Google celebró el último 27 de septiembre sus 18 años de creación y consolidación como la corporación global que brinda servicios de búsqueda en Internet más grande del mundo.

Evidentemente, nadie duda del monstruo que es Google y como ha cambiado nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, también debemos reconocer que no todo ha sido color de rosa para este gigante tecnológico.

Hace unos años, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una decisión que tuvo profundas consecuencias para los motores de búsqueda en Europa. En dicha decisión, se consideró que los usuarios tienen derecho a solicitar a los motores de búsqueda como Google, que eliminen los resultados de consultas que incluyan sus datos personales. Para ello, los resultados mostrados deben considerarse inadecuados, irrelevantes o ya no relevantes, o excesivos[1].

Este caso es conocido como el nacimiento del “Derecho al Olvido”. Este derecho puede definirse como aquel que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales.

A partir de esta controversia se abrió un debate en gran parte de Sudamérica, en relación a si el derecho al olvido debía ser reconocido o no por los Estados. Encontrándose entre los países que no se encuentra de acuerdo con positivizar el mismo en sus ordenamientos jurídicos a la República de Argentina y a Colombia. Sin embargo, en nuestro país, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ya se había pronunciado sobre un tema con las mismas características al que se suscitó en la Unión Europa. En dicha decisión se concluyó que el derecho al olvido formaba parte del derecho a la protección de los datos personales[2] que le es inherente a toda persona natural[3].

Con lo descrito hasta aquí, queremos resaltar que en el Perú se ha reconocido el derecho de exigir a Google la supresión de la información irrelevante que se encuentra en sus motores de búsqueda. Para ello, la Ley y el Reglamento de Protección de Datos Personales establecen ciertos pasos que se deben seguir para poder hacer efectivo este derecho. Así que si tu información se encuentra en los motores de búsqueda de Google u otro, y deseas que dicha compañía retire la misma, debes de prestar atención a lo siguiente.

En primer lugar, la normativa de protección de datos personales nos exige que solicitemos a Google directamente la supresión de la información en sus motores de búsqueda. El precedente antes descrito en nuestro país, hace referencia a que todo interesado debe comunicarse tanto con Google Perú, a través de su domicilio fiscal, así como a la Matriz de Google en Estados Unidos a través de su página web (entrar  a la sección quitar o actualizar información obsoleta). Es a través de estos canales mediante los cuales Google ha establecido que atenderá las solicitudes de todo usuario.

Si en el plazo de 20 días hábiles no existe pronunciamiento en relación a la supresión de la información solicitada, la normativa te brinda la facultad de denunciar a Google ante la Autoridad de Protección de Datos Personales a fin de que esta última no sólo exija a Google la supresión de la información solicitada, sino también imponga una sanción hasta por el monto no mayor de 100 UIT a efectos de desincentivar este tipo de conductas en el futuro.

Si bien la normativa de protección de datos personales reconoce un procedimiento expeditivo y flexible para poder exigir a Google la supresión de la información, lo que aún no queda del todo claro es como hará la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales para coaccionar a Google en relación al cumplimiento de sus decisiones en caso no decida acatarla de manera voluntaria. Distinto es el caso de exigir el cumplimiento de pago de una multa en el que la entidad puede embargar cuentas bancarias para hacer efectivo el pago adeudo (práctica usual por parte de las autoridades administrativas).

Esta situación puede agravarse si se determina, como bien se señaló en la Unión Europea, que el verdadero obligado a suprimir la información de los motores de búsqueda era en realidad la Matriz de Google en Estado Unidos. Y decimos que esto sería complicado puesto que sería prácticamente imposible exigir coactivamente a la matriz de Google su cumplimiento no sólo por un ámbito de competencias, sino también porque no se ha suscrito con las autoridades norteamericanas un convenio de cooperación internacional para hacer efectiva este tipo de medidas.

Rescatamos la importancia de que exista en nuestro país una norma de protección de datos personales que permita atacar con uñas y dientes este tipo de acciones que al final del día dejan expuesta nuestra información íntima y personal en los ojos del mundo y que inclusive, en muchos casos, nos generan un daño reputacional invalorable. Sin embargo, consideremos que aún hay mucho por hacer. Específicamente faltan las herramientas legales que permita a la Autoridad de Protección de Datos Personales coaccionar a Google en relación al cumplimiento de las decisiones impuestas en caso esta no pretenda cumplir de manera voluntaria en nuestro país.

Siempre hay que resaltar que antes de acudir ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, es importante primero comunicarse con Google a través de sus canales ordinarios antes descritos. Esperemos que la interposición de denuncias ante la Autoridad de Protección de Datos Personales por la no atención del derecho de supresión o “derecho al olvido” pase a ser cosa del pasado, y para que ello sea así, depende de la voluntad de Google de respetar nuestro derecho constitucional a la protección de datos personales.


[1] Para mayor información, revisar:  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&amppageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=276332

[2] No plantearemos la polémica de si Google Perú o la Matriz de Google era la competente a para atender esta solicitud. Lo importante era que, ya sea una u otra, se busque con suprimir la información solicitada por la  persona afectada.

[3] Para mayor información, revisar: http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2016/04/Exp.-12-2015-RD-45-2015-PTT.pdf

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