La constante histórica de la civilización es que el ser humano ha vivido más años en guerra que en paz, según Toynbee.  Nos referimos no solo a las guerras internacionales, sino también a las guerras civiles y  los conflictos internos. Por eso modernamente, el Derecho Constitucional y en particular el Derecho Internacional han surgido como formas jurídicas de garantizar la paz y/o procesar el conflicto, mediante el establecimiento de un orden jurídico que reconozca derechos a los Estados, como libertades a los pueblos y a sus ciudadanos.

 En la historia moderna, ante la imposibilidad de que unos Estados derroten a otros Estados durante las guerras de religión, por ejemplo, Maquiavelo en “El príncipe” buscó secularizar el poder de la autoridad, mediante la razón de Estado, y, posteriormente, ante las guerras territoriales de los Imperios,  Inmanuel Kant, en “La  Paz Perpetua” buscó refundar la relación entre los Estados en base a los derechos humanos –libertad, igualdad, autonomía-. Pero, sólo después de la II Guerra Mundial se logra establecer un derecho a la paz y a la seguridad, dejando atrás el derecho a la guerra –ius belli-, con la constitución de la Carta de las Naciones Unidas. Así como, también se dictan las convenciones y cartas sobre derechos humanos en Europa, América y en África.

 Lo cual ha evitado nuevas conflagraciones mundiales, pero no las guerras regionales, ni los conflictos internacionales o locales en lucha contra el terrorismo o por exigencias  territoriales; situaciones que generan dramas humanos propios de los conflictos bélicos –muertos, heridos, refugiados, etc.-, sobre todo en las poblaciones civiles más vulnerables –mujeres y niños-. En ese sentido, los instrumentos y mecanismos internacionales y nacionales basados en el Derecho son puestos a prueba permanentemente, a través del derecho internacional humanitario y la protección de los derechos humanos. En unos casos fracasando; pero, en otros encausando los conflictos y/o pacificándolos, abriendo paso a la reconstrucción de la paz, mediante la llamada justicia transicional.

 Ese es el caso de Colombia, donde el Gobierno del Presidente Santos en diálogo y negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), después de 50 años de conflicto  interno sin un vencedor, han decretado el cese al fuego y suscrito un Acuerdo Final de Paz. Proceso que ha contado con el auspicio y respaldo del Secretario General de las Naciones Unidas, de Presidentes y Jefes de Estado de América y Europa –como Obama, Putin,  el Papa Francisco-; porque se enmarca en los principios universales contemporáneo de vivir y buscar la paz, en base al Derecho. Pero, como en todo proceso de negociación post bélica las partes dejan de ser enemigos, para convertirse en adversarios –aunque no sea inmediatamente-; permitiéndose entonces concesiones mutuas razonables, que tiene costos para las partes e incluso para terceros.

 En dicho Acuerdo de 297 páginas se establecen entre otros temas  reglas sobre el fin del conflicto, participación política, reforma rural integral, solución al tema de las drogas, reparación a las víctimas, y; refrendación y supervisión. En particular, para atender los justos derechos de las víctimas del conflicto armado acuerdan crear diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no repetición, y la transición del conflicto armado a la paz, y, a su incorporación en la vida política democrática. No obstante, la mayoría del pueblo colombiano liderado por el ex Presidente Uribe ha rechazado el Acuerdo de Paz, a partir de señalar que con los terroristas no se negocia, que les corresponde una justicia punitiva por los graves crímenes cometidos.

 La ideología del amigo-enemigo se sustenta en un belicismo natural hobbesiano donde el hombre es lobo del hombre, pero con el afianzamiento del Estado Constitucional basado en la defensa de los derechos de la persona humana y su dignidad, la ideología democrática es el de la integración humana; lo que supone conocer la verdad con justicia y reparación a las víctimas, porque solo así habrá reconciliación. Esto supone transformar  la justicia ordinaria y crear una justicia transicional para conseguir la rendición de cuentas, en la que mediante  la justicia transicional se proporcione a las víctimas la reparación de sus derechos,  mediante acciones penales, comisiones de la verdad, programas de reparación y diversas reformas institucionales.

 Si bien se ha señalado que en una democracia la voz del pueblo es la voz de dios –vox populi vox dei-, deberíamos precisar que en una democracia constitucional la voz del pueblo es la voz de los hombres –vox populi, vox homini-; esto significa que la decisión del pueblo no es infalible, pero si mejorable hacia una forma de convivencia basada en la solución de las controversias y conflictos por medios racionales y pacíficos. Lo cual solo es posible de lograrlo o construirlo en una democracia constitucional abierta, cuando la sociedad plural y tolerante, tiene líderes capaces de llegar a consensos.

 Lima, 3 de octubre de 2016

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