Fue el 25 de junio que Petroperú, a través de un comunicado, confirmó un derrame de crudo. No se trató de la primera ni segunda vez. Esta tercera vez, fue en el distrito Barranco, en la provincia del Datem. En el comunicado se precisó que no se habrían realizado operaciones de bombeo en el oleoducto, pues este se encontraba suspendido. Sin embargo, luego salió a la luz que la empresa petrolera habría, efectivamente, bombeado crudo en el oleoducto sin autorización, cuestión por la que renunció el presidente del directorio y gerente general de Petroperú, Germán Velásquez Salazar. En el presente editorial, explicaremos las consecuencias de los derrames del petróleo ocasionados por Petroperú y precisaremos qué medidas se deben llevar a cabo ante esta coyuntura en aras de apaciguar el daño ocasionado a los pobladores y a nuestro medio ambiente.

Es preciso, en primer lugar, recordar los últimos derrames. El primero sucedió el 25 de enero en el Tramo II del oleoducto, en el departamento de Amazonas: 2 mil barriles de petróleo se vertieron en las zonas aledañas. En un primer momento, Petroperú negó la existencia del petróleo. El segundo derrame sucedió el 03 de febrero en el Ramal Norte del Oleoducto Norperuano ubicado en la provincia de Datem, en el departamento de Loreto. En este se derramaron aproximadamente mil barriles de petróleo[1]. En esta oportunidad, el director de Petroperú señaló que esto fue provocado por “una fuerza externa” y que la infraestructura del oleoducto estaba en perfectas condiciones. En este último derrame, unos quinientos barriles se habrían derramado en la provincia de Marañon, en el departamento de Loreto. Y en esta oportunidad, la empresa estatal había bombeado a pesar de no tener autorización.

Las consecuencias que tenemos de este lamentable contexto, entre ellas, es el daño incalculable a la salud de los pobladores de las zonas aledañas (Amazonas y Loreto), ya que sus principales medios de subsistencia han sido contaminados por el petróleo. De esta forma, se ha envenenado a sus peces por el recorrido del petróleo en los ríos, mientras que el hidrocarburo se ha extendido por parte de sus tierras, afectando las raíces de toda clase de vegetación cercana. Además, otra consecuencia es la sanción económica que trasciende a S/. 10 millones, la cual saldrá del dinero de todos los peruanos; pues al ser una empresa estatal, el dinero que se invierte sale del tesoro público.

Ahora bien, por un lado, el OEFA, mediante la Resolución Directoral No. 012-2016-OEFA/DS, manifestó que Petroperú no cumplió con el mantenimiento preventivo de las tuberías del oleoducto. En este sentido, ordenó que Petroperú presente un proyecto de actualización de su Instrumento de Gestión Ambiental. Asimismo, OSINERGMIN ha iniciado procedimientos administrativos sancionadores deviniendo en multas por no haber adecuado sus instalaciones para mantener la integridad del Oleoducto Norperuano, entre otras de sus infraestructuras. En efecto, desde julio de 2015 hasta ahora, Petroperú ha recibido 21 multas por parte del OSINERGMIN y el OEFA siendo un total de 258,565 Unidades Impositivas Tributaria (UIT). Además de ello, Petroperú lleva seis procesos penales por los delitos de contaminación agravada a raíz de los derrames de petróleo. Cabe cuestionar, entonces, considerando la naturaleza de Petroperú, la actuación preventiva del Estado.

Naturalmente, las medidas anteriormente descritas no han resultado suficientes. El primer error es no darle prioridad a la prevención. En el caso en concreto, la falta de recursos destinados al mantenimiento del oleoducto responden al alto monto invertido al proyecto de refinería de Talara de Petroperú, lo cual le quitó protagonismo y celeridad a la inversión en prevención. Asimismo, se ha evidenciado que también se ignoraron las medidas adoptadas por el Estado en cada uno de los derrames de petróleo. Prueba de ello es la omisión de seguir con el bombeo de petróleo. En efecto, esta reincidencia debe ameritar más que una sanción administrativa por lo que deben seguir las investigaciones penales en curso.

En este sentido, también nos sumamos a las propuestas de Ivan Lanegra en plantear un nuevo sistema de gobierno en Petroperú donde el directorio asegure las mismas preocupaciones en el ámbito privado que se ven en el ámbito público. Agrega que, “Un sistema de gobierno sin castigo a los  funcionarios responsables por las malas decisiones que adoptan, y donde el pago de la multa proviene del presupuesto general, no incentiva a actuar bien. Pero si tuviera consecuencias fuertes, entonces se preocuparían porque todos estos temas sean debidamente atendidos”. Finalmente, otra de las medidas propuestas es la renovación inmediata del oleoducto, en tanto fue instalado en 1974. Por ello, precisa  que es la oportunidad para pensar en la política petrolera que seguirá el país y cómo debemos hacerla sostenible sin afectar los derechos de las personas que viven en zonas aledañas.

Es la tercera vez en el año que ocurre un derrame a nombre de Petroperú. El saldo de este derrame del oro negro ha sido de 435 personas afectadas. Es la tercera vez que Petroperú se excusa o encubre. Es en este contexto que es necesario instar a nuestras autoridades en hacer efectivas las medidas impuestas en aras de la remediación ambiental. Es en este contexto, también, que debemos exigir nuevas políticas. Pero esta vez no es suficiente el papel. Es necesario exigir garantías para que esta vez, la tercera vez, sea la última.

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