Por Victor Saco, Profesor Ordinario del Departamento Académico de Derecho de la PUCP, especialista en Derecho Internacional Económico.

Sin duda la alimentación es un aspecto básico de la vida humana (más aún la buena alimentación). El Derecho, como mecanismo de protección de intereses esenciales para la sociedad, no ha sido ajeno a regularla en sus normas. En el Derecho Internacional Público podemos encontrar claros ejemplos de esta regulación, uno de ellos es el derecho a la alimentación como derecho humano y, otros, en el plano del Derecho Internacional Económico, son los conceptos de seguridad alimentaria y las reglas para promover comida sana (que pueden afectar el comercio internacional).

Por seguridad alimentaria se hace referencia a la situación de contar con acceso a diferentes alimentos dentro de un Estado, para el bienestar de su población. La idea central es que el Estado, en clara interrelación e interdependencia con otros, siempre pueda permitir que su población tenga acceso a alimentos.

Esta idea se desarrolla en paralelo de otra considerada esencial para el libre comercio, la de las ventajas comparativas. En principio, el Estado que es mejor en la producción de un determinado producto, incluyendo alimentos, debería ser el que se dedique a su cosecha y comercialización. Dejando que el libre mercado pueda hacer que los alimentos lleguen a todos los rincones de la tierra.

Ambas ideas podrían considerarse incompatibles si se piensa que muchos Estados mantienen subsidios para sus agricultores con el objetivo que puedan producir alimentos a un precio competitivo, pero ficticio, y que sin duda es mayor (si se suman los subsidios) al precio que otros Estados podrían producir. Sin embargo, el objetivo principal de estos subsidios no es mantener un precio competitivo, sino mantener un grupo de personas que produzcan alimentos y que permitan al Estado ser independiente del exterior (frente a usos políticos o hambrunas).

El efecto de esta situación en Derecho Internacional Económico se refleja, por ejemplo, en la regulación de los subsidios en los acuerdos administrados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Tratados de Libre Comercio que permiten a los Estados mantenerlos. Igualmente, en el fraseo del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC. La seguridad alimentaria explica también el estancamiento de las negociaciones al respecto de la OMC sobre liberalización del comercio de productos agrícolas y el estancamiento de las negociaciones en el seno de esta organización en general.

Por otro lado, la búsqueda de lograr que se consuma comida sana, puede ser analizada desde la regulación del comercio internacional. Leyes como la que prohíben la Comida Chatarra en nuestro país o en Chile pueden ser evaluadas respecto al cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos de la OMC. En esta materia existe menos margen de maniobra para los Estados.

De acuerdo con los tratados que regulan los Obstáculos Técnicos al Comercios, las leyes que regulen requisitos de los productos, como el caso del menor contenido de grasas o azúcares o que soliciten que los etiquetados de los productos deban considerar estos componentes o hacerlo de una forma especial (piénsese en los octágonos que se usan en Chile), podrán adoptarse mientras sean necesarios para proteger, por ejemplo, la vida y la salud de las personas. Lo interesante es que a nivel internacional se revisará si la medida es realmente “necesaria”. Si bien en Perú, mientras no tengamos el Reglamento de la llamada Ley de Comida Chatarra, parecen no existir riesgos de demandas internacionales, estas ya se han mencionado en el caso chileno (en específico posibles demandas en la OMC).

De la misma forma, los bienes agrícolas podrán ser sujetos de medidas sanitarias y fitosanitarias, destinadas a evitar plagas que puedan poner en riesgo la producción nacional o la salud de las personas (por ejemplo de carne de vacas locas o de pollos con gripe).

Claramente, estas normas de la OMC tienen una presencia, aunque no nos demos cuenta incluso en nuestra mesa.

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