Artículo escrito por Sheyla More Sánchez y Brunella Rodríguez Giorgio, estudiantes de la Facultad de Derecho y miembros de Khuska, el Programa de Desarrollo de THEMIS.

Los derechos humanos son relaciones que vinculan a todas las personas por la sola condición de ser humano y que versan sobre los elementos más entrañables a este (tales como vida, integridad, igualdad, propiedad, entre otros). Se fundamentan en la dignidad humana y son reconocidos por la legislación para darles mayor eficacia (Nuñez 2002: 32-35). Los pueblos indígenas son definidos por las Naciones Unidas como conjuntos de personas “tribales, aborígenes y autóctonos que han preservado un vasto acervo histórico y cultural de la humanidad” (Ki-moon 2010). Como personas son titulares de todos los derechos inherentes a estas; pero, además de ello, se les ha reconocido otros propios en normas internacionales -tales como los artículos 13 a 19 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica– y nacionales -mediante el artículo 149 de la Constitución y la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas. No obstante la materialización de dichos derechos en normas, estos pueblos son considerados como uno de los grupos más desfavorecidos del mundo en la actualidad.

Ahora bien, la situación de dichas comunidades en el Perú corresponde a cómo el Estado ha venido efectivizando sus derechos. Las cifras reflejan que esta población pertenece a uno de los sectores “con mayor pobreza y exclusión en el país, lo cual ha implicado su poca participación en la sociedad y la restricción en el ejercicio de sus derechos” (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 2005: 21), y la realidad refleja que existen proyectos en sus territorios que están siendo ejecutados sin consultárselos causando perjuicios ambientales y humanos. Este es el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas, la cual se encuentra altamente contaminada debido al ingreso no autorizado de mineros informales, quienes ocasionan la emisión de altos índices de mercurio, y taladores ilegales (EXP N°0193 I -2013-PHC/TC). Otro caso se dio entre fines del 2011 y principios de 2012, cuando se iba a dar inicio al ambicioso Proyecto Conga de la minera Yanacocha. Esta empresa tenía proyectado vaciar cuatro importantes lagunas de la zona que constituían la matriz hidrográfica de las actividades agrícolas y ganaderas de las comunidades campesinas aledañas.

Sin embargo, estas situaciones se dan en aras de efectivizar otros derechos también contenidos en la Constitución que parten de esta misma idea de dignidad humana, los llamados derechos económicos. ¿Hacia qué rubro canaliza su interés nuestro Estado? El Perú es conocido como un país en vías de desarrollo, que en los últimos años ha tenido un nivel de crecimiento notable respecto a otras economías del mundo y donde “las actividades primarias seguirán acelerando el crecimiento y dinamismo de su economía” (BBVA Research 2016). Peña Jumpa afirma que en nuestro país se ha creado un desarrollo económico basado en la idea del crecimiento perpetuo (Khuska 2016). Esto se demuestra con la exposición de motivos del Congreso Constituyente, donde Torres Lara afirma que en aras de ir conforme a la realidad mundial se debe privilegiar la economía de mercado, siendo “el mundo de hoy de lucha empresarial, de tecnología y de capacitación” (citado en Chanamé 2009: 272); con ello se trata de imponer un sistema económico que invisibiliza ciertos sectores de la población, en los cuales existe un modelo basado en la reciprocidad y el bienestar colectivo.

El Perú, en el ámbito legal, se presenta como una economía social de mercado. Este término no está dotado de un contenido específico, ya que se trata de “una cláusula abierta que nos hace entender que las reglas de la economía deben regirse fundamentalmente por los mecanismos que proporciona el mercado, pero también el Estado tiene deberes ineludibles que cumplir” (Kresajla 2012: 100). A simple vista, esta Constitución es más liberal que la anterior; no obstante se ha incluido el carácter “social” en las diversas interpretaciones que da el Tribunal Constitucional a los derechos económicos tipificados en la Carta Magna. Así, nuestra economía se rige bajo los principios de bienestar social, mercado libre y subsidiariedad (Chanamé 2009: 272).

