1. Horas extras como trabajo forzoso

A inicios de este año se emitió el Decreto Legislativo N°1323, el cual modifica el Código Penal al incorporar el artículo 168 inciso B que señala: “el que somete y obliga a otra persona, a través de cualquier medio y en contra de su voluntad, a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no, será reprimido con una pena de entre 6 y 12 años”. Frente a esto, algunos abogados señalan que la norma se extiende para los casos de sobretiempo forzoso en materia laboral.

El sobretiempo son las horas extras voluntarias que realizan los trabajadores. Esta debe ser tanto en su otorgamiento como en su prestación. Está regulada en el Título IV del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, modificado por la ley 27671. En él, se señala que el empleador no puede obligar a realizar el sobretiempo, salvo ciertas excepciones de justificada necesidad. En caso ocurriera, se constituye como una falta administrativa de tercer tipo, y la sanción es netamente monetaria.

El argumento para justificar que el sobretiempo sí se configura como el delito de trabajo forzoso se basa en la naturaleza voluntaria de las horas extras. Es decir, al forzar a continuar trabajando y sin que medie una causa justificada, el empleador pasaría de incumplir una norma con sanción administrativa, a cometer un delito sancionado con hasta 12 años de prisión efectiva. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral indicó que se trata de dos instituciones distintas, pues la norma penal no debe interpretarse de manera literal. En ese sentido, una representante de la mencionada institución indicó que la imposición de horas extras no es un delito, sino una infracción administrativa muy grave.

Es por ello que la prisión resultaría una medida excesiva y desproporcionada con relación a la imposición de horas extras, pues si bien ambas figuras tienen en común la involuntariedad, no presenta el elemento característico del trabajo forzoso: la amenaza de una pena. Según la OIT, esta amenaza puede ser de diversos tipos, como sexual, violación de derechos o violencia física. En el caso del sobretiempo, estos elementos no están presentes.

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  1. Proyecto de ley sobre matrimonio igualitario

El último 14 de febrero, se presentó el proyecto de ley del matrimonio civil igualitario. Este proyecto plantea básicamente tres objetivos. El primero es la modificación del artículo 234 del Código Civil, que regula el matrimonio, de tal forma que pasaría de indicar:

“El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por dos personas legalmente aptas para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común.

Ambos cónyuges tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales.”

El segundo objetivo es eliminar del ordenamiento cualquier norma o disposición que discrimine o limite los derechos de las personas del mismo sexo que contrajeron matrimonio. En otras palabras, cualquier aplicación referente al matrimonio civil incluye también a las personas homosexuales. El tercer y último objetivo es el reconocimiento de los matrimonios celebrados en el extranjero, en concordancia con las normas internacionales.

El 10 de marzo del 2015, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso rechazó un proyecto que ley que buscaba la unión civil entre parejas del mismo sexo. Recientemente, el congresista Alberto de Belaunde volvió a presentar un proyecto con el mismo objetivo. A pesar de que puedan parecer iniciativas similares, la unión civil no es lo mismo que el matrimonio igualitario. Mientras el primero persigue la protección de algunos derechos -en su mayoría patrimoniales-, la figura del matrimonio no solo es más amplia en las atribuciones de cada miembro (llamado cónyuge), sino también está revestida de un significado mucho mayor.

Sin embargo, las opiniones en torno a este tema son bastante polémicas, no solo en el ámbito popular, sino también en el político. Algunos de los principales líderes de la bancada fujimorista -mayoritaria en el Congreso- se han manifestado en contra de estas iniciativas, e incluso ya condenaron el último proyecto por no ser el “sentir de la mayoría de peruanos”. Los miembros de dicha bancada presentaron anteriormente medidas alternas como la unión solidaria. Ello, sumado al alto grado de desaprobación popular según algunas encuestas, dificultan el paso a estas importantes reformas.

Aún si estos proyectos no fueran aprobados, es esencial poner en agenda los temas mencionados con la finalidad de erradicar la discriminación que sufren miles de peruanos y peruanas diariamente.

