Hace poco más de un año, José Luis Pérez Guadalupe, ministro del Interior, en una de sus primeras intervenciones públicas afirmó, a modo de advertencia o de preocupación, que el problema más importante del Perú es la seguridad ciudadana[1]. No creemos que sea el problema más grande. Pero sí que está creciendo.

El 22 de marzo del 2016 se publicó el último informe técnico del INEI[2] sobre incidencia delictiva. En este se da cuenta que en el semestre comprendido de julio a diciembre del 2015, el 32.3% de la población de 15 a más años de edad del área urbana a nivel nacional ha sido víctima de un hecho delictivo. Además, en ciudades con 20 mil o más habitantes (como es el caso de Lima) se llega al 35.4%. En comparación con el intervalo junio -noviembre del 2014, en ciudades con más de 20 mil habitantes, se cuenta con un incremento de 3.1%[3].

Sin embargo, han sido las últimas dos semanas las que pareciesen haber puesto la delincuencia en primera plana: un escolar asesinado en San Juan de Lurigancho, un estudiante asesinado afuera de la UNMSM, robos por doquier. En el contexto de estos sucesos, en el presente editorial repasaremos las medidas que ha tomado el gobierno y analizaremos sus implicancias.

El Estado ha reaccionado, prima facie, con fuerza. Ha traído a cerca de dos mil policías de distintas partes del país a Lima. Ha otorgado armas no letales a serenazgos. Ha eliminado el régimen laboral 24×24 de los policías en actividad. Y, en caso parecieran insuficientes estas medidas, ha declarado en estado de emergencia a la provincia constitucional del Callao. No una vez, ni dos. Esta medida ha sido prorrogada tres veces. En este mismo sentido, tienen pensando declarar a Lima, también, en estado de emergencia. Nosotros creemos que estas medidas son meras manifestaciones de poder, transitorias e intrascendentes.

La figura excepcional del estado de emergencia es una potestad constitucional ejercida por el Poder Ejecutivo según el artículo 137°. Contempla la restricción de ciertos derechos reconocidos en la Constitución relativos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprometido. Asimismo, se suspenden las garantías constitucionales. Si bien en el caso del Callao la restricción a derechos no es plena, la medida debe llamar la atención.

El jefe de la DIRINCRI, José Luis Lavalle, alertó, hace un tiempo, de la “migración” de delincuentes de las zonas en estado de emergencia a otras zonas desafectadas de la medida[4]. Asimismo, los resultados esperados –si es que se esperaba algo- no se han concretado: los índices y las tasas siguen siendo altos.

Los resultados reales son otros. Los estados de emergencia malinterpretados como en este caso devienen en una alienación: constituyen la restricción de derechos no solo a los delincuentes, como podría serlo una pena, sino del conjunto comprendido en el estado de excepción. Cuando la solución debiese ser otra, los estados de emergencia no se encuentran justificados.

El problema, sin embargo, no es exclusivo del Estado. También está presente en las exigencias de la sociedad. De esta forma, los candidatos a la presidencia han recogido estas exigencias y las han planteado en sus planes de gobierno. Tales como la salida de militares a las calles, elevación de penas, entre otros. Se perpetúa la situación y se perpetúa el problema.

Hacemos hincapié en que el gobierno ha desperdiciado la oportunidad de articular políticas públicas orientadas a seguridad ciudadana a través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC. Este organismo multisectorial, creado mediante la Ley N° 27933 del 11 de febrero del 2003, tiene todas las atribuciones normativas para articular programas y proyectos encaminados a solucionar, de forma integral, los diversos problemas conexos a la incidencia delictiva, con la ayuda de diversos sectores del Estado y la sociedad civil. En ese sentido, avalamos la reactivación del mismo, promoviendo el desarrollo integral de soluciones sostenibles en el tiempo[5].

Ahora bien, la seguridad ciudadana debe ser entendida “como un servicio que se brinda mediante un conjunto de acciones o medidas destinadas a preservar la vida, la integridad, o la propiedad de las personas”. Este servicio debe formularse a partir de políticas públicas: de control de armas, de integrar a la sociedad civil a la lucha contra la delincuencia, entre otras. Asimismo, debe implicar una mayor inversión: en las fuerzas policiales, en la prevención, en medidas contra la corrupción.

Las medidas que ha tomado el Estado con respecto a la inseguridad ciudadana son manifestaciones de poder. Y las manifestaciones de poder son, sobretodo, simbólicas. Cuando devienen, en alienación social o similares se tornan, también, contraproducentes. El Estado debe partir de una premisa fundamental: mientras hayan necesidades básicas que no suple, mientras exista impunidad, mientras la educación siga siendo pobrísima, las tasas seguirán creciendo.


[1] http://rpp.pe/lima/actualidad/inseguridad-ciudadana-mininter-reconoce-que-es-el-principal-problema-de-peru-noticia-778365

[2]https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-seguridad-ciudadana_2.pdf

[3] https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-seguridad-ciudadana_2.pdf Cuadro 1, página 5.

[4] http://larepublica.pe/sociedad/763785-dirincri-estaba-prevista-migracion-de-delincuentes-del-callao-san-martin-de-porres

[5] http://www.pcm.gob.pe/seguridadciudadana/wp-content/uploads/2015/02/18_normativa.pdf

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