Editorial: Las calles llenas y las instituciones vacías

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No es ningún secreto que el Estado peruano desde siempre se ha caracterizado por su debilidad institucional y su rango de alcance limitado para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, tampoco nos ha sido ajeno el presenciar la aparición esporádica y hasta recurrente de múltiples manifestaciones, huelgas, tomas de calles y marchas protagonizadas por distintos sectores de la sociedad.

Desde estas líneas, EnfoqueDerecho no pretende criticar las legítimas expresiones de inconformidad de diversos sectores de la ciudadanía, ni tampoco esmerarse en señalar las bien conocidas limitaciones del Estado. Sin embargo, reafirmamos el análisis de un fenómeno que relaciona directamente la protesta callejera con la debilidad institucional del Estado. Y es que nos encontramos frente a un Estado que no cuenta con los canales y plataformas apropiados que permitan canalizar, conocer y solucionar dichas demandas, de modo que la falta o insuficiencia de los debidos canales propicia el forzoso traslado de éstas a las calles, cuando la protesta debería desatarse únicamente como ultima ratio, una vez que todos los medios previos hayan resultado ineficientes.

Asimismo, si bien nos encontramos con un Estado que carece de instituciones adecuadas para cumplir su función como receptor, negociador y solucionador de conflictos, no podemos entender la dimensión total del problema sin antes reconocer la responsabilidad de una porción de la ciudadanía que dificulta arribar a una solución. Ocurre que existen diferentes grupos que han instrumentalizado la protesta tomando las calles como el único y principal camino para la consecución de sus objetivos. Pareciera haberse instalado en el país la idea de que ”el que no llora no mama”, y así haberse interiorizado que la ocupación de los espacios públicos es el método más efectivo y hasta quizás el único existente. Es reprochable además, presenciar cómo el uso de esta práctica se ha visto dirigido a fines meramente políticos, proselitistas o a conseguir cobertura mediática para determinado líder o movimiento. Ejemplos de esta dinámica reincidente abundan.

Una manifestación que marcó un antes y un después en el presente gobierno, y que su magnitud permite observar las carencias a las que nos referimos, es el caso de la protesta anti minera desatada en Cajamarca contra el proyecto Conga. Las demandas en contra se sintieron desde un inicio en las calles, es decir, no hubo ni una mesa de diálogo previa, ni mediación a nivel de cuadros políticos regionales y nacionales, ni mayor coordinación entre las ofertas de unos y las demandas de los otros. En un escenario así, de total divorcio entre la población y el gobierno, el conflicto, como era de esperarse, creció exponencialmente.

Lamentablemente, el gobierno optó torpemente por establecer una mesa de diálogo tardía y enseguida, cometió otro grave error, que fue utilizar cuadros técnicos para atender y resolver un problema eminentemente social y político. De más está decir que dada la distancia entre los esquemas defendidos por cada una de las partes, una solución conjunta resultaba casi imposible. Por un lado, se pudo evidenciar cómo la protesta callejera como medio sólito para solucionar reclamos fue tendenciosa a generar un clima de inseguridad y violencia que desembocó en la declaratoria de estado de emergencia. Y por el otro, fue posible constatar cómo la misma protesta involuntariamente funcionó como base de apoyo y publicidad a caudillos que, lejos de sumarse a su sentir, terminaron capitalizándola en favor de sus agendas políticas.

Entendemos que la solución a este problema es sumamente compleja, pues demanda un cambio de paradigma tanto para gobernantes como gobernados. El derecho a la protesta es legítimo y constitucional, reconocido por la República y la OIT y por ese mismo motivo debería desarrollarse en el marco de la formalidad y salvaguarda de las instituciones estatales, a fin de que los reclamos sean adecuadamente discutidos y resueltos. Por un lado, es menester comprender los límites establecidos en la ley para el ejercicio del derecho a la huelga, pues, hay veces en las que está de por medio la vulneración de otros derechos, como es el caso de la huelga médica, en donde intervino el compromiso de salvaguardar la vida de terceros. Pero a su vez, es fundamental que el Estado cuente con canales que limiten las posibilidades de trasladar las demandas a las calles como prima ratio, y evitar a su vez que se degeneren en eventos violentos, así como también limitar el papel de eventuales caudillos interesados en fines políticos y particulares (Ej.Gregorio Santos) o incluso con el solo objetivo de lucrar (Ej.Julio Rau Rau). En suma, exhortamos al Estado a proveer los canales de mediación que requiere para sí y para la ciudadanía y a la ciudadanía a emplear la protesta callejera como ultima ratio, a fin de construir una sociedad que no requiera de bloqueos ni negociaciones tardías para discutir sus necesidades.

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Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembro

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