Luego de más de tres décadas de aplicación de la política del único hijo, el gobierno de China anunció la semana pasada que, de ahora en adelante, las familias que lo deseen podrán tener dos hijos. Hay que recordar que China es el país con la población más grande del mundo, actualmente abarcando una cifra de 1361 millones de personas aproximadamente. Tomando ello en consideración, los expertos estiman que de no haberse implementado la política del hijo único la población hubiese tenido 400 millones de habitantes más, lo cual hubiese generado una situación insostenible. No obstante, hoy en día la realidad en China no es la misma, y han surgido una serie de problemas tales como una abismal desproporción entre hombres y mujeres y el persistente reto del envejecimiento, estimando que para el 2035, el 25% de la población se encontraría jubilada. En este marco de ideas, el presente editorial analizará la relación entre la política de planeamiento familiar y la validez de la misma, tomando en cuenta los límites que ello supone a los derechos reproductivos de las personas.

Al referirse a la política del hijo único, el gobierno Chino se ha manifestado en diversas ocasiones señalando que fue una medida que posibilitó el desarrollo económico. En efecto, se afirma que se puso en marcha a fin de aliviar problemas sociales y ambientales, contribuyendo a alcanzar diversos indicadores sociales, tales como el incremento de la renta per capita, el aumento de la esperanza de vida, la extensión de la educación y la reducción del número de personas viviendo en pobreza, entre otros. Sin embargo, cabe recalcar que en los últimos años hubo una “relajación”, en tanto se permitieron excepciones a la política, tales como las zonas habitadas por minorías étnicas o parejas en las que al menos uno de los miembros fuese hijo único. De igual forma, igual era posible tener un segundo hijo si es que se pagaba una multa; en caso contrario, el niño/a no podría contar con la documentación de ciudadano. Como era de esperarse, estas excepciones tuvieron escasos resultados, en tanto podían llegar a ser clasistas, muy pocas parejas cumplían con los requisitos, y la posibilidad de tener un segundo hijo se había tornado bastante costosa.

Ahora, a pesar del cambio de política en China, ciertas organizaciones de derechos humanos — como, por ejemplo, Human Rights Watch — han mantenido su posición crítica hacia el gobierno chino, en tanto se trataría de un cambio menor que no constituye garantía para evitar los graves abusos que ya se habían venido generando, como los abortos forzados. A su vez, se afirma que el gobierno seguirá teniendo un alto control sobre todo tipo de derechos reproductivos, en tanto el seguir imponiendo un límite a la cantidad de hijos que cada familia puede tener sigue siendo una lesión a los derechos sexuales y reproductivos de la población. En ese sentido, a pesar que el cambio disminuye levemente las limitaciones que se pusieron en un inicio, la nueva política de China no tiene como finalidad otorgar una mayor protección a los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Por el contrario, esta solo es una respuesta ante las consecuencias que generó la regla del hijo único.

Si bien el caso de China es uno extremo, debe quedar claro que los derechos sexuales y reproductivos que restringe su política son derechos humanos. Justamente, estos permiten que, en el marco de la sexualidad y la reproducción, las personas puedan vivir sin discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia para desenvolverse libremente en sociedad. Además, desde la perspectiva de la dignidad y el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, tenemos que no se le puede dar al ser humano el trato de objeto o imponerle planes o ideales de vida. En otras palabras, se exige que el Estado no utilice a sus ciudadanos como medios para alcanzar otro fin, imponiéndoles un ideal de vida que impida que la persona se autodetermine por si sola. A partir de esto, no cabe duda que tanto la política del hijo único como la actual, constituye una grave vulneración que sustentan las críticas que se le hacen a China por contravenir los principios de los Derechos Humanos.

Justamente, el hecho de que el niño/a que nazca excediendo el número permitido por el gobierno no pueda acceder a la debida documentación o que no se le brinde a la familia que exceda el número de hijos los beneficios de cobertura de educación o salud, llevan al incremento de abortos, abandonos y esterilizaciones contra la voluntad de las personas. Es cierto que el gobierno de China optó por una alternativa bastante radical ante la decisión de priorizar el desarrollo económico por el régimen comunista. El problema es que una decisión tan radical debería ser estrictamente de última ratio y bajo ningún criterio puede ser por un periodo de tiempo indeterminado. Una ardua política de educación sexual y reproductiva en conjunto con extensivas campañas de concientización siempre debe de venir primero; más aún si tenemos en cuenta que China estaba en condiciones de brindar información para que estas campañas fuesen exitosas.

En síntesis, no debe sorprendernos que una medida como la comentada haya sido implementada por China si recordamos el modelo de régimen vigente. Sin embargo, eso no lo exonera de recibir las advertencias de la grave vulneración que ello implica para los derechos humanos previamente mencionados. Reiteramos que no es justificable implementar una política tan drástica sin atender a los criterios de necesidad y ultima ratio, pues se deben agotar todos los medios menos gravosos antes de que se aplique. Entonces, si bien la medida fue idónea para alcanzar el fin que buscaba, su implementación llevó a graves lesiones y problemas que no podrán ser reparadas, las cuales no se hubieran presentado de esta forma si es que se hubiesen previamente implementado arduas y extensivas campañas de concientización.

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