1. 20 millones de dólares en coimas a Toledo

En los últimos días, se reveló el nombre de otro de los involucrados en el escándalo de corrupción entre la empresa brasileña Odebrecht y altos funcionarios peruanos. Se trataría del ex Presidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, quien habría recibido 20 millones de dólares de parte de Jorge Barata, ex director ejecutivo de Odebrecht.

Estos pagos ilegales tuvieron lugar del 2005 al 2008 aproximadamente, por la construcción de algunos tramos de la carretera interoceánica. Estas fechas coinciden con la información recibida, según la cual Odebrecht habría invertido 29 millones de dólares en coimas a autoridades entre los años 2005 y 2009. Es decir, casi el 70% del dinero que Odebrecht pagó a funcionarios peruanos en este periodo fue solamente para Alejandro Toledo. Esta información provino del propio Jorge Barata, quien se sometió a un régimen de colaboración eficaz con la fiscalía brasileña. Es decir, dio información valiosa para la fiscalía a cambio de beneficios procesales y penales.

En el marco de este caso, llamó la atención la relación finalizada entre Alejandro Toledo y sus abogados, pertenecientes al estudio Valle-Riestra. El 3 de enero, el estudio emitió un comunicado en el cual informó que dejaría de patrocinar al ex Presidente. Aunque comunicaron que dicha situación se debía a temas estrictamente contractuales, la decisión del estudio ha generado algunas críticas de parte de la sociedad civil; algunos consideran esta acción poco ética, mientras que otros sostienen lo contrario.

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro aún no ha solicitado prisión preventiva para Alejandro Toledo. Es necesario mencionar que a la fecha, el ex presidente se encuentra fuera del país. Por su parte, el Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, afirmó que de solicitarse la prisión, se tendría que convocar a una audiencia de tal forma que ambas partes puedan presentar sus descargos. Para que esto suceda, Alejandro Toledo tendrá que volver a Perú.

Fuentes recomendadas:

2. Huaicos y desastres en el Perú

En las últimas semanas, muchas regiones del Perú han sido víctimas de una situación de emergencia y permanente alarma por los desastres naturales que han venido tomando lugar. Piura, Tumbes, Chiclayo, Huancavelica, Ica, Lambayeque, La Libertad, y Lima, son algunas de las regiones que se han visto afectadas debido a los huaicos, subida de la afluencia en los ríos, derrumbes, etc. Una de las zonas más afectadas por las lluvias fue Piura, donde 156 casas fueron inundadas, dejando en situación de vulnerabilidad a casi 8000 personas. Como consecuencia de los huaicos en Lima, SEDAPAL vio conveniente cortar el servicio de agua algunos días. Por otro lado, en lugares como Lambayeque, las autoridades vieron necesario cortar el servicio eléctrico para evitar cortos circuitos.

Uno de los principales organismos encargados de este tipo de emergencias es el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Como señala el Artículo N° 82 del Decreto Supremo N° 43-2013, este organismo tiene la tarea de “Monitorear y gestionar información en forma permanente sobre peligros, emergencias o desastres y peligro inminentes que afecten el territorio nacional.” Efectivamente, el INDECI ha estado presente en muchas de las zonas afectadas por los desastres ayudando a la población, tratando de solucionar los problemas causados e informando constantemente a demás autoridades y sociedad civil.

Otro de los organismos cuya función está relacionada con el tema de desastres naturales es el Ministerio de Defensa. Tal como se menciona en el inciso 6 del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1134, es función del Ministerio de Defensa “participar en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo a Ley”. De hecho, el MINDEF liderará el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Esta acción se realizó con la intención de fomentar la prevención de desastres.

La prevención tiene una gran importancia que, lastimosamente, no ha sido debidamente considerada por las autoridades en los últimos años. En primer lugar, los primeros meses del año generalmente están caracterizados por el acontecimiento de huaicos y desastres debido al aumento de lluvias en la sierra; a pesar de ello, cada vez que sucede un desastre, las autoridades parecen sorprendidas como si nunca hubieran ocurrido estos fenómenos. En segundo lugar, dado que el planeta entero está siendo parte de una etapa de cambio climático producto del calentamiento global, se hace aún más necesaria la prevención en caso de desastres, pues se incrementan las situaciones de riesgo.

