Por: Javier Alonso de Belaunde. Abogado PUCP, ex Director de THEMIS-Revista de Derecho[1].
Las autoridades y nuestra sociedad vienen perdiendo por goleada el partido contra la violencia en el fútbol. Las ofensas racistas, homofóbicas y machistas, como el lanzamiento de objetos, contra aficionadas, árbitros y jugadores son cuestión de todas las fechas. Mientras que las noticias de heridos y muertos con ocasión de un partido reaparecen cada cierto tiempo en las portadas de los diarios. Con ellas llegan medidas coyunturales e improvisadas, buscando atacar el problema.
Así, los aficionados han visto cómo se cierran las tribunas populares, se limita la venta de entradas por debajo de la capacidad de los estadios, se ordenan partidos sin público, se les obstaculiza asociarse en barras, se les obliga a registrarse previamente, se les reprime sin distinción e, incluso, se les prohíbe ingresar a los estadios con una correa en el pantalón, sin polo, con las caras pintadas, banderas e instrumentos musicales.
Todas estas medidas que pretenden realizar el bien constitucional de la seguridad ciudadana tienen incidencia sobre los derechos fundamentales de los hinchas y los clubes. En ese sentido, para que esta intervención sea válida, debe cumplir con ser razonable y proporcional. Y es que en un Estado Constitucional de Derecho se controla el fin y se controlan los medios, no siendo todos legítimos.
Este análisis, simplificadamente, implica someter a cada medida que afecta derechos fundamentales a las siguientes preguntas: ¿la medida busca garantizar o realizar un derecho, principio o bien constitucional (razonabilidad)? ¿La medida es útil para alcanzar ese objetivo (idoneidad)? ¿Existen medidas alternativas menos lesivas que permitan alcanzar el mismo objetivo (necesidad)? ¿Los perjuicios que genera la medida son mayores a los beneficios (proporcionalidad)?
Lamentablemente, las medidas que se vienen estableciendo no cumplen con superar este análisis. Así, por ejemplo, cerrar las tribunas populares de los estadios difícilmente será una opción idónea para evitar que los violentos actúen en los alrededores del estadio o en las tribunas que sí fueron abiertas. Por otro lado, es fácil pensar medidas alternativas que permitan abrir las tribunas populares incrementando su seguridad, la más obvia (no muy creativa y, ciertamente, lejos del ideal): incrementar el número de agentes de seguridad públicos y privados en esos espacios. La lógica de cerrar tribunas para evitar la violencia, es una medida burda, cual si se impidiera hacer retiros bancarios en aras de combatir a los «marcas». Además, no se puede soslayar que el cierre de las tribunas populares penaliza discriminatoriamente a los hinchas de menos recursos. La violencia, ya lo hemos visto, no se define en función de la billetera.
Pero el desconcierto frente al problema no es sólo patrimonio de las autoridades. Hace unos días, el editorial del diario El Comercio propuso como una solución a la violencia que los equipos cambien de forma organizativa, esto es, que dejen de ser asociaciones (finalidad no lucrativa) y pasen a ser sociedades anónimas (finalidad lucrativa)[2]. La tesis es que estos problemas no se presentarían «si nuestros clubes fueran sociedades anónimas con dueños velando porque su inversión tenga resultados«. Se afirma que la medida no sólo desterraría la violencia en el fútbol, sino que mejoraría las chances de clasificar a la selección peruana a un Mundial.
Las sospechas de que esta propuesta simplifica en demasía las cosas y responde a un sesgo ideológico antes que a una reflexión, pretenden ser atajadas rápidamente por el propio editorial: «existe abundante evidencia empírica internacional de lo que decimos. Un ejemplo emblemático es el de la Inglaterra de los ochenta«. Sin embargo, no solo la experiencia internacional muestra un gran número de equipos sin fines de lucro exitosos en la organización de partidos sin violencia (Barcelona, por ejemplo), sino que es preciso advertir que las sociedades anónimas no derrotaron a los Hooligans.
