“El fuego consumió todo en cuestión de minutos. Estaba durmiendo cuando escuché los gritos y de pronto explosiones de balones de gas. Agarré a mis hijos y salí corriendo para ponerlos a salvo, no me dio tiempo para rescatar mis cosas”. El testimonio de Jessica Hualla resume muy bien la terrible experiencia vivida por miles de familias la madrugada del último viernes. El incendio, originado por un cortocircuito, destruyó más de 436 viviendas de la Comunidad shipibo-coniba Cantagallo. Asimismo, según los cálculos de la Defensoría del Pueblo y Defensa Civil, cerca de 480 familias han perdido sus viviendas y todas sus pertenencias en ellas.
Sin embargo, ni bien comunicada la noticia, lo que más llamó la atención fue el inicio de un enfrentamiento mediático por establecer si la responsabilidad política de no reubicar a los miembros de la Comunidad es de la anterior o de la actual gestión edil. Tanto la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, como el actual alcalde, Luis Castañeda, se culparon entre sí de no haberlo hecho a tiempo. ¿En qué consistía el proyecto de reubicación? ¿Por qué ni Susana Villarán ni Luis Castañeda lo implementaron? ¿Se hubiese evitado la tragedia de haberse ejecutado?
En noviembre del 2009, la Municipalidad de Lima, bajo la administración de Luis Castañeda, firma el contrato del proyecto “Línea Amarilla”, cuya construcción requería que la Comunidad de Cantagallo sea reubicada. A lo largo de toda esa gestión, nunca se realizaron acciones concretas para este fin. Recién en el 2013, con la gestión de Susana Villarán, se firma un convenio de fideicomiso para el desarrollo del programa “Río Verde”, el cual incluía fondos para la reubicación de la Comunidad. Así, en mayo de ese mismo año, se inicia el diálogo con los principales líderes comunales.
En setiembre del 2014, las asociaciones de vivienda de miembros de la Comunidad de Cantagallo ASHIRELV, ACUSHIKOL y AVSHIL suscriben un acuerdo con la Municipalidad Metropolitana de Lima en la que aceptan su traslado a un terreno ubicado en San Juan de Lurigancho. A partir de ello, la Municipalidad adquiere el terreno al mes siguiente.
Según el último comunicado de la misma institución, esta operación incluyó una serie de irregularidades. Con respecto a la forma de adquisición del terreno, se habría sobrevaluado su costo en cerca de 10 millones de soles y la empresa que vendió el predio (Portal Campoy S.R.L.) habría sido creada solo para este fin. En cuanto a las especificaciones técnicas del mismo, el comunicado precisó que: (i) la extensión del terreno no era capaz de albergar a todas las familias de la Comunidad; (ii) este tenía la condición de rústico al momento de su adquisición; y (iii) no contaba con la instalación de agua, electricidad ni saneamiento. Ahora bien, estos problemas técnicos habrían imposibilitado el inicio de la construcción de las viviendas, hecho que la Defensoría del Pueblo advirtió en su momento.
El 22 de diciembre de 2014, días antes de acabar la gestión de Susana Villarán, la Municipalidad de Lima emite una ordenanza que declara de importancia el traslado de la Comunidad shipibo-coniba de Cantagallo. Lo único que esta demostró es la intención de la gestión saliente por realizar el proyecto; sin embargo, en la práctica no tuvo ningún efecto en beneficio de la Comunidad.
Con el regreso de Castañeda a la gestión municipal, en marzo de 2015 la Municipalidad de Lima, en una medida muy cuestionable y que hasta el día de hoy es materia de investigación, destinó los fondos del fideicomiso para la construcción del bypass de 28 de julio. Este hecho posterga indefinidamente la reubicación de la Comunidad de Cantagallo.Durante todo ese año, la Municipalidad no se manifestó sobre el tema, recién el 29 de abril, la teniente alcaldesa de Lima, Patricia Juárez, ratifica la voluntad de la Municipalidad para realizar la reubicación, firmando un acta de compromiso al día siguiente. Desde aquel día hasta después del siniestro, la Municipalidad de Lima no realizó acción alguna al respecto.
Por otro lado, un hecho que llama poderosamente la atención es que un día antes del incendio, IDL Reporteros publicó una serie de mensajes de Whatsapp, según los cuales el alcalde Luis Castañeda, antes de iniciar su segunda gestión, habría presionado para que la publicidad del proyecto “Vía Parque Rímac”, que incluía el programa “Río Verde” y, por ende, la reubicación de la Comunidad de Cantagallo, desaparezca de los medios de comunicación. Las conversaciones publicadas son entre Giselle Zegarra, exfuncionaria de la Municipalidad y José Pinheiro Filho, en ese entonces presidente de OAS y hoy investigado por el caso Lava Jato. Este hecho, sumado a la acusación de Daniel Yovera de que la actual gestión habría vendido el terreno comprado por la anterior (la misma que Luis Castañeda niega rotundamente) sugerirían que el actual alcalde intentó frustrar este proyecto por un claro sesgo político.
Resulta claro que si la gestión de Susana Villarán hubiera tomado las diligencias del caso al momento de adquirir el terreno y si Luis Castañeda se hubiese concentrado en mejorar la calidad de vida de los miembros de la Comunidad Cantagallo, tal y como lo recomendaba la ordenanza de la gestión anterior, antes que a desacreditar el trabajo de su predecesora, hoy la realidad sería diferente: La Comunidad estaría en un lugar que cuente con acceso a los servicios básicos y con viviendas mejor equipadas. Sin duda alguna, esta tragedia se hubiese evitado.
Si bien, varios colectivos han demostrado su apoyo a la Comunidad de Cantagallo con la recolección de víveres y elementos de primera necesidad, ese activismo no debe quedar ahí. Ahora toca estar atentos a las investigaciones y presionar a las instancias correspondientes a fin de que se aclaren todos los hechos que, indirectamente, ocasionaron este desastre.
Esperemos que a partir de ahora, nuestras autoridades dejen de pelearse con los fantasmas de sus predecesores y empiecen a hacer una verdadera gestión. Tal vez ellos no hayan prendido la mecha, pero por su desidia 2000 personas se quedaron sin hogar.
