Un día oscuro para Dilma Rousseff fue, sin duda, el 1 de septiembre, cuando el Senado brasileño decidió, con 61 votos a favor, destituirla del cargo de presidenta, a través de la figura del juicio político o impeachment. La oposición arguyó que la, en ese entonces, mandataria había transferido dinero de bancos públicos a programas de responsabilidad estatal con la finalidad de cubrir el déficit fiscal de su gobierno. Esta práctica, prohibida en la Ley de Responsabilidad Fiscal del país, habría sido el detonante del inicio del proceso de destitución en la Cámara de Diputados[1]. Teniendo en cuenta este hecho, en el presente Editorial analizaremos la incidencia de la figura citada, las reacciones de los gobiernos latinoamericanos y sus implicancias en el futuro del Brasil.

Si bien la destitución de Rousseff ha sorprendido a propios y extraños, lo cierto es que no es la primera vez que se usa este mecanismo en Brasil: en 1992, al entonces presidente Fernando Collor de Mello, también se le inició un impeachment. Por esos años, la investigación parlamentaria determinó que “recaudó” US$6.5 millones para su campaña presidencial bajo un esquema de lavado de dinero y soborno. Al enterarse de esto, Collor de Mello renunció al cargo, con la finalidad de evitar el juicio político. Aun así, el Parlamento llevó a cabo el proceso y lo halló culpable. Finalmente, esta historia concluyó en 2014, con el pronunciamiento del Tribunal Supremo, el cual levantó los cargos de peculado y cohecho activo por no tener suficientes pruebas[2]. Ello explicaría la razón por la que, en el caso actual, Dilma Rousseff haya decidido apelar al Tribunal Supremo en busca de solución.

Entretanto, las reacciones en la región no fueron unánimes. Chile, por ejemplo, declaró que respeta las decisiones internas de los países y exhorta a resolver sus diferencias dentro del marco de la institucionalidad democrática. En sentido contrario, Uruguay fue enfático en asegurar que la destitución de Dilma Rousseff fue “una injusticia (…) más allá de la legalidad invocada”. Asimismo, tanto Venezuela como Bolivia y Ecuador anunciaron que llaman a consultas sus embajadores en Brasil; ello, por considerar que lo ocurrido es un claro “golpe de Estado”. Indudablemente, el tono de protesta ante esta decisión se ha visto influenciada -mas no determinada- por el cariz ideológico de cada gobierno.

Ahora, Temer mantendrá la presidencia hasta el 2018 y tendrá que enfrentar la difícil situación económica y política que sufre la sociedad brasileña. En efecto, Brasil está sumido en su peor recesión después del crack del 29, con un PBI que se ha contraído en 9% en el 2015, en tanto la inflación y el desempleo están por encima del 10%; además el déficit fiscal alcanza los niveles comentados en el PBI[3].  Por el lado político el panorama es igualmente desolador: 16 de los 21 diputados investigados por el Caso Lava Jato votaron contra Rousseff, y el 60% del total de diputados y senadores están relacionados con investigaciones, según The Economist. Sumado a ello, las encuestadoras brasileñas refieren que la aceptación del nuevo presidente no supera el 15%.

En definitiva, Brasil es hoy un país importante en el mundo, no solo por sus lazos con los países BRICS sino por su potencial económico y tecnológico, que afronta una grave crisis. Por ello, desde esta tribuna, creemos que la destitución de Dilma Rouseff no garantiza ninguna solución a los problemas que este afronta. Por el contrario, consideramos que lo realmente importante en estos momentos es buscar la unidad nacional e internacional para lograr la recuperación económica, social y política de Brasil. Después de todo, no se trata solo del futuro de un país, sino del futuro de Latinoamérica.

 


[1]http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160411_brasil_impeachment_acusacion_contra_rousseff_gl

[2]http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160415_brasil_impeachment_collor_de_mello_historia_aw

[3] http://www.lanacion.com.ar/1898327-nuevo-capitulo-en-brasil-michel-temer-asumio-y-convoco-a-la-unidad-del-pais

 

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