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  1. CNN sale del aire en Venezuela

La señal de CNN fue bloqueada el miércoles pasado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), entidad que pertenece al aparato estatal venezolano. Esto ocurrió luego de que la cadena americana emitiera un reportaje en el que acusaba a la embajada venezolana en Irak de vender pasaportes a terroristas del grupo Hezbolá, señalando como uno de los responsables al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami.

El reportaje no fue bien recibido por el gobierno de Maduro, quien calificó a la emisora como impulsora de una “propaganda de guerra” en su contra. Así, la Conatel emitió un comunicado ordenando, como medida preventiva, la suspensión de transmisión de la señal de CNN en territorio venezolano por haber difundido “información inadecuada” y “sin pruebas” que atenta contra la “paz y estabilidad democrática” de dicho país.

A raíz del bloqueo de señal, se ha discutido sobre si este suceso representa un atentado contra la libertad de expresión e información. Al respecto, tanto la Constitución venezolana como los distintos tratados internacionales a los que está adscrito Venezuela protegen dichos derechos fundamentales. La Carta Magna venezolana, en su artículo 57 establece que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz (…), sin que pueda establecerse censura”. Sin embargo, en este mismo numeral se establece que está prohibida la propaganda de guerra, calificación que otorgó Maduro a la labor de CNN. 

Ahora, la medida en cuestión no es idónea como medida preventiva puesto que se está impidiendo cualquier forma de expresión a este medio -después de la salida del aire, CNN transmitía su programación a través de YouTube, pero la Conatel ya decidió bloquear de igual forma esta vía-. Julián Jiménez, profesor español, cree que de ser falsa la información presentada por canal americano, la medida adecuada podría ser una multa.

Recordemos que no es la primera vez que el gobierno venezolano decide censurar a los medios informativos. En el 2014, similar situación ocurrió con las cadenas RCTV Internacional y NTN24, así como también se impidió el acceso al portal de noticias Infobae.

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  1. Abren investigación por lavado de activos contra Hiro y Sachie Fujimori

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos inició la investigación preliminar contra Hiro y Sachie Fujimori, hijos del ex presidente Alberto Fujimori, por la comisión del delito de lavado de activos. Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó se levante la inmunidad a Kenji Fujimori, la cual le corresponde por ser Congresista de la República de acuerdo a lo establecido en el artículo 95º de la Constitución. Este levantamiento de la inmunidad parlamentaria se haría con el objetivo de incluir a Kenji Fujimori en las investigaciones por lavado de activos.

La empresa Limasa, la cual pertenece a los tres hermanos Fujimori involucrados, habría crecido de manera precipitada entre los años 2009 y 2014, pasando de tener un capital de 40,000 soles a uno de 2’867,320 soles vertiginosamente. Este incremento habría sido posible gracias a la capitalización de deudas con otras empresas relacionadas también a los Fujimori. La empresa Limasa luego pasó a ser Integrated Global Logistics (IGL), que finalmente llegó a asociarse con la transnacional Sankyo, compañía líder en el negocio de logística marítima.

Cabe mencionar que el delito de lavado de activos consiste en ocultar el origen de bienes o recursos que provienen de actos delictivos. Asimismo, la comisión de este delito podría ser sancionada hasta con 20 años de cárcel. Por otro lado, recordemos que el hecho de ser hijo de un ex presidente no conlleva, ni debería conllevar, a beneficios en los procesos que estos puedan afrontar.

Según la investigación de la fiscalía iniciada el año pasado, existen indicios suficientes para iniciar la etapa de investigación preliminar contra los Fujimori. Ahora, en caso se declare culpables a los hermanos Fujimori, sería muy difícil, en el caso de Hiro y Sachie, tramitar un proceso de extradición desde el Japón, país en el que residen estos últimos. El Perú no tiene un tratado de extradición con el país oriental, y además, en Japón se considera que los nacionales deben ser juzgados acorde a la justicia japonesa.

De hecho, es relevante mencionar que este mismo motivo fue el que impidió la extradición de Alberto Fujimori desde el país del sol naciente.

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