“Cuando un abogado deja de desempeñar un cargo como autoridad, no puede aceptar el patrocinio de un asunto que conoció directamente con ocasión del ejercicio del cargo”. Es en estos términos que el artículo 42° del Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima plantea el conflicto por ejercer un cargo como autoridad. En el presente editorial, analizaremos la actuación de Giselle Zegarra a la luz del citado artículo.

Giselle Zegarra ha ejercido como Gerente de Promoción de la Inversión Privada en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) durante las dos primeras gestiones de Luis Castañeda. Asimismo, ha sido consultora de la constructora brasileña OAS. Según ella, no consultó sobre temas vinculados al proyecto Línea Amarilla (cuya concesión es controlada por OAS), dado que Zegarra firmó el contrato para esta obra durante su periodo como funcionaria municipal. Esta versión, sin embargo, no es fácil de sostener.

El 19 de octubre, IDL-Reporteros publicó una investigación que mostró conversaciones de Whatsapp entre Léo Pinheiro, presidente de OAS, y Zegarra, en las cuales Zegarra no
solamente comenta sobre los temas vinculados al proyecto Línea Amarilla, sino que además insta a Pinheiro que no firme las adendas que la gestión de Susana Villarán habían planteado al proyecto. Nos explicamos:

      En octubre del 2014, Luis Castañeda estaba a pocos días de enfrentar una elección municipal en la cual llevaba con holgura el primer lugar. Paralelamente, la gestión de Villarán tenía listas las adendas al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, con el fin de agregarle el proyecto Río Verde, el cual incluiría una modernización de la ribera del río Rímac adyacente a la infraestructura vial de la Línea Amarilla.

      Es en estos días de octubre que Zegarra, quien tras dejar la Municipalidad luego de la gestión de Luis Castañeda fungía como “consultora” para OAS en Perú, le comenta a Pinheiro que “le gustaría coordinar una reunión con Lucho por unos 20 minutos” mientras el gerente de la constructora está en Perú. Entre la agenda a tratar, están “[los proyectos de] la Costa Verde y Línea Amarilla”.

      En otro intercambio de mensajes, realizados en noviembre, cuando Luis Catañeda era ya alcalde electo de la Municipalidad de Lima, Zegarra afirma que había conversado con Leonardo Fracassi, director de OAS para Perú, Chile y Colombia. Este, le habría dicho que no firme la adenda al contrato de Línea Amarilla, que incluiría el proyecto Río Verde.

Zegarra, entonces, sí discutió con su nuevo empleador temas sobre los cuales tenía conocimiento de primera mano durante su período como funcionaria municipal, ya que la Municipalidad y Lamsac (controlado por OAS) eran contrapartes en el marco de este proceso de concesión. Asimismo, las constantes menciones y reuniones con “Lucho” —nombre con el cual se refieren en Solidaridad Nacional al actual alcalde de Lima— hacen pensar que, en caso “Lucho” fuera Luis Castañeda, las labores de Zegarra involucraron también el uso de las relaciones que ella mantenía con quien ya era alcalde electo.

En respuesta a IDL, Zegarra señaló que “fue consultada como especialista en la materia y dio una opinión (…) porque tengo varios reparos respecto a la Adenda 1 al Contrato de Concesión de Línea Amarilla.Asimismo, señaló que su sugerencia de ningún modo puede interpretarse como una imposición o directriz (…)” pues ella no tenía ni tengo cargo en la MML para este tipo de atribuciones”. Finalmente, señaló que  “(…) estando a octubre 2014, en pleno proceso de transferencia de gestión, era inapropiado que se firme Río Verde”.

No consideramos que el hecho de hacer consultoría tras un paso en el sector público sea prima facie reprochable; sin embargo, Zegarra, como señala el Código de Ética, no debió emitir opinión sobre los asuntos que Zegarra pudo conocer directamente como funcionaria. Sí consideramos reprochable, pues, que la respuesta presentada por Zegarra no solamente pase totalmente por alto cualquier mención a la delicadeza de la situación en el marco de su responsabilidad profesional, sino que además, brinda una lamentable opinión sobre la validez de los actos de las autoridades políticas durante sus últimos meses de gestión.

Finalmente, tanto o más criticable es que la postura según la cual la responsabilidad profesional inherente a un cargo público se agota una vez que uno cambia de trabajo, haya sido replicada por personas que hoy trabajan en la Municipalidad de Lima, pues son ellos los que finalmente deben fiscalizar el comportamiento de Zegarra. Patricia Juarez, teniente alcaldesa de la MML, ha señalado que “lo que existe acá es un trato de cliente y empresa. Nosotros no tenemos nada que ver en el tema”.

El alcalde Castañeda puede considerar que, mientras su aprobación se mantenga, no existe responsabilidad alguna sobre la forma en la que se manejan las instituciones del Estado. No podríamos estar más en contra.

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