A inicios de mes, la Policía brasileña pidió a Whatsapp que entregue mensajes antiguos e intercepte las conversaciones de un sujeto que formaba parte de una investigación criminal. Whatsapp se rehusó. El 19 de julio, Daniela Barbosa, jueza de Rio de Janeiro, determinó la suspensión del acceso a la aplicación Whatsapp. Para la jueza, la compañía habría “mostrado una total falta de respeto por las leyes brasileñas”.

En menos de un día, la decisión fue revertida por la Corte Suprema Federal cuyo presidente, Ricardo Lewandowski, calificó el fallo de “muy poco razonable o proporcional”, en tanto éste “afectaba a millones de ciudadanos brasileños usuarios de la aplicación”. Esta es la tercera ocasión, en menos de ocho meses, que una corte de primera instancia decide suspender el uso de la aplicación, aunque cierto es que las tres decisiones fueron revertidas por cortes superiores. A raíz de estos casos, pareciera plantearse una extensión del debate respecto a la ponderación entre el derecho a la privacidad —que enmarca al secreto de las telecomunicaciones— con la seguridad nacional y el orden público. Sin embargo, este debate en el caso concreto, es innecesario, en tanto más allá del mismo, la medida prueba ser ineficaz desde un inicio.

Por un lado, Whatsapp argumenta que no tiene acceso a la información exigida por las autoridades brasileñas, debido a que no almacena conversaciones antiguas en sus servidores. Además, su política de seguridad encripta los mensajes durante “el camino” entre el remitente y el destinatario de cada mensaje. De esta manera, el único dispositivo capaz de ver el mensaje tal como el remitente quiso, es la aplicación del destinatario. Esta medida fue actualizada precisamente para hacer frente a pedidos similares a los que ha realizado la Policía brasileña.

En segundo lugar, aún si Whatsapp tuviera almacenado en sus servidores los mensajes, o decidiera romper el encriptado con el que cuenta para recuperar la información exigida, se generaría un problema —que es transversal al sector tecnológico de hoy en día-: sus operaciones son globales, pero gran parte de su infraestructura productiva (como sus servidores) están en clusters tecnológicos o industriales fuera del país donde se emite la orden judicial. Ello haría aún más debatible la competencia de un juez brasileño para exigir información.

Asimismo, la decisión de suspender Whatsapp no toma en cuenta dos hechos fundamentales sobre el mercado en que dicho producto opera: en primer lugar, siendo Whatsapp una aplicación gratuita, la suspensión de sus servicios no tiene un impacto directo o considerable dentro de sus ingresos. En segundo lugar, existe una innumerable cantidad de productos sustitutos a la aplicación, que funcionan a través de los mismos canales, tienen interfaces similares y son gratuitos. Ante la suspensión del servicio, los consumidores recurren a Telegram, y a otras alternativas de mensajería.  Por ejemplo, durante la suspensión de mayo, Telegram registró un aumento tan grande de nuevos usuarios que saturó las redes telefónicas tradicionales con las llamadas y mensajes de confirmación para los usuarios recién registrados.

La base para la suspensión es el Marco Civil de Internet, ley aprobada en 2014 y que regula el uso de Internet, incluyendo las garantías para los usuarios y las relaciones de los proveedores de Internet (ISP) con la Administración Pública. La falta de reglamentación en esta ley permite que las autoridades judiciales de primera instancia puedan recurrir a la provisión, puesto que no se han regulado los supuestos excepcionales que deberían orientar su uso. Por el momento, ha sido una herramienta que algunas autoridades judiciales brasileñas no han sabido usar de manera responsable, ni tampoco de manera coherente con las características de los productos basados en Internet. Por otro lado, el propio sistema judicial brasileño ha reconocido lo poco idóneo de estas suspensiones. En la revocación de la sentencia de este miércoles, la Corte Suprema señaló que “no parece razonable que los millones de usuarios se vean afectados por decisiones de la compañía”.

Debido a todo lo anteriormente expuesto, esta casa editorial considera que la decisión de suspender el servicio no logra nada en concreto. No es más que un acto de fuerza, irresponsable e incoherente, que ni ayuda a las investigaciones en curso, ni verdaderamente afecta a la aplicación. Se trataría de la distorsión de una ley que necesita una reglamentación, una medida que no toma en cuenta las distintas exigencias y puntos a considerar en el ámbito tecnológico. En suma, la afectación de millones sin ningún resultado.

Compartir
Artículo anteriorEnfoque Semanal: del 17 al 23 de julio
Artículo siguienteEntrevista a Carlos Alza: Balance general de la gestión de Ollanta Humala
Directora: Camila Masini | Consejo Editorial: Carlos Canevaro, Carlos Valverde, Jonatan Marcés, Marcelo Castilla, Sebastián Guzmán-García, Uber López. Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

No hay comentarios

Dejar respuesta