El pasado 3 de febrero, el presidente Pedro Pablo Kuczynski puso la primera piedra del inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco. La obra tendrá una capacidad mucho mayor que la del actual aeropuerto Alejandro Velasco Astete, ubicado en la misma región. Esta obra se prometió por primera vez durante el gobierno de Alejandro Toledo y no es hasta el gobierno de Ollanta Humala que se logra firmar el contrato de licitación.

El Consorcio Kuntur Wasi ganó la licitación al ofrecer la mitad del precio de construcción en comparación a los demás postores. Este Consorcio está formado por las empresas Andino Investment Holding (peruana) y la Corporación América (argentina). El aeropuerto costaría USD$ 500 millones de los cuales el Estado pagaría USD$ 265 millones en un periodo de 20 años (con 5 años de gracia). Sin embargo, la tasa de interés que el consorcio estableció le generaba ganancias de USD$ 620 millones, es decir más que el costo de la construcción, elevando el costo total de la obra a USD$ 120 millones.

Estas cifras llamaron la atención de muchos. La Contraloría General de la República se pronunció al respecto indicando que el contrato no permitía establecer los supuestos que fueron aplicables para calcular la estimación de la tasa de interés. De la misma manera se pronunció La Comisión Andina de Fomento y ayudó a establecer una nueva tasa de interés.

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski optó por negociar con el Consorcio y para ello se elaboró una adenda al contrato. Esta adenda, firmada la semana pasada, establecía que el costo final de la obra sería de USD$ 529.5 millones, dividido entre el costo de obra y el costo de supervisión. Además, la adenda establecía que sería el Estado quien asumiría todo el riesgo y daría un adelanto al Consorcio para el inicio de la obra.

Por ello, las voces contrarias al proyecto se hicieron notar. Un caso que refleja el malestar en la negociación de la adenda es la salida de Patricia Benavente de la presidencia de Ositran. Los argumentos que esgrimió la otrora titular del organismo supervisor fueron que la adenda va en contra de la versión original del contrato y del Decreto legislativo 1224 que regula el Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. Esto a razón de que ahora el Estado asumirá el 80.7% del costo de la obra, dejando un margen de solo 19.3% de inversión al consorcio[1].

Es claro, entonces, que tratar de salvar el proyecto causará más perjuicio; en otras palabras, la cura resulta peor que la enfermedad. Esta afirmación no es gratuita. Por ejemplo, el tan mentado ahorro de USD$ 590 millones por la clarificación de los intereses bancarios de la obra[2] no es real si se ve en perspectiva. De hecho, la proyección del Presidente obvia indicadores claves, como es el caso del cálculo de valor del dinero, el costo de oportunidad de los recursos públicos, entre otros, que terminan generando un perjuicio económico para el país, es decir, no hay ningún ahorro[3].

Además, esta acción generará un mal precedente con las empresas que ya contratan -o contratarán- bajo la modalidad de APP, debido a que se estarán trasladando mayores riesgos financieros y constructivos al Estado, yendo en contra de la naturaleza de las Asociaciones Público – Privadas, que consiste, precisamente, en asignar mayores riesgos a las empresas[4]. Esta distorsión lleva a casi financiar toda la obra con el erario público, siendo, a efectos prácticos, una obra pública[5] más que un modelo de financiamiento que implique menos perjuicio al Estado.

Es preciso señalar que la adenda es una mala jugada para el Estado. Incluso va contra el principio de asignación adecuada de riesgos, asentada en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1012, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY MARCO DE ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO PRODUCTIVO Y DICTA NORMAS PARA LA AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, cuyo texto refiere:

Deberá existir una adecuada distribución de los riesgos entre los sectores público y privado. Es decir, que los riesgos deben ser asignados a aquel con mayores capacidades para administrarlos a un menor costo, teniendo en consideración el interés público y el perfil del proyecto”.

Con ello, el Estado asume más riesgos sin obtener muchos beneficios, ya que el Consorcio tendrá la administración por 40 años.

Si bien es cierto, como refiere el Banco Mundial[6], las APP bien gestionadas pueden generar “la extracción de buena relación calidad-precio a largo plazo a través de la transferencia de riesgos adecuados para el sector privado durante la vida del proyecto – desde el diseño / construcción para operaciones / mantenimiento”; también es cierto que, de acuerdo a José Luis Guasch, las legislaciones sobre APP en la región, incluida el Perú, alientan esquemas de corrupción, teniendo como modus operandi la presentación de propuestas arriesgadas con el propósito de conseguir el contrato con el Estado, pero luego, ante la evidencia de su inviabilidad, buscan renegociarlo por medio de adendas, generando mayores perjuicios para el Estado[7].

Esta apreciación encuentra correlato en el Perú, luego de saber que una de las empresas socias del Consorcio, Andino Investment Holding, está pasando su peor momento financiero, tras haber reportado pérdidas de casi 8 millones de dólares el año pasado y de haber perdido la calificación del grado de inversión al bono emitido en el 2013 por 115 millones de dólares[8]. Es decir, no tenía cómo financiar la obra por falta de recursos.

En conclusión, la adenda genera un perjuicio al Estado que no solo tendrá repercusiones en el mismo proyecto, sino que merma en la forma de entender el financiamiento del Estado mediante la figura de las APP.

Por eso, es vital la revisión de la normativa vigente sobre la materia, en el extremo de colocar mayores herramientas de gestión de riesgos, así como mantener los equilibrios necesarios en obras de la envergadura del aeropuerto de Chinchero.


[1] http://gestion.pe/economia/opinion-ositran-se-divide-adenda-contrato-concesion-aeropuerto-chinchero-2180252

[2] http://larepublica.pe/politica/844202-ppk-defiende-adenda-de-aeropuerto-de-chinchero-y-culpa-al-congreso-de-suspension-video

[3] http://www.dipromin.com/noticias/benavente-ositran-la-adenda-chinchero-afecta-las-apps/

[4] http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/conectividad/211885-chinchero-cambio-riesgoso/

[5] http://peru21.pe/actualidad/chinchero-comedia-desaciertos-analisis-2269354

[6] https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/ppp-objectives

[7] http://diariocorreo.pe/opinion/el-costo-de-chinchero-727368/

[8] http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/negocio-esta-adenda-fernando-rospigliosi-noticia-1965781?ref=flujo_tags_470271&ft=nota_1&e=titulo

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