Por Lucia Varillas, estudiante de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho.

El viernes 3 de marzo los puentes de Lima se llenaron de carteles rosados y azules. Eran tantos que fue imposible que pasen desapercibidos. Desde la vía Expresa hasta la Panamericana Sur, no había puente que no tuviera uno de estos carteles, algunos eran pequeños pero otros ocupaban el puente casi completo, por ambos lados. Estos habían sido puestos por los simpatizantes de la campaña “Con mis Hijos no te Metas” quienes protagonizaron un marcha el día 4 de marzo. Los carteles mostraban frases como las siguientes:

“Odebrecht Corrupción Política. Ideología de Género, Perversión Sexual.”

“Alerta Padres de Familia. El Gobierno quiere homosexualizar la niñez peruana.”

“Igualdad de Oportunidades ¡Sí! Igualdad de Género ¡No!”

Más allá de lo que cada uno pueda pensar respecto a la campaña en sí misma -y sobre lo que busca promover- es evidente que estos carteles presentan manifiestos mensajes de discriminación. Al respecto el artículo 323 del Código Penal establece lo siguiente:

“Artículo 323.- Discriminación e incitación a la discriminación

El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas.

[…]” (Énfasis agregado)

Este artículo, modificado el 6 de enero de este año por el Decreto Legislativo N°1323, establece que realizar cualquier acto que resulte en el menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio de algún derecho de un grupo de personas por motivos de diversas índoles incluidos “sexo, orientación sexual, e identidad de género” es discriminación. Y eso es exactamente lo que sucede en este caso. Lo que estos mensajes implican es que ser homosexual es algo reprochable, que la homosexualidad es una “perversión sexual”, que si eres homosexual no mereces los mismo derechos que los demás. Estos carteles son actos que buscan de manera manifiesta excluir a un grupo de personas, en este caso a la comunidad LGTBI, y anulan el reconocimiento de sus derechos basándose en motivos de orientación sexual e identidad de género.

La Constitución no hace diferencias. Todos, cada uno de los ciudadanos, tenemos los mismos derechos y merecemos igualdad de oportunidades. La orientación sexual o la identidad de género de una persona no la hace menos o más que las demás. Parece tonto tener que escribir esto en siglo XXI, pero parece que algunas personas lo han olvidado.  

Todos tenemos el derecho a creer en lo que consideremos cierto, y apoyar las causas que consideremos son correctas, pero la ley es muy clara, la discriminación es un delito y no una opinión que debe ser tolerada. Si la legislación existe, entonces, ¿por qué no se aplica?, ¿dónde está la fiscalía?, ¿dónde está el Ministerio Público? Es realmente desalentador ver que en nuestro país la justicia no solo tarde en llegar sino que no puede ver un crimen aun cuando está justo frente a ella.

En lugar de tener puentes que discriminan, procuremos construir puentes entre nosotros, puentes que nos acerquen a una sociedad más justa e igualitaria donde todos podemos ser quienes somos sin temor a serlo.

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