Editorial: Legalicemos el Cannabis

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El 4 de agosto se aprobó en la Cámara de Diputados uruguaya el Proyecto de Ley que busca legalizar la venta, producción y distribución de cannabis, destinado al uso medicinal y recreacional. Con la aprobación de dicha norma -para la cual únicamente hace falta el visto bueno del Senado- se despenalizaría también el autocultivo de marihuana, por parte tanto de individuos como de clubes de consumidores. Con este gran paso dado por los legisladores rioplatenses, los uruguayos consumidores de cannabis podrán comprar hasta 40 gramos de marihuana al mes en farmacias autorizadas. Ahora, estos consumidores (ya sean medicados o usuarios netamente recreativos) deberán estar debidamente registrados  y ser mayores de 18 años para poder comprar dicha sustancia. La tenencia máxima por persona será de 40 gramos.

Si bien dicha iniciativa no ha dejado de conmocionar a sectores conservadores de la opinión pública, la aprobación del Proyecto de Ley ha merecido, también, reacciones e impresiones sumamente positivas a nivel internacional. No sólo el escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa calificó la aprobación de la citada norma como “una decisión valerosa”, sino que también la revista Time, la BBC y hasta la revista Monocle mostraron su apoyo a la política anti-narcóticos impulsada por el gobierno del presidente Mujica.

Ahora bien, ¿cómo la legalización de una sustancia psicoactiva podría formar parte de un política que busca, más bien, luchar contra el narcotráfico? ¿De qué manera la legalización de los medios de producción, consumo y distribución de psicotrópicos podrían ayudar a que, precisamente, estas conductas se vean desincentivadas? Para responder a estas interrogante es necesario analizar la naturaleza del cannabis dentro de las relaciones de intercambio de las que es objeto.

El cannabis es una sustancia psicoactiva cuyo efecto en el organismo humano puede generar dependencia en sus consumidores. En ese sentido, como también sucede con otras drogas como el tabaco, el alcohol o la insulina (para los diabéticos), su nivel de reacción ante una eventual variación en el precio será bastante menor que la de otros productos. Es decir, como el consumo del cannabis puede generar dependencia en sus consumidores, un aumento en el precio de dicho bien  no tiene porqué verse reflejado en su propia demanda, ya que sus consumidores lo seguirán comprando, precisamente por la dependencia que dicha sustancia ha generado en ellos. Es esto lo que se conoce como un bien inelástico.

Precisamente, es esta la razón por la cual surgen mercados negros cuando se prohíben este tipo de bienes. Como su consumo se ha convertido en una necesidad para sus usuarios, ellos verán la forma de acceder a él, al margen de que esté o no permitido. Naturalmente, el costo para acceder a las sustancias ilegales será más alto, pues el riesgo para el productor y el distribuidor se ven acrecentados, pero el consumidor tendrá que pagar, porque es  la única forma (que tiene) de satisfacer su necesidad.

Además, como los productores y distribuidores de este tipo de bienes conocen perfectamente la inelasticidad del producto que trafican, los precios del mercado negro tienden a estar muy por encima del nivel de calidad de la sustancia misma. Ello se debe, también, a que en un mercado extralegal no existen organismos reguladores que puedan controlar la calidad de los productos ofrecidos, por lo que tampoco hay posibilidad de que los productores o distribuidores compitan entre sí, incrementando la calidad de su oferta.

Quizá lo que nosotros, como espectadores (al margen) de esta maraña de ilegalidad creada por la prohibición, podemos ver con mayor claridad es la ola de delincuencia protagonizada por los famosos Cárteles de drogas. Estos, sin embargo,  no son otra cosa que el equivalente en el mercado negro de un oligopolio en el mercado formal. Su estructura es muy parecida, ya que en ambos casos se encuentra una gran parte del mercado concentrada en pocos grupos o empresas, con la diferencia de que sus mecanismos de competencia difieren en gran medida: mientras que unos mejoran sus productos y lanzan campañas de marketing para quitarle mercado a sus competidores, los otros se valen de mecanismos de aniquilamiento y crimen organizado para llegar al mismo fin.

Visto en esos términos, la prohibición de este tipo de sustancias no tiene sustento alguno. Parte, sin embargo, de un paternalismo trastocado, que tiene como fundamento un concepto distorsionado de la salud pública.  Según esta concepción, el Estado está ahí para proteger al ciudadano de sí mismo. Para enseñarle qué es lo saludable y qué lo reprochable, olvidando que el derecho penal sirve, ante todo, para fomentar y garantizar libertades ciudadanas, restringiendo sólo aquellos comportamientos que escapan de nuestra esfera de libertad jurídicamente garantizada, es decir, aquellos que ponen en riesgo la libertad de terceros.

En esa línea, podemos llegar a unas cuantas conclusiones respecto de la legalización de las drogas. En primer lugar, si bien la legalidad no le va a quitar la inelasticidad a este tipo de productos, el hecho de que su producción y comercialización se despenalice permitirá que diversos agentes económicos (antes reacios a inmiscuirse en el tráfico ilegal) inviertan en estos mercados, lo que generará competencia entre ellos y, por tanto, la calidad aumentará y los precios se verán reducidos. Además -tal como sucederá en Uruguay el  Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA)- los organismos reguladores ayudarían también a conseguirlo, valiéndose de mecanismos coercitivos que aseguren la calidad de estos productos.

Finalmente, la criminalidad organizada ocasionada por los cárteles del narcotráfico se vería eliminada, ya que su propio fundamento habría desaparecido. Una vez que se legaliza la droga, los precios bajan porque quedan estos sometidos a estándares reales. Como la legalización incentiva a otros agentes a entrar en el negocio,  la posibilidad de que los cárteles controlen los mecanismos de producción y distribución de una sustancia casi desaparece, por lo que el costo de eliminar a todos tus competidores por la fuerza se ve considerablemente incrementado.

Por último, cabe resaltar que desde esta Editorial no pretendemos incentivar ni aprobamos el consumo de ninguna de estas sustancias. De hecho, somos conscientes de los peligrosos efectos fisiológicos que el consumo sostenido de cualquiera de ellas pueden ocasionar. Respetamos, sin embargo, la libertad de cada individuo para decidir qué es bueno para él, y qué no. Y creemos, en esa línea, que, como ha sido demostrado por experiencias pasadas, el consumo responsable e informado de sustancias psicoactivas no incrementa, sino que más bien previene y protege, a los consumidores.

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Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

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