El 28 de julio de 2017 se cumplió un año desde que Pedro Pablo Kuczynski y su gabinete tomaron las riendas del Gobierno. El inicio de la nueva administración generó muchas expectativas entre los ciudadanos por las interesantes propuestas. Sin embargo, el flamante Poder Ejecutivo se enfrentó a grandes dificultades, las cuales causaron gran insatisfacción, incluso en sus propias filas. En torno a esto, vale preguntarnos: ¿a qué retos se enfrentó el Gobierno? ¿Qué temas quedan pendientes y deben ser resueltos en lo que queda del periodo presidencial?

El aspecto político fue indudablemente el más cuestionado. Y es que a pesar de su victoria en las elecciones presidenciales, el Gobierno se enfrentó a un Congreso de mayoría inquisidora y obstruccionista. Prueba de ello es la persecución ministerial que concluyó con los titulares de las carteras de Economía, Transportes y Comunicaciones y Educación separados de forma hostil. Sobre este punto, el ahora miembro de la bancada fujimorista y recientemente electo Presidente del Congreso, Luis Galarreta, indicó que durante su gestión, el diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo será mayor, sin perder el rol fiscalizador. Estos puentes de comunicación tendrán que ser prioritarios para el Gobierno, a fin de lograr una mayor gobernabilidad y mejorar la imagen del gobierno frente a la población, para así evitar casos como el del aeropuerto de Chinchero en el Cuzco.

En la parte económica, los doce meses del presidente Kuczynski en Palacio no fueron de los más eficientes. Si bien el Perú es uno de los países que más crece económicamente en la región, se prevé una reducción del PBI, es decir, una desaceleración económica. Un repaso de los números muestra que en octubre de 2016, el MEF previó un crecimiento económico promedio de entre 4% y 5%.

Actualmente el FMI proyecta un crecimiento de solo el 2.7% para finales de este año. En el ámbito nacional, son dos las razones que han provocado esta desaceleración. La primera es la paralización de las contrataciones del Estado con empresas vinculadas al escándalo de corrupción Lava Jato. Debido a ello, importantes proyectos que representaban una gran parte de la inversión y ganancias para Estado se vieron perjudicados. Sumado a ello, la paralización de las obras ha generado una inestabilidad en la inversión privada. Considerando esta experiencia, el Gobierno deberá aplicar las medidas necesarias para evitar casos similares en el futuro, por ejemplo la aplicación de las cláusulas anticorrupción, evitar posibles conflictos de intereses, pactar diversas cláusulas que garanticen la ejecución de proyectos en caso se presenten irregularidades de este tipo, entre otras.

La segunda causa es el fenómeno de El Niño. Las consecuencias causadas por el desastre natural afectaron sectores primarios de producción como la agricultura y la pesca. La actual gestión pretendía llevar a cabo un Plan de Impulso Económico denominado Plan 150 mil – debido a la cantidad de empleos que pretendía crear y el aumento de la inversión pública -; sin embargo, el plan se vio empañado por el daño que El Niño causó a la producción agrícola, al transporte y al turismo. Es por ello que la reconstrucción de los sectores geográficos afectados por el siniestro también ha requerido de una alta inversión imprevista por el Gobierno que sin duda afectó -y seguirá afectando- otros proyectos.

En cuanto a tributación, una de las principales promesas durante la campaña presidencial del actual gobierno fue reducir el IGV. En los seis primeros meses de su gobierno, Pedro Pablo Kuczynski promulgó una norma en la que se reduciría el IGV de 18% a 17% para el mes de julio del 2017; sin embargo, pese a los esfuerzos del Ejecutivo de promover la formalidad mediante la reducción de esfuerzos, el objetivo no se concretó. La condición suspensiva a la que el Gobierno de Kuczynski sujetó la reducción del IGV (para el 31 de mayo del 2017, la recaudación del IGV neto de sus devoluciones debía alcanzar el 7,2% del PBI) no fue alcanzada (solo alcanzó el 5,8%), por lo que quedó fuera de agenda la reducción de impuesto. Contrario a lo que se quería lograr, lo que ocurrió fue que se redujo el porcentaje de recaudación del IGV.

En la búsqueda de otras estrategias para fomentar la formalización sin reducir las arcas del Estado, el ejecutivo debe concretar las anunciadas reformas en los procedimientos administrativos.

En el ámbito social, son tres los sucesos más importantes que causaron perjuicio al desarrollo del país. En primer lugar, la ola de desastres naturales producidos por el ya mencionado Fenómeno El Niño, que no golpeaba tanto al país desde hace varios años. Esto generó graves consecuencias como la escasez de agua y alimentos que tuvieron que ser resueltas en su mayoría por el Estado. Esto fue una dura lección para todos -tanto autoridades como ciudadanos- en cuanto a prevención de desastres naturales.

En segundo lugar, al igual que otros países de Latinoamérica, el Perú también fue parte del escándalo de corrupción causado por la empresa Odebrecht. El hecho reveló la falta de institucionalidad y la grave corrupción que afecta nuestro país en distintas modalidades. En lo que queda del periodo presidencial, el Gobierno tendrá que mostrarse con mayor transparencia, evitando y sancionando cualquier caso de corrupción, para poder restablecer la ya dañada confianza por parte de la población.

Por último, las huelgas en sectores como salud y educación vienen perjudicando en demasía a los ciudadanos dada la importancia de estos sectores. Es importante mencionar que en el caso de los maestros, las negociaciones aún no llegan a buen puerto; si la huelga se prorroga, se podría perder el año escolar en el sur del país. Se hace necesario plantear otra vías de comunicación para evitar los conflictos antes de que lleguen al punto de crisis.

Los temas políticos, sociales y económicos del primer año de Gobierno tienen que servir como referencia para evitar futuros errores. La lucha contra la corrupción, prevención ante desastres naturales y conflictos, transparencia y comunicación – tanto con la población como con otros sectores estatales -, reactivación de la economía, formalización del empleo y la mejora de los procedimientos administrativos deben ser algunos de los ejes de trabajo para lo que queda del gobierno de turno. El país ya no puede seguir en un periodo de prueba, sino de buena gobernanza y ejecución.

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