En su primer mensaje a la nación, Pedro Pablo Kuczynski aseguró que dentro de siete años todos los peruanos podremos gozar de agua potable de calidad y desagüe las 24 horas. Inmediatamente después mencionó que estamos frente a un proyecto costoso, pero de un alto valor social, a largo plazo.

Esta es una preocupación planteada tiempo atrás en el Plan de Gobierno de Peruanos Por el Kambio (PPK).  En él se propone el programa “Agua Limpia”, el cual pretende asegurar el acceso al agua potable y desagüe para quienes no cuentan con este servicio. El costo estimado del proyecto sería de $10 mil millones y, según el documento, se priorizaría la zona andina y la Amazonía.

En este sentido, en el presente editorial analizaremos la situación actual del país en el marco de esta propuesta, así como el contenido esencial del derecho al agua potable y la importancia de su exigibilidad frente al Estado.

La problemática del agua tiene tres aristas: acceso, distribución y calidad. Sobre el primer punto, las cifras brindadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en base a cifras del INEI, son alentadoras. En efecto, el número de personas con acceso al agua potable se incrementó de 76.8% a 85.7% del 2011 al 2014[1]. Sin embargo, el desafío del nuevo presidente se encuentra en reducir la brecha de aproximadamente 7 millones[2] de personas que aún no cuentan con un acceso a agua potable segura en el Perú, además de la escasa presencia del servicio en la sierra y la selva[3].

Respecto al segundo problema, el Anuario de Estadísticas Ambientales 2015 mostró que el problema de la distribución se debe a que en las zonas donde la demanda de agua es alta, es decir, grandes ciudades, el abastecimiento del recurso es escaso. Por ejemplo, la vertiente del Pacífico genera solamente el 1.5% de agua en el país, pero más de la mitad de la población nacional usa el agua de esa fuente; mientras que el 98.2% de la vertiente del Atlántico es empleado por menos de un cuarto de la población[4]. Finalmente, el tercer problema se evidencia en el poco porcentaje de aguas residuales que son tratadas. El OEFA indica que solo se tratan aproximadamente 32% del total de aguas residuales[5].

Si bien es cierto, el agua no es un derecho expresamente señalado en la Carta Magna, las sentencias recaídas en los expedientes 06534-2006-PA/TC y 6545-2006-PA/TC del Tribunal Constitucional determinaron que el agua potable es, en definitiva, un derecho constitucional no enumerado, pero que, por su carácter prestacional, el Estado tiene la obligación de concretizar. La importancia del mismo radica en que es un recurso útil para el goce y el ejercicio de otros derechos como el de salud, trabajo, medio ambiente, entre otros. En ese sentido, el agua forma parte esencial del desarrollo de la persona.

Además, el Tribunal señala que existen tres supuestos mínimos en el derecho al agua potable: el acceso, que supone el acercamiento, por parte del Estado, del recurso a los distintos miembros de la sociedad; la calidad, que vela por mantener las necesarias condiciones salubres en el agua y por el correcto mantenimiento de servicios e instalaciones utilizadas;  y la suficiencia, para garantizar al menos la cantidad mínima necesaria para la satisfacción de las necesidades básicas de la persona. Casualmente, estos tres supuestos mínimos son también los mayores problemas en relación al agua, como señalamos líneas arriba.

Es, entonces, sumamente importante reducir los impedimentos y omisiones en la materialización de este garantía porque, de lo contrario, se perjudicaría de forma directa los derechos más elementales de las personas e impactaría de forma negativa al desarrollo de la sociedad. Por ello, Kuczynski entiende que está obligado a solucionar los problemas descritos mediante una serie de políticas públicas destinadas a mejorar las Entidades Prestadoras de Servicio (EPS) de agua potable, que a la fecha son 50. Asimismo, a asegurar la calidad del servicio adscribiendo las EPS al OTASS (Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento), entre otras medidas.

Desde esta tribuna saludamos el interés puesto por el nuevo Presidente en el aseguramiento del servicio de agua y alcantarillado en todo el país porque, a través de él, se elevará la calidad de vida de millones de peruanos que, a la fecha, padecen la ausencia de un servicio adecuado en sus casas. Sin embargo, no dejamos de llamar la atención respecto a que, al ser un derecho prestacional, requiere de mucha inversión de recursos del erario nacional. Conseguir su financiamiento va a ser el verdadero punto de quiebre en esta meta. Esperemos que no le cierren el caño.

 


 

[1] http://gestion.pe/economia/mvcs-857-poblacion-peruana-tiene-acceso-al-servicio-agua-potable-2130028

[2] http://www.camara-alemana.org.pe/downloads/2-130311-ana.pdf

[3] http://sinia.minam.gob.pe/mapas/hogares-acceso-agua-potable-peru-2009

[4] https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1342/libro.pdf

[5] https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=7827

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