Brenda Álvarez: Avances y pendientes en torno a los Derechos Sexuales y Reproductivos

La situación de la comunidad LGTBI como de los derechos reproductivos de la mujer son temas urgentes que el próximo gobierno deberá enfrentar.

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En esta edición de nuestra Semana del 28, Enfoque Derecho presenta la entrevista realizada a Brenda Álvarez, abogada y asesora legal en incidencia política de Promsex, sobre la situación de los Derechos Reproductivos y Sexuales en nuestro país y los retos que le esperan al siguiente gobierno en esta materia.

Enfoque Derecho: ¿Cuál es la situación actual de los derechos sexuales en nuestro país?

Brenda Álvarez: Sobre los derechos sexuales, me gustaría centrarme básicamente en la garantía y reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI. En los cinco años que han transcurrido del gobierno de Ollanta Humala, ocurrió un suceso que es absolutamente lamentable: que lo que se pensaba iba a ser la política de protección a las personas LGTBI en el Perú, el Plan Nacional de Derechos Humanos, finalmente se convirtió en la herramienta de desprotección y desconocimiento de los derechos de estas personas. Si bien ese plan se aprobó ya hace varios años y tendría que terminar su vigencia este 2016, se eliminó del plan y del borrador del plan todo el capitulo referido a medidas de protección a las personas LGTBI, medidas de no discriminación, medidas de reconocimiento de derechos, etc. Entonces, en este momento podemos decir que no hay ningún tipo de política pública que exista en el gobierno y el Estado peruano de protección hacia estas personas.

Un pequeño avance, pero minúsculo, fue el lineamiento de atención a la violencia por homofobia, lesbofobia, y transfobia en el ámbito de la protección, que son los servicios de atención a la violencia interfamiliar, y que logró aprobar el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, estos lineamientos son importantes para que también los prestadores de los servicios de atención a la violencia, básicamente Centros de Emergencia Mujer, puedan atender desde un enfoque de no discriminación a las personas, niños, niñas, adolescentes y personas adultas LGTBI que acudan a los servicios por violencia interfamiliar por homofobia, lesbofobia o transfobia. Esto ha sido pequeño -tiene rango de resolución directoral- sin embargo, debería ser parte de una política más grande de atención o de respuesta y protección a la violencia contra estas personas, tanto en espacios públicos como en espacios privados. Lamentablemente, esto no se ha elevado o no se ha incorporado tampoco a la guía de atención nacional que rige en los Centros de Emergencia Mujer. Por tanto, entendemos que su implementación será todavía débil.

Por otro lado, no se logró aprobar, como ya lo sabemos, los proyectos de ley que se presentaron al Congreso, de reconocimiento de derechos tanto personales como patrimoniales de las personas LGTBI. No se ha avanzado por la oposición o por concepciones realmente conservadoras o confesionales de algunos congresistas. Las iniciativas legislativas que se presentaron, como la propuesta de la unión civil, con la que yo personalmente no estoy de acuerdo por ser una medida discriminatoria respecto al estándar de la garantía a la igualdad de las personas heterosexuales y homosexuales, se logró archivar y por tanto ahí no se ha avanzado.

Se tiene pendiente también la modificación de la ficha de donación de sangre que el Ministerio de Salud debió haber modificado en este periodo porque se suscitaron diversas denuncias por discriminación de personas LGTBI cuando acudían a donar sangre. Sin embargo, hasta este momento, el Ministerio de Salud no ha modificado la ficha del registro de donación, donde a pesar de que la Ley de Donación de Sangre no dice en ningún momento que una conducta de riesgo es la homosexualidad, la bisexualidad o la transexialidad, en la ficha se trata de reconocer o tiende a tratar de considerar que la homosexualidad es una conducta de riesgo que expone al VIH, cosa que no es verdad y que la ley en si misma ni siquiera lo contempla. Este es un pendiente que debe ser modificado en el próximo gobierno.

ED: ¿Cuáles son las políticas públicas que debería implementar el siguiente gobierno?

BA: En derechos sexuales, creemos que hay diversas cosas que este gobierno debería hacer. En principio, debe haber una política integral de reconocimiento y de protección de los derechos, (básicamente de igualdad y no discriminación), de las personas LGTBI, llámese un Plan Nacional Contra la Discriminación de Personas LGTBI, o incorporándose dentro del nuevo Plan de Derechos Humanos, que le va a tocar a este nuevo gobierno construir, un capítulo especifico de protección que reconozca las particularidades por las cuales atraviesa este grupo minoritario y que pueda garantizar medidas de acción desde el Estado. En esta medida, esta política se va constituir como una de las herramientas fundamentales para poder caminar hacia una sociedad más justa, menos discriminatoria y para erradicar estereotipos también.

Aunado a esto, consideramos que también el Ministerio Público, en el observatorio de criminalidad, debería incorporar una unidad que llegue a identificar los crímenes de odio, así como se incorporó el área de feminicidios. Los observatorios de criminalidad también deberían generar información sobre crímenes de odio de personas LGTBI.

