Los recientes escándalos de corrupción en nuestro país han demostrado que muchas instituciones no funcionan adecuadamente. Ello ha generado la indignación de la población, exigiendo que se castigue con el peso de la ley a los responsables de estos actos. Así, se han abierto diversas investigaciones penales que tienen como fin identificar a los culpables y determinar sus responsabilidades.

En esa línea, Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), fue entrevistada en el programa Todo se sabe, transmitido por RPP TV. En este encuentro, se le preguntó por la situación del ex Presidente Alan García, en el marco de la investigación del caso Lava Jato. Como respuesta, Príncipe manifestó que aún no se encontraban indicios que vinculen al aprista con este caso. De igual manera, se le consultó si mantenía alguna relación amical con Moisés Tambini, presidente del Tribunal Electoral del partido Aprista, ya que se revelaron fotografías en las que ambos aparecen juntos. Ante esto, ella dijo no reconocerse en esas fotografías y comentó que existía una campaña de desprestigio en su contra.

No obstante, al día siguiente de la entrevista, Príncipe emitió un comunicado en el que admitía ser amiga cercana de la familia Tambini. Asimismo, intentando desacreditar toda posible vinculación con dicho partido, mencionó en el documento que su designación como Procuradora Anticorrupción tuvo lugar en el año 2002, periodo en el que gobernaba Alejandro Toledo. Sin embargo, Príncipe olvidó señalar que su nombramiento como Procuradora de Lavado de Activos se dio en abril del 2009, época en la que García era Presidente, y que en su nominación influyó Moisés Tambini. Las contradicciones de la Procuradora han generado que congresistas de distintas bancadas, e incluso el Instituto de Defensa Legal (IDL), pidan su renuncia.

Ahora bien, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) tiene como función el guiar y supervisar la defensa jurídica de los intereses del Estado. Este Consejo se encuentra a cargo de los procuradores públicos y tiene tres miembros: el Ministro de Justicia y Derechos Humanos o quien lo represente, y dos consejeros designados por resolución suprema al igual que el primero. Los actuales miembros que lo conforman son: Julia Príncipe, Presidenta del Consejo, y Enrique Bernales y Pedro Miguel Angulo, consejeros.

Como se puede colegir, existen deficiencias en los mecanismos de elección del CDJE. Los cargos dentro de este Consejo son cargos de confianza designados por el Ministro de Justicia –incluso es común que el cargo de Presidente lo ejerza el propio Ministro –, nombramiento que finalmente puede perjudicar la autonomía de este órgano.

Recordemos que la función principal de los procuradores públicos es fiscalizar y defender los intereses del Estado; por ello, están propensos a enfrentarse al poder político de turno. Así, un ligero vínculo entre ambos puede impedir un adecuado control por parte de los procuradores sobre el gobierno de turno.

Entre los episodios que demuestran el impacto de las investigaciones impulsadas desde las procuradurías, encontramos, por ejemplo, el ocurrido entre Yeni Vilcatoma y el otrora ministro Figallo. Vilcatoma salió de la Procuradoría debido a la incursión del entonces Ministro de Justicia en la investigación del caso La Centralita. En este proceso, Martín Belaúnde Lossio, amigo cercano de Ollanta Humala, era uno de los principales inculpados.

Asimismo, la investigación por lavado de activos dirigida por Julia Príncipe, cuando era procuradora adjunta de lavados de activos, contra Nadine Heredia puso en jaque al gobierno nacionalista. A causa de ello, se generaron desencuentros mediáticos entre la procuradora y Heredia. Los dos casos planteados acabaron con la salida de ambas abogadas de sus puestos. La lógica detrás de estos eventos consistía en independencia funcional siempre y cuando no se vincule al gobierno de turno.

Ahora, lo comentado constituye una sola línea de la problemática que tan a menudo se presenta. Los vínculos amicales y/o profesionales de las cabezas de las procuradurías suelen estar estrechamente ligadas a algún partido político o líder de estos, lo que, finalmente, obstaculiza la investigación idónea de responsabilidades de altos funcionarios.

Teniendo en cuenta estas imperfecciones, la reforma de cómo se gestionaba la defensa del Estado se tornó imperiosa. En respuesta a ello, se emitió el Decreto Legislativo Nº 1326, Decreto que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. En cuanto al mecanismo de elección del nuevo cargo de Procurador General del Estado, el Decreto Legislativo establece, en su artículo 18º, que será designado por el Presidente de la República, a propuesta del Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Ante ello, el Congreso manifestó que, en aras de la imparcialidad que se quiere alcanzar, deberían ser ellos quienes elijan a los Miembros de una terna de opciones. Por su parte, el Ejecutivo mantuvo su postura de que el procurador(a) sea elegido por el Presidente.

En análisis de ambas alternativas de elección, lo cierto es que, si se busca imparcialidad, es de suma importancia alejar la elección de las manos del Presidente. Sería paradójico que los procuradores estén supeditados al designio del Poder Ejecutivo cuando sus actuales y exfuncionarios, en buena cuenta, son los investigados.

Ante todo lo planteado, resulta claro que seguir con la misma vía electoral de los miembros del CDJE no permitirá a este nuevo organismo ser autónomo. Por el contrario, si se mantiene este sistema de elección, toda la reforma del Sistema de Defensa del Estado corre el riesgo de ser un mero saludo a la bandera. En vista de ello, la vía de elección parlamentaria es la más adecuada. Es necesario revisar los candados que permitan evitar la irrupción del poder de turno en las decisiones propias de los procuradores públicos. Un gran hito en la lucha anticorrupción es permitir que el Congreso elija al próximo procurador(a). Si bien esta medida no solucionará todos nuestros problemas inmediatamente, contribuirá a hacerlo en un futuro no muy lejano.

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