El pasado martes, el New York Times publicó unas fotos que mostraban a cuatro policías increpando a una mujer por utilizar un burkini en las playas de Niza. La mujer recibió una multa por los cargos de “utilizar prendas o atuendos no acordes con la moral y los valores seculares”, a raíz de una ordenanza municipal en dicha ciudad (inspirada en normas similares de otros balnearios de la Riviera Francesa), producto del ataque terrorista del 14 de julio. En estas ordenanzas se prohíbe todo tipo de vestimenta “que demuestre adherencia a una religión en tiempos en los que Francia y sus lugares de culto [places of worship] son blanco de ataques terroristas”, imponiendo una multa de US$ 40 durante los tres meses de verano a quienes usen dicha vestimenta en la playa.

Tras la publicación de las fotos, el debate no tardó en surgir entre quienes calificaban estas medidas como discriminatorias, y los que las apoyaban. Finalmente, el día viernes, el Consejo de Estado (máxima instancia administrativa francesa), anuló la prohibición del uso del burkini en la localidad de Villeneuve-Loubet, calificándola de “atentado grave contra las libertades”. Esta decisión, si bien no se aplica directamente a cada una de las 20 localidades que han aprobado medidas similares, sí sienta un precedente importante, ya que si el resto de prohibiciones llegan al Consejo, lo más probable es que también se anulen. A pesar de ello, la polémica aún continúa, ya que los partidos de derecha y extrema derecha franceses han manifestado su intención de votar una ley que prohíba el burkini.

Los argumentos de los miembros de estos partidos para apoyar estas medidas, a todas luces discriminatorias, recaen en tres aspectos: (i) evitar la imposición de un código de vestimenta “patriarcal” y poco respetuoso de los derechos de las personas, (ii) mantener el orden público en un contexto de amenaza de ataques terroristas, y (iii) mantener el secularismo que desde la Revolución Francesa ha caracterizado a la identidad política francesa, llamado laicité.

Sin embargo, consideramos que esta prohibición de no usar cierta ropa representa una vulneración a los derechos fundamentales, como la libertad de movimiento y las libertades religiosa e individual. En esta línea, es necesario resaltar que el burkini fue creado, precisamente, como una alternativa para fomentar y permitir la participación de mujeres musulmanas en las actividades del día a día en sociedades occidentales. Su propia creadora declaró a Politico Magazine, “creé el burkini para que menos niños pierdan clases de natación y días de playa: quitar esto [a la comunidad musulmana] es castigar en base al miedo”. Esto porque, justamente, el burkini no es una muestra de la falta de integración de la comunidad musulmana a la vida europea, sino que es más bien un vehículo para lograr esa integración.

Por otro lado, esta medida —que buscaría acercar a la comunidad musulmana a los valores franceses u occidentales— sería contraproducente para la permanencia del orden público, a la luz de un estudio del Brookings Institution. Según este, los países francófonos tienen el ratio más alto de yihadistas radicalizados en Europa. En ese sentido, el estudio señala que el secularismo francés —según el cual, la religión no solo debe estar separada de las políticas públicas sino de toda la vida pública de las personas, llevando la religión principalmente a la esfera personal— eleva el atractivo que la radicalización puede tener para jóvenes desempleados y poco integrados a la sociedad en la que viven. Por ello, este tipo de políticas no solo afectarían el desenvolvimiento en sociedad de las personas, sino que además tampoco cumplirían con la finalidad de fomentar el orden público que las autoridades alegan.

Imponer desde el Estado cuál debe ser la ropa para ir a la playa, implica aplicar una decisión restrictiva en la esfera de los derechos de las personas, ya sea que la prohibición tenga lugar porque la prenda “deja mucho al descubierto” o porque cubre todo el cuerpo, como es el caso del burkini. Iniciativas como la del Consejo de Estado francés, sientan en definitiva un avance importante en uno de los mayores retos que hoy en día deben asumir las sociedades democráticas: mantener las libertades individuales frente a las presiones restrictivas derivadas de la lucha contra el terrorismo.

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