El pasado miércoles 20 de enero, el Juzgado Penal Colegiado Anticorrupción de Lima condenó a la congresista fujimorista María López Córdova y a su esposo, Erlis del Castillo, a 5 años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito. De esta forma, María López se suma a la larga lista de parlamentarios investigados o sentenciados por actos de corrupción cometidos en ejercicio de la función pública. Todo ello nos lleva a reflexionar y a preguntarnos en el presente editorial sobre la clase de personas que elegiremos como padres de la patria en los comicios de este año.
Para empezar, cabe entender el caso de la congresista López Córdova. Entre los años 1996 y 2001, López Córdova fue asistente, secretaria y auxiliar de la parlamentaria Luz Salgado, obteniendo un ingreso total de 163,426 soles. Ella habría iniciado ganando 800 soles y salió de su cargo con un haber de 11 mil soles mensuales. Según la pareja de esposos, este monto les posibilitó adquirir nueve embarcaciones pesqueras, un inmueble en Lurín, realizar viajes al extranjero y depósitos bancarios por miles de soles. Sin embargo, en el año 2004 se inició una investigación de las cuentas y bienes de los cónyuges por presunto enriquecimiento ilícito. Luego, en el año 2013 fue acusada por el Ministerio Público por el delito de enriquecimiento ilícito al encontrarse un supuesto desbalance patrimonial de más de 2,5 millones de dólares. Finalmente, el Juzgado Penal Colegiado Anticorrupción de Lima sentenció a la congresista fujimorista a 5 años de pena privativa de libertad por el delito de enriquecimiento ilícito. Asimismo, su esposo fue condenado a la misma pena y por el mismo delito.
No obstante, el caso de María López no es el único que ha sucedido en nuestra historia republicana, pues basta recordar a “la narco”, Nancy Obregón, la “roba luz”, Rocío Gonzales, el “mata perro”, Miro Ruiz, el “come pollo”, José Anaya, o la “condecoradora”, Karina Beteta, entre otros, para darnos una idea de la calidad personas que nos han representado en el Congreso de la República. Sin embargo, varios de los actuales candidatos al Parlamento no están exentos de estos “problemas”. Solo para citar un ejemplo, Cecilia Chacón de Vettori, la candidata por el número 1 en la lista congresal de Fuerza Popular, es procesada por corrupción debido a un supuesto enriquecimiento ilícito. Es menester mencionar que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha emitido un escandaloso fallo en el que se le absuelve de los cargos; lo cual solo ha dilatado su proceso, corriéndose el riesgo de prescripción, ya que el mismo se inició en el año 2001.
El Reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria señala como causal de corrupción el incremento evidente del patrimonio, durante el ejercicio de funciones, que no pueda ser debidamente sustentado. A pesar de ello, los casos de enriquecimiento ilícito son los temas más recurrentes en las investigaciones penales contra miembros del Congreso de la República. Son casos como los mencionados que menoscaban la imagen de nuestro Congreso. Así, según la última encuesta elaborada por IPSOS Perú, el 84% de la población no confía en él. Ello evidencia que el Parlamento y quienes lo integran se han hecho más conocidos por estar implicados en casos de corrupción que por su trabajo. Esto nos lleva a concluir que algunas de las personas dentro de los curules y electas por la población se han aprovechado de la inmunidad parlamentaria para evitar ser investigados o procesados por delitos que cometieron.
Los comicios del presente año están cada vez más cerca y es por ello que reflexionar sobre quiénes nos representarán en el Congreso de la República es de suma importancia. En este sentido, es nuestra responsabilidad, como ciudadanos, informarnos sobre las propuestas y la trayectoria política y profesional de los candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República. La tarea que personas transparentes y honestas sean los siguientes padres de la patria recae tanto sobre los electores como en los partidos políticos. Estos últimos deben asegurarse que sus listas estén conformadas por personas de una trayectoria intachable y que posean la convicción de servir a la Nación y no la de blindarse frente a investigaciones o procesos que les sigan por delitos que cometieron. Debemos ser conscientes de la importancia de elegir personas con principios éticos arraigados y evitar que aquellas que poseen una dudosa calidad moral, como las mencionadas anteriormente, accedan a una curul; pues ello no solo mancha la imagen del Congreso sino que entorpece su idóneo funcionamiento.
