En el momento que este editorial sea publicado, habrá empezado el debate presidencial para el proceso electoral del presente año. Y es que a una semana de que nos acerquemos a las urnas, la ciudadanía debería concentrarse en tener en claro cuáles son las principales propuestas de cada uno de los candidatos, con el fin de emitir un voto informado. Un aspecto que esta casa editorial considera de vital importancia -y que no ha tenido la visibilidad que debería- es el planteamiento de propuestas que busquen reformar el sistema de justicia. En este sentido, en este editorial identificaremos y analizaremos las principales medidas jurídicas incluidas en los diferentes planes de gobierno.

Las propuestas jurídicas se centran, por lo general, en una reforma casi total del sistema de justicia peruano, por lo que hemos identificado a las más importantes. Entre ellas, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pues se deben establecer procedimientos que permitan la elección de personas realmente idóneas para el cargo, evitar la corrupción y el clientelismo al momento de nombrar jueces. En esta línea, se busca acabar con la provisionalidad de jueces, consecuencia de un mejor CNM.

Asimismo, se propone consolidar la rectoría de la Corte Suprema, especializando los casos de su competencia y evitar, así, su sobrecarga de procedimiento. En cuanto al sistema de archivos judiciales, se busca su digitalización para un mayor ahorro de espacio, tiempo y dinero. Adicionalmente, se agrega la inclusión de intérpretes en todos aquellos procesos en los que uno de los involucrados, o ambos, no dominen el español. Y en lo que respecta a la justicia comunal, se busca su fortalecimiento mediante una mayor coordinación con la justicia ordinaria.

Por otro lado, tenemos a la reforma del sistema penal de justicia. En este aspecto, se busca la total implementación del nuevo Código Procesal Penal. A ello se suma la mejora de infraestructura penitenciaria y mecanismo judiciales que permitan la lucha frontal contra el crimen organizado. En otro lugar, se menciona la profesionalización del sistema de defensa internacional de nuestro país, ya nuestras demandas en instancia internacionales no son llevadas idóneamente.

Sin embargo, ¿quiénes supervisarían la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos del Estado para que todo lo mencionado se lleve a cabo? El siguiente tema también es abordado en algunos Planes de Gobierno: la reforma de la Contraloría General de la República. De este modo, se propone la creación de la carrera de jueces contralores, mediante la especialización de los jueces contralores, a fin de que sean resueltos con mayor celeridad los casos de corrupción. En general, se propone un sistema centralizado de control institucional, de modo tal que las oficinas de control interno de cada institución deben depender administrativa y económicamente de la Contraloría y no de la institución que audita.

Ahora bien, no todas las propuestas jurídicas se han abordado como se deberían. Por ello, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), y apoyado por el texto “La reforma del sistema de justicia, ¿en el camino correcto?” de Javier De Belaúnde López de Romaña, podemos llegar a los siguientes ejes centrales.[1]

El primero es la lucha anticorrupción. Este tema se debe proyectar a hace cambios culturales entre los operadores, agentes y usuarios del sistema de justicia, para los cuales se debe tener la base de fiscalizar la transparencia de los actos administrativos y sanción de prácticas corruptas. Es necesario tener como pilar de la lucha contra la corrupción al propio sistema, por lo que debe instituirse a este como un espacio de lucha contra la impunidad y la corrupción.  A ello se le suma la predictibilidad y jurisprudencia. Este segundo tema no se ha desarrollado claramente en los Planes de Gobierno. Y es que los distintos operadores del sistema de justicia no muestran contenidos unificados debido a una ausencia de debida motivación que conduce a arbitrariedades. En consecuencia, decae una cadena de desconfianza en el sistema judicial, revelando una imagen de falta de transparencia e imparcialidad, lo cual le resta legitimidad.

En conclusión, es menester tomar en cuenta cada una de las propuestas de los diferentes planes de gobierno al momento de elegir nuestro voto. La reforma del CNM, del sistema penal de justicia, de la Contraloría General de la República, entre otros, son algunos de los temas tocados por estos planes. Sin embargo, debemos estar atentos sobre qué candidatos han abordado la reforma del sistema de justicia y reconocen la verdadera necesidad de que este sea implementado por el siguiente gobierno. Desde esta tribuna exhortamos que, a puertas de las elecciones presidenciales, le demos el tiempo necesario para votar informados.


[1] http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ceriajus/Plan_Nacional_ceriajus.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/22947.pdf

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