Durante el último jueves, la atención de la prensa se centró en la protesta realizada por vecinos de Lima Norte, quienes exigían el retiro de las garitas de peaje instaladas en la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra. Ellos alegaban que dicho peaje constituye un gasto excesivo para acceder a sus hogares o centros de trabajo, lo cual se traduce en un incremento abusivo en sus gastos diarios. A partir de este caso, es necesario preguntarse, ¿los vecinos fueron consultados o informados previamente acerca del peaje? ¿Es necesario que esa consulta se dé? En el presente editorial, responderemos a estas cuestiones, analizando la figura de la licencia social y su aplicación.

La licencia social o Social Licence to Operate[1] hace referencia al consentimiento de los proyectos empresariales por parte de aquellas personas o grupos que son impactados por el desarrollo de este. El consentimiento está vinculado directamente con las creencias, percepciones y opiniones sobre los proyectos, los cuales pueden estar vinculados con el sector minería, construcción, transporte, entre otros[2]. Esta figura se originó como la respuesta a un pedido realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que buscaba que los proyectos empresariales que se desarrollan o que afecten a comunidades indígenas sean aprobados por sus miembros[3]. De esta forma, las empresas tomarían en consideración cómo serían recibidas las obras, a fin de prever la forma más eficiente de implementarlas.

En la actualidad, las licencias sociales no son necesariamente vinculantes; es decir, su inexistencia no implica que los proyectos de inversión no se ejecuten. El contenido que hoy adquieren está relacionado con una eficiente sensibilización a la población afectada con el proyecto de inversión sobre el impacto y beneficios de este.

Conseguir una licencia social conlleva diversos beneficios. En primer lugar, permite que los ejecutores de la obra conozcan las necesidades y exigencias de la población, a fin de que la afectación no sea perjudicial para ella ni, mucho menos, abusiva. Como consecuencia de lo primero, reduce los riesgos de posteriores conflictos sociales y evita el desprestigio de la empresa, lo cual evita que puedan presentarse trabas en la ejecución de los proyectos. La ausencia de una licencia social trae como consecuencia retrasos en proyectos, pérdida de maquinaria por actos de vandalismo que pueden resultar de una protesta en su contra, dificultad para conseguir mano de obra debido al desprestigio de la corporación y, en el peor de los casos, la cancelación de la inversión.

Lamentablemente, lo sucedido en Puente Piedra no configura un caso aislado. Un ejemplo parecido al comentado fue el cobro de peaje (entre 1 sol y 1.50 soles) en el, ahora fallido, intercambio vial de la avenida Faucett, durante la gestión de Alex Kouri, en el año 2005. Los usuarios rápidamente lo consideraron un cobro desproporcionado con la envergadura de la obra: seis kilómetros[4]. Las reacciones fueron muy variadas, algunos con furibundas críticas, otros sin pagar lo propuesto en las garitas. El resultado de esta molestia llevó al retiro de las casetas de cobranza y al descubrimiento de un gran caso de corrupción que tiene en este momento al ex alcalde encarcelado. Los casos como el by pass entre avenida Universitaria y la avenida Venezuela, cuyo paso comprometía terrenos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos[5]; o la construcción del intercambio vial en la avenida 28 de Julio[6], nos brindan un indicador de la recepción y el impacto que tienen las obras. Salvando las distancias con el problema que nos concita, la moraleja es simple pero importante: ir de espaldas a la población es un acto irresponsable que, tarde o temprano, provoca un conflicto social.

En la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad se lee lo siguiente:

“Iniciamos este nuevo milenio con la mitad de la población viviendo en ciudades. Según las previsiones, en el 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará a 65%. Las ciudades son, potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. El modo de vida urbano influye sobre el modo en que establecemos vínculos con nuestros semejantes y con el territorio”. [7]

Bajo esa óptica es previsible que la conflictividad social urbana se incremente por la mixtura de culturas y costumbres que se visualizan dentro de la sociedad. Estas distintas culturas y costumbres pueden tener distintas ideas acerca del concepto de desarrollo. La imposición de un modelo de desarrollo oficial puede generar problemas que, a la larga, provoquen una difícil y hasta conflictiva convivencia entre ciudadanos.

Concluimos que la licencia social es crucial tanto en la prevención de conflictividad social como en la medición del impacto que los proyectos tendrán. Así, la normativa vigente debe hacer énfasis en este punto. No se trata de una autorización vinculante, sino de una herramienta que garantiza a la sociedad ser parte importante en la ejecución de grandes proyectos, informándola sobre el impacto y los beneficios que estos traerán. Es hora de que el Ejecutivo recuerde que es mejor prevenir que lamentar. Realizar o ejecutar una obra sin información ni sensibilización de quienes se verán afectados por esta obra, sea de forma positiva o negativa, es -y lo será siempre- un generador de violencia que afecta las institucionalidad y la democracia.

[1] Véase: http://derechoshumanos.pe/2015/04/el-concepto-de-licencia-social/

[2] Véase: http://socialicense.com/definition_spanish.html

[3] Véase: http://blog.iese.edu/eticaempresarial/2013/09/17/licencia-social-para-operar-un-concepto-interesante-pero-limitado/

[4] Véase: http://larepublica.pe/06-11-2005/sorpresivo-cobro-de-peaje-en-el-callao

[5] Véase: http://larepublica.pe/04-12-2007/alumnos-de-san-marcos-protestan-por-obras

[6]Véase: http://larepublica.pe/sociedad/12642-bypass-de-28-de-julio-ciudadanos-siguen-acampando-en-protesta

[7] http://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc1.pdf

Compartir
Artículo anteriorEnfoque Semanal: del 8 al 14 de enero
Artículo siguienteDerecho Fundamental al Matrimonio Igualitario
Director: Marcelo Castilla | Consejo Editorial: Astridt Chuy, Darío Rodríguez, Flavia Martínez, Julio Casma, Kiara Bazán, Natalia Martinez, Roy Irribarren. Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

No hay comentarios

Dejar respuesta