El pasado 9 de septiembre, el Banco Mundial publicó su Informe bianual sobre el estatus de la discriminación contra la mujer en el mundo. El Informe, que examina los impedimentos legales contra la mujer en 173 economías monitoreadas, encontró leyes discriminatorias y restrictivas en el 90% de ellas, llegando a contar 943 normas discriminatorias en total. Sólo 18 economías no tienen ninguna restricción en ninguno de los indicadores analizados. Estas son: Armenia, Canadá, República Dominicana, Estonia, Hungría, Kosovo, Malta, México, Namibia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Puerto Rico, Serbia, Eslovaquia, Sudáfrica, España, Taiwán, China y –quizás para sorpresa de todos- Perú.

Por supuesto, poder contarnos entre quienes conforman este selecto grupo es un logro que, si bien sorprende, debe también ponernos orgullosos. No todos los países son capaces de amasar el capital político suficiente como para siquiera aprobar estas disposiciones legales en primer lugar. De hecho, el Perú, al menos en el papel, tendría un sistema de protección de la mujer a la altura de varios países desarrollados. Así, por ejemplo, hay un mayor porcentaje de mujeres trabajando en el Perú (69%) que en Francia (67%) y Japón (65%), y estamos muy por encima de otros países de la región como Chile (55%), México (48%) y Argentina (55%). Así también, el Perú, a diferencia de países como el Reino Unido y Alemania, incluye expresamente a la violencia sexual como una forma de violencia doméstica y, a diferencia de Estados Unidos, Francia y Suecia, tiene una ley que sanciona el acoso callejero. De hecho, comparados a la situación de la mujer en la región, nuestra legislación pareciera llevar una holgada delantera. Mientras que las mujeres peruanas co-administran los bienes de la sociedad conyugal con su esposo y pueden trabajar donde mejor les parezca, las mujeres chilenas deben ceder la administración de la propiedad conyugal a su marido y las mujeres argentinas tienen expresamente prohibido el trabajo en minas, puertos y fábricas, entre otros.

¿Cómo conciliar estos resultados con aquella intuición que nos dice, día a día, que en el Perú los derechos de la mujer están aún muy atrasados? Una precisión importante es que el Informe únicamente señala que el Perú es una de 18 economías que no tiene restricciones, lo que no significa que tenga suficientes protecciones. En ese sentido, basta nada más ver las noticias un fin de semana cualquiera para comprender que nuestro país tiene grandes problemas en materia de derechos de la mujer.  Así, según el INEI, más del 70% de las mujeres casadas han sufrido algún tipo de violencia física o psicológica y 8% de las mujeres entre 15 y 49 años han sido violadas por sus parejas. De igual forma, en 2009, el Tribunal Constitucional prohibió al Estado distribuir gratuitamente la píldora del día siguiente y hasta hoy estamos luchando en el Perú por dar a las mujeres acceso al aborto seguro y legal en casos de violación.

Además, más allá de una carencia de protección, el Perú tiene también un claro problema de implementación. Esto significa que muchas de nuestras leyes, si bien en teoría nos ponen al nivel de Alemania, Estados Unidos y Suecia, en la práctica muchas veces no son más que un mero saludo a la bandera. Por ejemplo, a pesar de que desde 2011, la Ley 29818 regula el delito de feminicidio, la Defensoría del Pueblo nos dice que “en el 86% de casos la Policía Nacional no aplica medidas de protección inmediata a las víctimas [de violencia familiar]” y que “cuando las fiscalías disponen medidas de protección [el] 68% de ellas no son cumplidas por la Policía”. De forma similar, mientras la Ley 28983 dispone la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en el Perú hay tres veces más mujeres sin ingresos propios que hombres. Problemas similares además se han presentado también con nuestra Ley de Acoso Callejero.

En términos simples, entonces, lo que nos dice el Informe del Banco Mundial es que el Perú es un país de muchas leyes, pero de pocos dientes. Un país que, tal vez incluso sin querer, ha obtenido mejores resultados en este Informe de lo que se esperaba o, incluso, de lo que merece. Pero, habiendo obtenido este resultado y estando en el centro de la atención, los peruanos tenemos que decidir qué hacer con este (tal vez inmerecido) espaldarazo en la espalda de la comunidad internacional. Después de todo, el Informe del Banco Mundial seguirá creciendo y volviéndose más exhaustivo y exigente con el paso de los años. Se incluirán nuevos indicadores y nuevas preguntas. Se analizarán más normas y procedimientos ¿Podemos realmente garantizar que en dos años volveremos a estar entre estos 18?

Así las cosas, es absolutamente necesario que todos los peruanos asumamos como propio el reto de hacer que el Perú se merezca las conclusiones de este Informe. Hacer que el Perú no sólo siga con nota aprobatoria en la evaluación del Banco Mundial, sino que se transforme en un verdadero líder en los derechos de la mujer. Para ello, los peruanos tenemos que encargarnos de implementar nuestro (aparentemente excepcional) marco legislativo y trabajar por eliminar nuestras deficiencias allí donde existan, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos y el aborto por violación. Es importante que seamos conscientes de que el Perú tiene ya en vigencia leyes que podrían hacer que la situación de sus mujeres avance a pasos agigantados. Lo único que falta, es hacer que se cumplan.

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Soy abogado por la Universidad de Lima y Magíster en Estudios Internacionales con especialización en Derechos Humanos por la Universidad de Georgetown. Soy además Profesor de Derecho Internacional en la Universidad del Pacífico. Mi principal interés gira en torno al Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales, específicamente el Derecho Internacional Humanitario y la Justicia Transicional. Soy, asimismo, miembro de la Asociación ADV Editores y de la Asociación de Estudios sobre las Naciones Unidas del Perú - AENU Perú.

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