Sin embargo, en la realidad, la explotación de los recursos naturales se ha convertido en una de las áreas más atractivas de la inversión extranjera promocionada por el Estado. Al lado de la explotación de metales, el Estado ha priorizado la inversión en la extracción de hidrocarburos para lo cual ha fraccionado en lotes casi todo el país, para luego ofrecerlos en mercados extranjeros y otorgarlos a empresas transnacionales para su exploración y explotación mediante contratos de largo plazo (Huamán 2013). Todo por el crecimiento económico. Peña Jumpa advierte que la justicia social no se logra necesariamente a través de este, pues se focaliza en la búsqueda de capital de inversión, y no en atender derechos humanos como salud y educación en equidad. Además, agrega que “solo si cambiamos este paradigma por otro basado en la satisfacción humana o bienestar humano, pondríamos atención en una convivencia política, social, económica y cultural que haga posible una dinámica diferente en la sociedad y el desarrollo de la personal” (Khuska 2016).

La forma en la que se presenta el Estado dificulta que, aun en periodos de crecimiento, muchos ciudadanos tengan acceso a servicios elementales y se efectivicen sus derechos fundamentales. El modelo institucional impide que millones de habitantes inviertan, accedan a la propiedad y al crédito o que simplemente tengan agua, electricidad, seguridad y educación básica (Mendoza 2007:136). “El Estado en el Perú es patrimonio, no Estado, por eso no funciona en la medida de lo que se espera de él” (Mendoza 2007: 137). Las brechas de desigualdad aumentan, a pesar del crecimiento económico. Los pueblos indígenas continúan en estado de dependencia y subordinación frente al gobierno, a pesar de contar con los elementos necesarios para su autonomía. Dicha subordinación es generada debido a la situación de pobreza promovida en gran parte por la contaminación de su ecosistema y forma de vida, lo cual impide que realicen sus actividades de sobrevivencia con normalidad.

Entonces, si todos los hombres tienen derechos por la sola condición de serlo, no hay motivo por el que se privilegien unos de ellos efectivizando una situación mientras se vulnere el contenido esencial de otros. Si en la teoría y en la base legal están contenidos principios y deberes que han sido reconocidos por el pueblo y el gobierno, no hay razón para que no se esté ejecutando en la realidad. Se debe formar “un ordenamiento global con fundamento ético que integre la competencia en normas racionales y unitarias configurándola de modo compatible con la realidad social, medio ambiental y humana, pero que en modo alguno debe confundirse con una economía centralmente planificada” (Kresalja 2012: 53). Debemos “tener en cuenta que la economía y el Estado existen en orden al hombre” (Kresalja 2012: 25), y no el hombre al servicio de ambos.


BIBLIOGRAFÍA

NUÑEZ, Waldo y NUÑEZ, Cledy

2002         Curso de derechos Humanos. Parte General. Tomo 1. Lima: WNM editores.

KI MOON, Ban

2010        Mensaje en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Consulta: 7                de marzo del 2016                             l

COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

2005        En defensa del territorio de los pueblos indígenas: Un acercamiento a la problemática de las tierras de los pueblos indígenas. Lima: Intermón OXFAM, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo Permanente Sobre Pueblos Indígenas Derechos Humanos y Diálogo Intercultural.

BBVA RESEARCH

2016      Situación Perú. Primer trimestre 2016. Lima, consulta: 7 de marzo del 2016.                      https://www.bbvaresearch.com/wpcontent/uploads/2016/02/Situacio%CC%81n-                 Peru%CC%81- 1T16_presentacio%CC%81n.pdf

KHUSKA

2016     “Entrevista a Antonio Peña Jumpa sobre el Día Internacional de la Justicia Social”. En Enfoque Derecho. Consulta: 5 de marzo del 2016. http://enfoquederecho.com/espacio-sostenible/entrevista-a-antoniopena-jumpa-sobre-el-dia-internacional-de-la-justicia-social/

CHANAMÉ, Raúl

2009     “Exégesis de la Constitución Económica”. Revista Oficial del Poder Judicial. Lima,                número 5, año 3, pp. 253-283.

KRESAJLA, Baldo y OCHOA, César

2012    El régimen económico de la Constitución de 1993. Lima: Fondo Editorial de la                    Pontificia Universidad Católica del Perú.

HUAMÁN, Gloria

2013    “Pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonía peruana: El derecho inherente al            territorio ancestral y la explotación de hidrocarburos”. Revista electrónica de                     Derecho Ambiental. España, número 24. Consulta: 7 de marzo del 2016.                           http://huespedes.cica.es/gimadus/24/04.html

MENDOZA, Raúl; URRUTIA, Jaime y WILHEIMI Nikolai

2007     Gobernabilidad y desarrollo ¿cumbre inalcanzable? Las perspectivas del sur                       andino peruano. Lima: Comisión Andina de Juristas

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