Esta es una medida urgente. Más aún si se toma en cuenta que la CIDH, en su último informe sobre la violencia hacia las personas LGTBI, ha dicho que una de las manifestaciones de discriminación y violencia contra esta comunidad es su invisibilización. La misma que responde a que no se consideran en los censos a estas personas, y por ello, el INEI debería incorporar en ellos, también, cuantas personas de orientación sexual no heterosexual hay en nuestro país -lo cual no sabemos. Esto debería ser incorporado en el próximo censo. Parte de visibilizar también, tiene que ver con cómo es que la población LGTBI es incluso delictivamente diferenciada en su afectación, y por eso es que el observatorio de criminalidad debería tener un apartado especial para crímenes de odio.

Con respecto a las propuestas legislativas esperamos que los diversos grupos parlamentarios, tanto el Frente Amplio y la bancada de Peruanos Por el Kambio, que tienen propuestas de reconocimiento de derechos de personas LGTBI en sus planes de gobierno, realmente las desarrollen. Esperamos que presenten, en el caso de la bancada del Frente Amplio, sus propuestas de matrimonio igualitario, de una ley de identidad de género y de ley contra la discriminación para que puedan ser debatidas en el Congreso.

En el caso de Peruanos por el Kambio, ellos se han comprometido por un estándar menos garantista que la unión civil, que esperamos que presenten, y a implementar una serie de medidas: reconocimiento de la identidad de género, cambio de nombre y sexo a las personas trans, la ley antidiscriminación. Todas ellas también son necesarias y no las tenemos como una herramienta en nuestro país, a pesar que es un país con estadísticas altas de discriminación. Creemos que esa sería la agenda legislativa que debería enfrentar este gobierno. Esperemos que se dé.

ED: Con respecto a los derechos reproductivos, ¿cuáles fueron los avances u omisiones de este gobierno?

BA: En términos de derechos reproductivos tenemos un avance en este gobierno: la aprobación del Protocolo del Aborto Terapeútico. Este protocolo fue aprobado después de 90 años de haberse despenalizado el aborto terapéutico cuando la vida o la salud de la mujer se pone en riesgo, en cumplimiento de un dictamen del comité CEDAW (Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer) en el caso de LC vs. Perú y el caso que también se litigó, de KL vs. Perú, en la Corte de Derechos Humanos. En cumplimiento de estos dos dictámenes es que este gobierno, específicamente el Ministerio de Salud, incorpora y aprueba el protocolo de aborto terapéutico. Un pendiente es la implementación del aborto. Es ahí donde tuvo que llevarse una política pública de implementación del real acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo cuando su vida y su salud se encuentren en riesgo. Esto todavía es un pendiente, y este gobierno tendría que aprobar un plan, como política pública, que esté destinado a garantizar a que a ninguna mujer de este país se le niegue o se ponga en riesgo su vida o su salud por no poder acceder a un aborto legal.

ED: En todo caso ¿Cuáles son las políticas urgentes, en este aspecto, que debería implementar el siguiente gobierno?

BA: El Plan Nacional de DDHH que ya esta por vencer, vence este año, lo que proponía era que el Ministerio de Salud solicitara una opinión a la Organización Mundial de la Salud sobre si el AOE (Anticonceptivo Oral de Emergencia o Píldora del Día Siguiente), tiene o no tiene un efecto abortivo, que era lo que la sentencia del Tribunal Constitucional del 2009 sostenía. La finalidad de incorporar este objetivo en el Plan Nacional de Derechos Humanos era que se cambie el precedente judicial que fue emitido por el Tribunal Constitucional con la finalidad de incorporar nuevamente la anticoncepción de emergencia a la oferta pública.

El próximo gobierno va a tener que enfrentar la emergencia epidemiológica del zika, ya tenemos reportados por medios de comunicación 35 casos de mujeres embarazadas por este virus. Las medidas preventivas que el Ministerio de Salud está desarrollando tienen que ver con la prevención y con el acceso a la metodología anticonceptiva de las mujeres. Dentro de la gama de métodos anticonceptivos, el anticonceptivo oral de emergencia o píldora del día siguiente cumple un rol fundamental, y que no es reemplazable por ningún otro método anticonceptivo. Es decir, si una mujer no usa preservativos en una relación sexual, se puede exponer a un embarazo con riesgo de microcefalia. Yo creo que se puede evitar ese tipo de situaciones, y el Estado no lo hace. Se debería pensar realmente que si bien es cierto tenemos una sentencia emitida en el año 2009, esta no es una sentencia definitiva. La sentencia tiene abierta la posibilidad que a nueva evidencia, tanto jurídica como científica, debería cambiarse el pronunciamiento. Ello, porque uno de los argumentos fue duda razonable; en otras palabras, no tenían certeza absoluta que la AOE tenga un efecto abortivo anti implantatorio.

Yo esperaría que lo primero que haga el Ministerio de Salud en este contexto, con el nuevo gabinete de PPK, es reincorporar el anticonceptivo oral de emergencia a la oferta pública. Es decir, entendemos que  la despenalización del aborto todavía es un camino que nos imaginamos que tomará años. Lo más cercano a evitar un embarazo no deseado es la anticoncepción de emergencia. En un país que no tiene despenalizado el aborto, ni siquiera por caso de violaciones sexuales, y donde tienes limitaciones de acceso a metodología anticonceptiva que puede evitar un embarazo que por derecho al progreso científico, que por derecho a la salud reproductiva deberían garantizársele, no se garantizan por un pronunciamiento nefasto del Tribunal Constitucional. Creemos que es una situación de injusticia y que debería ser revertida por el próximo gobierno como una medida urgente.

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