El hooliganismo, que fuera conocido como la «enfermedad» o el «mal inglés», no fue mitigado porque los equipos pasaran de ser asociaciones a ser sociedades anónimas. De hecho, los equipos ingleses ya en la década de 1890 eran mayoritariamente sociedades anónimas y casi todos habían adoptado dicho modelo organizativo para 1920[3]. Es decir, cuando los hooligans campeaban en las tribunas y alrededores, los equipos tenían al menos sesenta años con un dueño claramente definido.
¿Qué ocurrió en Inglaterra entonces? El gobierno comprendió que estaba empleando medidas inconducentes para atacar un problema que comprometía su rol frente a la seguridad ciudadana en un espacio valioso de la comunidad que quería preservar, y modificó su estrategia. En ello fue clave comprender que los violentos eran una minoría y que era preciso distinguirlos de los aficionados, hinchas y barristas pacíficos.
Entre las medidas adoptadas que resultaron ser efectivas, cabe destacar: (i) un nuevo marco normativo estableciendo delitos especiales y medidas complementarias, como la posibilidad de suspender el ingreso de los responsables a los estadios hasta por diez años; (ii) cooperación estrecha de la policía con los clubes y las organizaciones de hinchas; (iii) división de funciones, especialización y entrenamiento constante. La policía mantuvo la responsabilidad de actuar frente a los delitos, pero los clubes introdujeron agentes privados (stewards) que complementan su función y se preocupan en un plano más amplio por la seguridad del aficionado; (iv) se incorporó la tecnología: los estadios se llenaron de cámaras que permiten hacer acercamientos con nitidez, seguir a los violentos e identificarlos. Todas éstas fueron operadas conjuntamente por personal de los clubes y la policía, con sistemas de comunicación con los agentes a nivel de cancha y tribunas.
El Home Office británico ofrece estadísticas[4] respecto a la lucha contra la violencia. Así, se puede saber cuántas detenciones hubo dentro y fuera de la cancha por cantos racistas o lanzamiento de objetos y cómo se compara esta información con las temporadas pasadas. Un dato interesante, por ejemplo, es que el 92% de los hinchas que fueran sancionados con la suspensión de ingreso a la cancha por un período no volvieron a estar involucrados en incidentes luego de cumplida la sanción.
Esto no debe llevar a pensar que el recetario inglés debe ser asumido acríticamente en nuestra realidad. Son medidas planteadas para un contexto cultural, social y económico particular y que requieren revisión. Por ejemplo, hoy se cuestiona que como parte de las medidas se haya forzado a los clubes a eliminar las zonas de las tribunas para público de pie por asientos. Ello debido a que no sólo resultó en que el ambiente de los estadios decayera, sino porque redujo la capacidad de los mismos, trayendo como consecuencia que subiera el precio de las entradas y que se dejara a muchos hinchas sin poder costear el boleto. En el fútbol alemán, por ejemplo, ante la misma problemática, optaron por una medida alternativa: mantener zonas de aficionados de pie, pero haciéndolas más seguras.
Sin perjuicio de ello, lo sucedido en el fútbol inglés señala una experiencia que nuestras autoridades debieran estudiar con mayor detenimiento antes que copiar medidas del fútbol argentino, quizás el peor referente en lo que lucha contra la violencia en el fútbol se refiere. La necesidad de enfoques menos represivos que incentiven y potencien las conductas positivas de las organizaciones de hinchas en la comunidad tampoco debe ser pasada por alto. Es claro que la violencia en el fútbol debe ser desterrada, pero no a cualquier costo. Se precisan medidas inteligentes, razonables y proporcionales que respeten los derechos de los aficionados y clubes.
[1] Se cumple con poner en consideración del lector que el autor es asociado del Club Alianza Lima.
[2] http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-barras-mansas-noticia-1719868
[3] SZYMANSKI, Stefan y Stephen HALL. “Making money out of football”. p. 3. Se cita versión en línea disponible en: http://www1.imperial.ac.uk/resources/cb3ccd84-f9be-4340-ab27-e1941cd4aa2e/makingmoneyoutoffootball.doc
[4] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/248740/Football_Arrest_BO_Statistics_2012-13.pdf
