El pasado jueves 12 de mayo, el senado brasileño se manifestó respecto al proceso de Impeachment que enfrenta la mandataria de nuestro país vecino, Dilma Rousseff, por supuestos crímenes de “responsabilidad”, dentro de los cuales resalta la violación de normas fiscales a fin de maquillar el déficit presupuestal. La decisión tomada supone la suspensión del cargo presidencial por un periodo de 180 días, luego de los cuales se podrá decidir la destitución definitiva de Rousseff. El vice-presidente, Michel Temer, la reemplazará durante dicho periodo. A propósito del panorama antes descrito, en el presente editorial analizaremos la figura del Impeachment, el claro interés político que hay detrás de este proceso y las consecuencias sociales que de aprobarse originaría.

El Impeachment es una figura prevista en el ordenamiento brasileño mediante la cual el parlamento o poder legislativo queda facultado para procesar a un alto funcionario público por la comisión de “delitos de responsabilidad”[1]. Respecto al caso que nos interesa, importa precisar que, en octubre del 2015, tres juristas brasileños presentaron el pedido de “Impeachment” contra la presidente Rousseff al senado de dicho país. El principal argumento del pedido se refiere a que presuntamente la mandataria habría utilizado fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del Estado (“pedaladas fiscales”), con lo cual se estaría violando la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley de Probidad Administrativa. Consecuentemente, la petición de apertura del proceso de Impeachment fue aceptada por el presidente de la Cámara de Diputados, luego de lo cual el pedido fue enviado a la Cámara de Senadores para su aprobación. Finalmente, el pasado jueves, la Cámara de Senadores aprobó el inicio del juicio político en contra de Rousseff declarando la suspensión del cargo presidencial por 180 días. El siguiente paso a seguir es el juicio político que deberá desarrollarse mediando una sesión del Senado, presidida por el Presidente del Supremo Tribunal Federal. Así se definirá la culpabilidad o no de Rousseff. De declararse inocente, se le absolverá de las acusaciones planteadas y será inmediatamente restituida a su cargo; de lo contrario, será destituida definitivamente e inhabilitada por 8 años para ejercer cargos afines.

Importa agregar al respecto que el proceso vivido en el panorama político brasileño ha suscitado un ámbito bastante controvertido. Muchos académicos sobre el tema han calificado este hecho de ser “un abuso del proceso democrático”. Estas proclamaciones derivan del hecho de que uno de los más resaltantes propulsores del proceso de Impeachment fue el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), el mismo que fue el aliado más cercano al PT (Partido de los Trabajadores) desde la época en la que Lula Da Silva fue elegido presidente. La separación del PMDB del PT, a inicios de este año, marcó una decisión en el Poder Ejecutivo pues el vicepresidente de Rousseff, Michel Temer, es el líder de esta agrupación. Con todo ello se evidenció que el entonces vicepresidente perseguía la destitución de Rousseff para poder asumir la presidencia. Otra situación que apoya esta postura es el uso selectivo de esta figura; es decir, a pesar de que existen muchos altos funcionarios brasileños acusados de graves delitos solo se utilizó el Impeachment para procesar a Dilma Rousseff. Entre ellos se encuentran Eduardo Cunha, presidente suspendido de la Cámara de Diputados, miembro del PDMB y acusado de tener cuentas bancarias secretas en Suiza por un monto de 2.4 millones de francos suizos; Aecio Neves: senador, miembro del PSDB y acusado de beneficiarse de una red de sobornos que operaba en la empresa estatal de electricidad Furnas; Renán Calheiros, presidente del Senado, miembro del PMDB y acusado por el cabildero de haber recibido un pago de 600.000 dólares para frenar una pesquisa del Senado en Petrobras. Por último, el propio Michel Temer, actual presidente, miembro del PDMB y acusado de haber recibido más de 1.5 millones de dólares de una empresa constructora vinculada a Petrobras.

Las consecuencias que esta decisión ha derivado en el ámbito brasileño reflejan un resquebrajamiento social y económico que merecen atención. Por un lado, las multitudinarias protestas han culminado con actos de violencia que no pueden ser justificados por actos políticos de esta magnitud. Por otro lado, se observa también el freno de las inversiones en Brasil pues, aun cuando Temer es de clara tendencia económica liberal, este proceso pone en vilo si es él quien asumirá permanentemente la presidencia o si Rousseff será restituida. Asimismo, se debe tomar en cuenta que, de quedarse Temer en la presidencia, tendrá que enfrentarse a una férrea oposición del PT; además de los graves problemas económicos y sociales que asolan Brasil desde hace varios meses. Otro costo adicional con el que deberá cargar es el rechazo de una gran parte de la población.

Efectivamente, el impeachment es una figura jurídica reconocida explícitamente en la Constitución brasilera. Sin embargo, desde esta casa editorial consideramos que debe ser utilizado como última ratio. Resulta desproporcionado el iniciar un proceso de destitución contra Rousseff por transferir dinero de una cuenta a otra dentro del Estado, ya que lejos de significar una mayor transparencia para el sistema político brasilero, este proceso ahonda en la crisis socioeconomica existente. Considerando que este juicio político aún no está concluido, no debe merecer menor atención advertir el respeto por un orden democrático justo y libre de reticencias marcadas por opiniones políticas.

[1] Crímenes graves cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

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