Es un hecho sorprendente que, en el caso del desborde del río Huaycoloro, no se haya llevado a cabo ninguna acción preventiva a pesar de que ya había ocurrido un suceso similar en los años 90. Manuel Luque, especialista en desarrollo sostenible, opina que incluso la legislación relacionada con el tema de prevención de desastres está desordenada y es muy poco útil: “Hay conflictos y colisión de competencias y, al final, la tarea que dicen era de “todos” resulta ser de nadie. Lo que cualquiera pudo haber hecho nadie lo hizo. No hay una autoridad que asigne responsabilidades definidas, con alcances de lo que debe hacer cada entidad, con plazos y presupuestos. No hay rendición periódica de cuentas en el avance de lo acordado ni indicadores de desempeño.”

Los desastres ocurridos en las últimas semanas solo han evidenciado lo que ya conocíamos hace tiempo: que en cuanto a prevención, aún nos falta un largo camino por recorrer.

Fuentes recomendadas:

3. Polémica en torno al aeropuerto de Chinchero

Durante las últimas semanas, el Ejecutivo y el Congreso de la República han manifestado posiciones contrarias respecto a la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco. Esto se debe a que, según el Legislativo, el contrato de Asociación Público – Privada que firmó el Estado con el consorcio Kuntur Wasi, compuesto por Andino Investment Holding S.A. (AIH) y Corporación América S.A, genera un sobrecosto al Estado. Además, según indica Víctor Andrés García Belaunde, congresista de Acción Popular, los representantes del consorcio mencionado estarían vinculados con funcionarios del Estado. Este es el caso de Ximena Zavala, hermana del Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quien se desempeña como gerente de Asuntos Corporativos de AIH.

Por su parte, el Gobierno sostiene que la construcción de este aeropuerto es de suma importancia para el departamento de Cusco, ya que tendrá capacidad para movilizar seis millones de pasajeros al año y facilitará una mayor exportación de productos andinos con otros países como Brasil, Chile, Bolivia. Además, permitirá el crecimiento local al crear más de 2.500 puestos de trabajo para los cusqueños.

Con respecto a este polémico caso, Martín Vizcarra criticó el diseño del contrato al alegar que el error consistió en la falta de un tope de intereses y detalló que no se anuló el contrato porque eso requería someter a concurso nuevamente la concesión y se podría afrontar un juicio internacional contra el concesionario Kuntur Wasi.

Finalmente, el pasado viernes se inició la construcción del aeropuerto pese a las críticas citadas. Esto sucedió dos días después de una manifestación en Cusco a favor del contrato y donde se exhortaba a la comisión Lava Jato explicar su oposición hacia la adenda del mismo.

Fuentes recomendadas:

4. Impunidad en el Caso Comunicore

El pasado miércoles, el Poder Judicial absolvió a 14 ex funcionarios de la primera gestión municipal de Luis Castañeda, quienes estuvieron implicados en el llamado ‘Caso Comunicore’.  La denuncia de este polémico caso, realizada hace siete años, sostenía que durante la gestión de Castañeda se benefició, con un monto superior a los S/35.9 millones, a una empresa “fantasma” llamada Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A. (Comunicore) . Entre los ex funcionarios municipales absueltos se encuentran: Juan Blest García, Carlos Chávez Málaga, Ángel Pérez Rodas, Daniel Arias Donayre y Sergio Guerra Castillo.

Según la decisión unánime de la Sexta Sala Penal con Reos Libres, los delitos de malversación y colusión por los que se les inculpaba habrían prescrito por motivos constitucionales, ya que fueron cometidos hace una década. Adicionalmente, alegaron que la fiscalía no brindó pruebas contundentes que demostraran el perjuicio económico causado al Estado; por lo tanto, no se trataría de un delito de colusión agravada sino de una simple.

Frente a esta decisión, la Fiscalía mostró su rechazo al presentar un recurso de nulidad, mientras que la Procuraduría Anticorrupción apeló el fallo.

Fuentes recomendadas:

No hay comentarios

Dejar respuesta