La semana pasada, el hasta entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra, renunció a su cargo causando mucha controversia entre la opinión pública. Sin embargo, lo polémico no solo fue su renuncia, sino que horas antes se resolvió unilateralmente el contrato que se había establecido con el Consorcio Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco. Al día siguiente de esta decisión, el Contralor General, Edgar Alarcón, emitió un informe acerca del proyecto en el cual se da indicios de responsabilidad penal de diez funcionarios -seis del MTC, dos del MEF y dos de OSITRAN- por haber favorecido escandalosamente al Consorcio Kuntur Wasi en dicho contrato y las respectivas adendas. El Consorcio ha mencionado que lamenta que el Estado peruano haya tomado la decisión de resolver el contrato, y aún más, que iniciará las acciones legales correspondientes para exigir indemnización.

Ante dicho panorama, cabe preguntarse si la decisión tomada por el Ejecutivo es adecuada. En otras palabras, ¿cuán beneficioso o perjudicial es para el Estado haber resuelto este contrato de forma unilateral?

La resolución del contrato habría obedecido a las supuestas irregularidades en su constitución y en la de sus adendas, especificadas en el informe que la Contraloría General de la República publicó hace unos días sobre el caso.

Ante esta resolución unilateral del contrato, es posible prever que el Consorcio Kuntur Wasi activará la cláusula N° 16.6, que establece que ante controversias no-técnicas, como de hecho es el caso, el encargado de resolverlas será el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es un tribunal arbitral extranjero con sede en Estados Unidos.

De ser así, este proceso implicaría un gran costo para el Estado peruano. Si bien, no es posible estimar el monto exacto que el Estado invertiría para solucionar la controversia en torno a la resolución del contrato en comparación con su ejecución, sí se puede prever algunos gastos en los que tendrá que incurrir. En primer lugar, el Estado asumiría el costo del centro de arbitraje, lo cual le costará millones de dólares. También tendría que invertir en servicios legales especializados en este tipo de controversias. En caso de que el Estado pierda, deberá pagar los costos y costas, que en derecho se traduce en todos aquellos gastos en que incurriría el Consorcio por haber llevado a cabo el arbitraje; lo cual significa el pago a sus abogados, el pago de gastos de representación, etc. Pero aún más importante, que el Estado pierda la controversia significaría que tendrá que pagar no solo una indemnización millonaria a Kuntur Wasi por los daños y perjuicios que significó la firma del contrato, y por todos los gastos en los que ya habían incurrido hasta este momento; sino también una penalidad por haber resuelto unilateralmente un contrato millonario.

Por otro lado, no solo hay costos monetarios, sino también costos no valorados en dinero pero que son muy importantes. Este caso mostraría al Estado peruano como uno que no cumple con los contratos, lo cual le generaría mucho desprestigio internacional y sería un desincentivo a la inversión privada para realizar actividades en nuestro país. En total, desprestigio internacional no solo frente a empresas sino a otros Estados.

Luego de todo lo expuesto resulta claro que la controversia derivada de esta resolución contractual, de llegar a sede arbitral, implicará para el Estado cuantiosos gastos económicos. Todo este tema ha dejado, además de la renuncia de un Ministro y de funcionarios por presuntos casos de corrupción y favorecimiento ilegal, una gran lección para futuros proyectos: no asumir responsabilidades que de una u otra forma, con su ejecución o con su incumplimiento, van a ser perjudiciales para nuestro país. Si desde un principio el Estado hubiera sido diligente con las negociaciones y la firma del contrato, no estaríamos ante este panorama tan adverso.

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