Entrevista a José Burneo, abogado por la PUCP y profesor de Derecho Penal Internacional en la PUCP, con la colaboración del equipo docente del curso de Derecho Penal Internacional, Yoneko Palacios y Pamelhy Valle respecto al caso Ahmad Al-Mahdi.

EnfoqueDerechoPor primera vez, la Corte Penal Internacional está juzgando a una persona (Ahmad Al-Mahdi) por destrucción cultural como parte del delito de crímenes de guerra. ¿Cómo podría justificar la Corte que la destrucción cultural es un crimen de guerra?

José Burneo: Aunque todavía estamos a la espera de la sentencia de primera instancia del caso de Ahmad Al-Mahdi, el Estatuto de Roma sí contempla la destrucción cultural como un crimen de guerra para los casos de conflicto armado internacional (Art. 8, inc.2, lit.b, num. ix) y conflicto armado interno (Art. 8, inc.2, lit.e, num. iv). En ambos casos se tipifica como un crimen de guerra el “dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares”.

En el caso del Sr. Al Mahdi, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, (CPI) procedió a formular acusación en su contra por dirigir ataques intencionalmente en contra de diferentes edificaciones que tenían un carácter religioso e histórico como parte de un crimen de guerra en un conflicto armado interno de acuerdo al Art. 8, inc.2, lit.e, num. iv, precitado. Estos cargos fueron confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares. Se debe resaltar que ambas normas recogidas en el Estatuto de Roma son contempladas como violaciones graves de las leyes y usos aplicables tanto en los CAI como los CANI. En ese sentido, nos encontramos ante normas consuetudinarias de Derecho Internacional.

Además del Estatuto de Roma, existen otros instrumentos internacionales anteriores a aquél, estableciendo la prohibición de atacar bienes culturales. Tales instrumentos son, de una parte, el Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre anexo a la Convención IV de La Haya relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, aprobada el 18 de octubre de 1907 (Art. 27), y, de otra parte, la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (adoptado en Laya el 14 de mayo 1954, Art. 4). Además, debemos mencionar el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales de 1977 (Art. 53) y Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977 (Art 16). El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, ha considerado la protección de bienes culturales dentro del listado de normas consuetudinarias del Derecho Humanitario (norma consuetudinaria 38).

Aunque es la primera vez que la Corte Penal Internacional se enfrenta a un caso como este, existe un precedente en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). Es el caso del general del Ejército Popular Yugoslavo (JNA), Pavle Strugar, a quien se le declaró culpable de la destrucción y daño de bienes culturales, entre ellos la Plaza vieja de Dubrovnik. Este caso se juzgó en base al artículo 3, inciso d del Estatuto del Tribunal Para la Ex Yugoslavia y lo dispuesto en otros instrumentos internacionales tales como el Reglamento de 1907 relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre citado, Convención de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, los Protocolos I y II adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 . Cabe recordar que el Estatuto del TPIY se creó en base a normas consuetudinarias, como lo indicó el Secretario General de la ONU en su Informe sobre el establecimiento del Tribunal para la Ex Yugoslavia.

Dos aspectos destacables del caso Strugar, mencionado líneas arriba. En primer lugar que, si bien el Estatuto del TPIY no realiza una distinción entre, de un lado, bienes culturales muebles en general y, de otro lado, bienes culturales inmuebles “de importancia muy grande” —distinción que sí se realiza en la Convención precitada de 1954 (artículo 8)— la Sala de primera instancia concluyó que la “Plaza vieja” denotaba de una importancia jurídica particular dada su inclusión en la lista del patrimonio cultural de la “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972” y, por tanto, gozaba de una protección distinta . La Sala, entonces, aplicó una pena mayor al responsable de esta destrucción. En segundo lugar, el TPIY determinó que el artículo 3 literal d) de su Estatuto (relativo a las violaciones de las leyes o prácticas de guerra por la toma, destrucción o daño deliberado de edificios consagrados a la religión, a la beneficencia y a la enseñanza, a las artes y a las ciencias, a los monumentos históricos, a las obras de arte y a las obras de carácter científicos) se aplicaba tanto para conflictos armados internacionales así como no internacionales.

En conclusión, el crimen de guerra de la destrucción de bienes culturales se encuentra tipificado en el Estatuto de Roma y ha sido reconocido como una norma consuetudinaria aplicable en tiempo de CAI o CANI.

ED: ¿Sería posible extender el delito más allá de su configuración dentro de los crímenes de guerra?

JB: Por ahora, tanto el crimen de genocidio como el de lesa humanidad, tal como están recogidos en el Estatuto de Roma, no contemplan la destrucción de bienes culturales. Esto se debe a que ambos crímenes se refieren a actos dirigidos directamente en contra de personas y no a cosas. Empero, cabe preguntarse si, en un caso determinado, la destrucción de uno o varios lugares de gran importancia religiosa, histórica, cultural, para algunos grupos puede significar una afectación grave a su integridad e identidad como colectivo y/o ser parte de un ataque contra la población civil. La discusión queda abierta.

ED: En caso se sentencie a Ahmad Al-Mahdi, ¿cuál cree que sería la trascendencia de la sentencia para los sistemas internacionales? ¿cree que sería un buen precedente?

JB: Este sería un precedente muy importante para la comunidad internacional. A nivel internacional, si bien ya existe el precedente del Caso Strugar en el TPIY, sería la primera vez que se juzga en la CPI en base al Estatuto de Roma que sirve de guía para la persecución de los crímenes más graves en todos los países del mundo. Asimismo, es una forma de disuadir a aquellas personas que quieran emplear la destrucción del patrimonio cultural como táctica de guerra en un futuro.

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