El último martes, en el marco de la petición de facultades legislativas por el Ejecutivo, se presentó el proyecto de reforzamiento de las potestades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), actualmente adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Entre los cambios que buscaban ser aprobados estaban la simplificación del acceso al secreto bancario y a la reserva tributaria, por medio de un Juez Superior, previamente aprobado por un Juez Supremo, en un plazo de 24 horas de presentada la solicitud. La Comisión de Justicia del Congreso, formada en gran parte por parlamentarios de Fuerza Popular, finalmente rechazó la medida. En ese sentido, en el presente editorial se analizará cuán perjudicial podría terminar siendo dicha decisión.

Para empezar, ¿en qué consiste el delito de lavado de activos? En el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116 se le define así: “Se identifica como lavado de activos a todo acto o procedimiento realizado para dar una apariencia de legitimidad a los bienes y capitales que tienen un origen ilícito”. El objetivo de este delito suele concretarse en operaciones bancarias, compra de bienes lujosos, tragamonedas, centros nocturnos, entre otras actividades económicas formales. La magnitud de los daños originados por la comentada conducta ilícita es, por decirlo menos, alarmante. Un estudio realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que solo en el 2015, en el Perú se superaron los mil quinientos millones de dólares producto del lavado de activos y, en este mismo periodo, se elevó el número a más de 7 mil reportes de operaciones sospechosas. Evidentemente, esto afecta al sistema económico nacional, y a su vez, alienta la corrupción.

En cuanto a la petición de delegación de facultades legislativas al gobierno, fue específicamente la bancada fujimorista la que votó en bloque para que no se brindaran facultades para fortalecer a la UIF. Las razones de tal decisión fueron variadas. Por ejemplo, Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular, dijo que las facultades pueden ser una “herramienta peligrosa en el futuro”. Por otro lado, Héctor Becerril, nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización, y Karina Beteta, indicaron que la propuesta original implicaba que la UIF comparta información con el JNE, la ONPE y el Ministerio Público, y ello podría ocasionar persecuciones políticas o acciones que perjudiquen a algunos candidatos. Finalmente, Luis Galarreta, también vocero de Fuerza Popular, afirmó que la medida no se ajusta a la Constitución en tanto vulnera derechos humanos. Sin embargo, esta afirmación fue negada por el premier Zavala.

Como resultado de lo anterior, el ejecutivo se ha visto en la obligación de “aceptar” los candados puestos por los parlamentarios para que se apruebe la delegación de facultades. En ese sentido, y bajo la premisa de que resultaría peligroso que la UIF comparta la información con el JNE y la ONPE, el gobierno ha accedido a que la UIF no derive la información a los organismos electorales, sino únicamente a la Fiscalía. Más allá de esto, queda pendiente que la Comisión de Constitución emita su informe sobre la propuesta. Sin olvidar, claro, que dicha comisión es presidida por el congresista Miguel Torres, también de la bancada Fuerza Popular.

Si realizamos una comparación con el resto de países de latinoamérica, incluso nuestras reformas demuestran atrasos en contraste con todos los otros organismos latinoamericanos, (la UIF de Colombia, la UIAF en Bolivia, la COAF en Brasil, entre otros), quienes tienen acceso directo a las cuentas. En palabras de Sergio Espinoza, actual encargado de la UIF, “Todas las UIF de América Latina tienen, sin excepción, acceso directo al secreto bancario y tributario, excepto Chile que requiere la autorización de un juez, este último es el mecanismo que estábamos planteando pero nos lo han negado”. Ello evidencia, nuevamente, el retroceso en el que se está incurriendo al rechazar la delegación de facultades.

Por otro lado, es necesario recordar que la bancada de Fuerza Popular no es ajena a las investigaciones financieras y tributarias. Así, varios de sus congresistas mantienen procesos por delitos relacionados a desbalances patrimoniales. Karina Beteta presenta un proceso pendiente por lavado de activos procedente del narcotráfico. Modesto Figueroa es investigado por lavado de activos por minería ilegal. Marita Herrera presenta una diferencia abismal entre lo que declaró en su hoja de vida, y las participaciones y bienes de la que es propietaria, y es por ello que ahora también es investigada por este delito. Por último, Wuiliam Montero, congresista por Huancavelica, también es investigado por lavado de activos.

El proceso en el que tiene que incurrir la UIF tiene una duración aproximada de entre 6 meses a un año. Con la delegación –ahora denegada- habría tomado menos de una semana. En ese sentido, no debería sorprender a nadie el voto en bloque de Fuerza Popular en la Comisión de Fiscalización. Del mismo modo, a nadie le sorprenderá el informe emitido por la Comisión de Constitución. Lejos de tener una influencia positiva para el desarrollo económico del país, la negativa de la bancada fujimorista no hace más que responder a intereses partidarios particulares. Por todo ello, esta tribuna considera que tal impedimento debe ser reconsiderado por la mayoría parlamentaria a fin de evitar los delitos antes expuestos.

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