1. Cierran el Congreso en Venezuela

El pasado jueves 30 de marzo, el Tribunal Supremo de Venezuela, a través de una sentencia, declaró que ejercerá las funciones legislativas del país “mientras persistan la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional.” Según el Tribunal, la Asamblea ha cometido acciones indebidas al no apartar a dos representantes acusados de comprar votos en las elecciones del año 2015, lo cual muchos han declarado como solo una excusa, ya que dichos representantes ni siquiera ejercían funciones por decisión de la propia Asamblea. Finalmente, un grupo de opositores protestaron a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, donde sufrieron agresiones por parte de los efectivos de la guardia nacional.

Debido a estos acontecimientos, la oposición venezolana calificó a esta acción como un trágico golpe a la democracia dado por el gobierno de Nicolás Maduro. La coalición opositora llamada Mesa de Unidad Democrática considera que esa acción es una medida desesperada de un gobierno que agoniza y que se ha tornado insostenible. Entre tanto, Lilian Tintori, esposa del líder de oposición Leopoldo Lopez, viajó hasta argentina para pedir respaldo y solidaridad con el pueblo Venezolano ante esta crisis política.

En nuestro país, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se sumó al rechazo ante esta acción. En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú emitió un comunicado, a través de sus redes sociales, en el que condena lo sucedido debido a que “violenta al Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela”. Asimismo, se anuncia que el gobierno peruano retirará a su embajador en Venezuela. Por último, se menciona también que “se han iniciado consultas con países miembros de la Organización de Estados Americanos para que, en el marco de la carta democrática Interamericana, se adopten con mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente del orden constitucional y democrático en Venezuela.”

Ante esta situación, se ha sugerido que la Organización de los Estados Americanos (OEA) debería activar la llamada Carta Democrática, la cual consiste en una sanción política y económica contra aquel Gobierno que haya dado un golpe tan duro a la democracia que se considere un “obstáculo insuperable” en su participación en la Organización. En otras palabras, sería suspendido de la OEA y además bloqueado de cualquier ayuda económica por parte de algún organismo interamericano de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo. De forma gráfica, sería equivalente a que la OEA declarará a Venezuela como “régimen no grato”.

Días después de sucedido todo esto, debido a la presión de la cantidad críticas que recibió esta decisión del Tribunal Supremo, Nicolás Maduro decidió formar convocar a un consejo de seguridad para tomar decisiones acerca del tema, el cual finalmente exhortó al Tribunal Supremo a que revise la sentencia. Finalmente, el Tribunal emitió dos nuevas sentencias (158 y 159)  en las que devolvía a la Asamblea sus capacidades legislativas y restituía el régimen de inmunidad parlamentaria para los representantes.

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2. ¿Control de medios?

La semana pasada fue presentado el proyecto de ley N° 1027/2016, Proyecto de Ley que Protege las Libertades y Derechos Informativos de la Población, por parte las congresistas Úrsula Letona y Alejandra Armayo, miembros del grupo legislativo de Fuerza Popular.

Este proyecto, en su artículo 2, proponía impedir que personas investigadas por delitos de corrupción accedan a cargos directivos en las empresas de medios de comunicación así como ser accionistas de las misma. Asimismo, en el artículo 3 de la norma, se establecía crear una veeduría ciudadana a cargo del Ministerio de Transportes y comunicaciones, con el objetivo de facilitar el “derecho a la información neutral, objetiva y desinteresada que deben ejercer los medios de comunicación dentro de la libertad de expresión.”

Frente a esto, se manifestaron en contra distintos grupos periodísticos como La República y El Comercio. Otro organismo que criticó la norma fue la Defensoría del Pueblo, cuyos representantes manifestaron que se estaría vulnerando el derecho a la libertad de expresión debido a que bastaría una simple denuncia de cualquier personas para inhabilitar a los directivos de los grupos editoriales y de prensa. Asimismo, también se estaría violando el principio de la presunción de inocencia, ya que el proyecto no estaría diferenciando entre las personas acusadas y las sentenciadas por corrupción.

Finalmente, el proyecto fue retirado. Sin embargo, a los pocos días fue presentado un nuevo proyecto con dos modificaciones que siguen las sugerencias brindadas por la Defensoría. En primer lugar, el nuevo proyecto establece que para ser impedido de ejercer la dirección de una empresa de medios de comunicación la persona deberá ser sentenciada por corrupción y ya no simplemente acusada. Por otro lado, se retiró la propuesta de crear una veeduría ciudadana a cargo del MTC.

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3. Intento de permitir reelección presidencial termina en violencia en Paraguay

La causa que desencadenó las violentas reacciones ciudadanas en contra del Congreso paraguayo (quema del edificio legislativo, destrucción del mobiliario y desmanes) fue la aprobación de un proyecto de reforma constitucional que permitiría la reelección presidencial.

Ante la cercanía del término de la gestión presidencial de Horacio Cartes (2013-2018), el Partido Colorado, conservador partido oficialista, y el Frente Guasú (izquierda), han formado una inédita alianza política cuyo fin es lograr, entre ambos, una enmienda constitucional que permita al Presidente reelegirse. El escenario buscado en los próximos comicios es tener a Cartes y Lugo (presidente destituido por el Congreso en el 2012) compitiendo por el poder, desde sus propios frentes.

La manera de lograr sus cometidos, desde el oficialismo, fue presentar un proyecto de reforma constitucional del artículo 229 de la Constitución paraguaya, cuyo texto prohíbe la reelección del Presidente y los vicepresidentes.

Este artículo es particularmente sensible para la memoria histórica del mencionado país. La presente Constitución, aprobada en 1992, fue producto de la vuelta de la democracia a Paraguay, después de haber sufrido la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989). Por esa razón, cualquier intento de darle continuidad al poder, es visto con un intento golpista y dictatorial.

Sin embargo, el último martes, se iniciaron los debates en la Cámara de Senadores. Las posturas dentro de ella fueron contrapuestas, incluso entre los oficialistas. Ante la división de los senadores, el viernes se reunieron 25 de los 45 senadores en el despacho del Frente Guasú. En esta reunión se decidió, sin la presencia del presidente del Senado, aprobar un cambio en el reglamento de la Cámara, con lo cual no podría oponerse a la aprobación del proyecto y así pueda ser discutida y lanzada a referéndum nacional. Es en ese contexto, que la oposición mostró su rechazo total dentro y fuera del Congreso.

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4. EE.UU.: Ley permitirá a proveedores de internet vender información de usuarios

Con 215 votos a favor (todos republicanos) y 205 votos en contra (entre demócratas y republicanos), la Cámara de Representantes ratificó una ley que permite a las empresas prestadoras de conexión a internet poder disponer de la información de sus usuarios completamente. Aunque falta la firma del presidente Trump, las reacciones en contra sea han dejado notar.

La presente regulación niega los lineamientos legados por Barack Obama, en cuanto a la necesaria autorización del usuarios para la disposición de su información: historial de búsqueda,  localización, tiempo que pasa navegando en una página específica, Información financiera, Información médica, Información sobre niños, Números de seguridad social, Historial de búsqueda, Registro del uso de aplicaciones, Contenido de las comunicaciones. Asimismo, se disponía que el usuario sepa a quién se comparte y qué información a terceros. Sin embargo, a partir de esta nueva legislación, esto no será posible.

La presente normativa prevé que esta información podrá ser vendida por defecto, a menos que el usuario exprese su negativa. Este ha sido una batalla ganada por empresas proveedoras como Verizon, At&T o Comcast, en cuanto al pedido de alinear los controles a los que mantienen Google o Facebook.

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