por parte del Estado hacia las víctimas del caso Sodalicio. Lo que notamos es una situación muy extraña donde se producen dos cosas que son inaceptables. La primera es un Estado diciéndoles: “ustedes no son víctimas”, cuando el propio Sodalicio las está reconociendo como tales. Es decir, una incoherencia inaceptable. La segunda es que todo el proceso de reparación se está llevando a cabo por los propios responsables de lo que sucedió. Es decir, son ellos los que establecen quiénes son víctimas y quiénes no. Ellos establecen cómo se repara y cuánto dinero se les da. Es absolutamente atípico, y entenderán el problema que existe en que los victimarios sean los mismos que establezcan quienes son víctimas y la reparación que reciben. Es evidente que el Ministerio Público ha demostrado sus limitaciones y falencias en este caso.

Considero que una comisión en el Congreso, además de estos dos objetivos que son los objetivos formales de la comisión, termina realizando un proceso de reparación simbólica hacia las víctimas porque van a tener un espacio dentro del Estado para dar su testimonio sin ningún tipo de estigmatización, ni de revictimización, como sí ha sucedido en la fiscalía. En este ámbito, se presenta un espacio donde las personas que resulten responsables, van a tener que ir y responder preguntas ante las cámaras y ante la sociedad. Entonces, ya el solo hecho de existir este proceso público, es una manera de ayudar a reparar a las víctimas, sin excluir las conclusiones a las que la comisión pueda llegar, lo cual ya se verá en el propio trabajo.

ED: Usted menciona que uno de los objetivos es establecer claramente cuáles fueron los hechos en realidad. Entonces, si una comisión del Congreso se encarga de esclarecer de nuevo los hechos, de revisar de nuevo los hechos, ¿no estaría colisionando con la propia investigación fiscal? Es decir, ¿no habría una duplicidad de competencias?

AB: No, porque las consecuencias y la naturaleza de los espacios son distintas. Una es una naturaleza jurisdiccional, la otra es una naturaleza política, el Congreso es un espacio político. Hay, a lo largo del tiempo, diferentes investigaciones que demuestran como esto puede ir en paralelo si ningún problema: desde el caso Vladivideos a comienzos de siglo; pasando recientemente por el caso Orellana, donde incluso la comisión del Congreso dió una visibilidad al tema que ayudo muchísimo en el ámbito jurisdiccional; y la comisión Lava Jato, que está viendo el caso que todos los días vemos en la televisión, así como los avances o retrocesos que se dan a nivel de fiscalía y del Poder Judicial. Entonces, es absolutamente factible que estos dos espacios existan sin generar ningún tipo de colisión o incoherencia.

ED: En los casos que usted menciona, se evidencia siempre un trasfondo político. Por ejemplo, en el caso Lava Jato hay varios políticos involucrados al igual que en caso de los Vladivideos. Sin embargo en este caso específico, ¿cuál sería el trasfondo político que recae?

AB: Recordemos que la Constitución establece que el Congreso puede investigar cualquier tema de interés público, no lo limita al tema político. En ese sentido, por ejemplo, el Congreso ha investigado, bajo el esquema de interés público, el tema de los clubes deportivos que son finalmente asociaciones privadas. El interés público en este caso radica en varios temas. Primero, demuestra las limitaciones del Estado frente a un caso clamoroso, donde hay incluso denuncias de violación sexual a menores de edad. Segundo, porque la metodología que habría utilizado la organización para poder apañar estos delitos no son de exclusividad de este grupo. Es una metodología que puede estar presente en otros espacios de la sociedad. Y tercero, como congresistas y como integrantes del aparato estatal peruano, no podemos permitir que no haya una respuesta institucional frente a una situación de esta gravedad; no podemos dejar de transmitir el mensaje a la sociedad de impunidad, porque se estaría generando una deslegitimización de los distintos espacios institucionales que tiene el país para encauzar este tipo de casos.

ED: Entonces, una vez que la comisión tenga las conclusiones y el informe, ¿cuál seria el siguiente paso?

AB: Hay varios temas. El primero de ellos es el valor simbólico y real que tiene el informe de cara a las víctimas. Muchas de las víctimas lo que quieren es que la sociedad conozca lo que les pasó, quieren ser reconocido como víctimas. Entonces, que exista un documento oficial del Estado hablando de ese tema ya es un avance muy importante. Lo segundo es establecer las responsabilidades individuales que pueden existir, y pasarlo al Ministerio Público, que es el acto formal que ocurre con cada informe de Comisión investigadora. Lo tercero es la respuesta normativa que tiene que dar el Congreso para cambiar la legislación, buscando evitar que vuelva a suceder algo similar; o, de suceder, que pueda presentarse una mejor respuesta por parte del Estado. Además, ver si en la situación actual del caso, efectivamente ha habido un cambio y ya no hay estructura de abuso que pueda generar los problemas que hemos visto. Entonces, esos son básicamente, los objetivos o las respuestas que esperamos con esta comisión y con el Informe Final.

No hay comentarios

Dejar respuesta