Fuente: Instituto Peruano de Economía

Republicado con permiso. El artículo original se encuentra aquí

El Congreso parece ser una fuente inagotable de propuestas -quizás bien intencionadas- que empeorarían la calidad de vida de los ciudadanos que lo eligieron. Un congresista del Grupo Parlamentario Fuerza Popular acaba de añadir a nuestra colección una propuesta de política pública realmente preocupante –ver–: plantea crear un Organismo Regulador de Precios de Medicamentos. No solo eso. “Los agentes económicos que intervienen en la elaboración, distribución y comercialización de los medicamentos asegurarán la oferta de medicamentos genéricos en igual cantidad que los medicamentos de marca” añade el artículo 2.4 del Proyecto de Ley, que parece rememorar algún plan quinquenal de alguna economía soviética.

Para mantenerse en la misma línea, el proyecto termina sentenciando que “Para regular las tarifas de los medicamentos, se tomarán en consideración el total de los costos de los insumos, de elaboración, de importación, de almacenamiento, de traslado, de propiedad intelectual, de publicidad y todo aquello que signifique un costo o inversión […]”. Estos costos, por supuesto, los determinará el mismo Estado –que no es capaz de manejar el costo de sus propias adquisiciones de medicinas– con lo cual los precios serán fijados por el Estado y los laboratorios estarán obligados a atender la demanda a estos precios. Pregúntenle a Venezuela como acaba esto.

Si el proyecto es un salto atrás de cincuenta años, la supuesta justificación económica del mismo es aún peor. Demuestra un absoluto desconocimiento de conceptos básicos. Dice que la economía social de mercado es aquella en la que el precio es fijado por el Estado. Jalado. Dice que “Lo que busca una economía social de mercado es un equilibrio entre los intereses contrapuestos de los actores económicos: empresa-consumidor”. Otra vez jalado. En una economía de mercado moderna el Estado debe intervenir para corregir las fallas de mercado que limitan la competencia. Lo que busca es que los precios asignen los recursos pero para ello los precios deben acercarse a los que regirían en un mercado competitivo. En los casos en que se presentan fallas de mercado, el Estado lo puede hacer regulando precios o gravando o subsidiando bienes para buscar corregir los precios distorsionados de un mercado no competitivo.

Es importante reconocer además que, incluso en estos casos, hay límites a la intervención del Estado porque también existen las fallas de Estado: incentivos políticos inadecuados, institucionalidad precaria, ausencia de rendición de cuentas, entre otros. El proyecto de marras ilustra varias.  Gráfico 1 ver aquí

El tema de fondo del proyecto parece ser responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se debe proceder cuando el que oferta un producto o servicio pone un precio que se considera “muy elevado”? El afán de lucro no es ilegal –es más la búsqueda del beneficio es un motor fundamental de la economía– y, mientras no existan fallas de mercado, no debe ser combatido. Lo que recomendamos es, primero, consultar a los expertos. La Dra. Janice Seinfeld y el Dr. Karlos La Serna de la Universidad del Pacífico, y Juan José Miranda del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicaron dos trabajos sobre las compras públicas de medicamentos y cómo se debe regular este mercado y sus conclusiones son ilustrativas para el caso que tratamos (ver gráfico). Reproducimos una frase del segundo trabajo: “De esta manera, no se debe establecer fórmulas de control de precios, sino que debería promoverse una mayor competencia en este sector con el fin de lograr reducir la gran diferencia entre los productos de marca y los genéricos”. Esta recomendación de política pública la hemos presentado antes. No es novedad. A los autores del proyecto les recomendamos revisar bien la literatura antes de proponer políticas públicas tan perniciosas. Les facilitamos los links a internet. http://cies.org.pe/analisis/38/medicamentos yhttp://cies.org.pe/libros/investigaciones-breves/mercado-de-medicamentos-en-el-peru.

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