Casa Tomada: ¿debe crearse una Superintendencia de Colegios Particulares?

1
553

Por Evelyn Chumacero, fundadora y miembro de Perú Consume, especialista en temas de Protección al Consumidor, Derecho de la Competencia, Derecho Administrativo y Análisis Económico del Derecho.

Julio Cortázar nació en Bélgica, en el año 1914, lugar donde residía su familia. Si bien Cortázar adoptó la nacionalidad belga en 1981, en señal de protesta contra la junta militar que gobernaba su país por aquellos años[1], la historia lo reconoce como un ilustre argentino y uno de los más grandes escritores de Sudamérica.

Muchos recordamos su obra más destacada: Rayuela, considerada como una de las primeras narraciones surrealistas[2] en Latinoamérica, pero en esta ocasión daremos un vistazo a su primer libro de cuentos, publicado en el año 1951 bajo el nombre de Bestiario y en el cual encontramos la fascinante historia de Casa Tomada.

El relato nos presenta la vida de dos hermanos -Irene y el narrador- que se dedican en cuerpo y alma al cuidado de una casa colonial y majestuosa. Ambos dejaron de lado sus propias vidas y consagraron sus días a la conservación del hogar. La relación entre ellos y la residencia era tal que rechazaban la idea de que, al morir, el bien fuera vendido o destruido. Luego de una detallada descripción del inmueble, la historia toma un rumbo inesperado. Los hermanos comienzan a percibir misteriosos ruidos que los obligan a ir, poco a poco, abandonando la casa hasta, finalmente, salir huyendo, con el deseo de que ningún ladrón ingrese y se encuentre con aquello que tomó posesión de ella[3].

Resulta sorprendente la facilidad con la cual los protagonistas se rinden ante la presencia del intruso – o intrusos- que se manifiestan a través de los ruidos que producen a su paso por la casa. Algunos estudiosos de la obra de Cortázar interpretan el cuento como una alegoría con la que se busca representar a Argentina ocupada poco a poco por el peronismo y las minorías que no habían antes sido consideradas en las decisiones del país[4], sin que exista resistencia alguna. En líneas generales nos muestra cómo, frente a la aparición inesperada de “algo”, los afectados asumen la nueva situación, sin mayor oposición.

Hace algunas semanas se publicaron los resultados de una encuesta que buscaba conocer la opinión de los ciudadanos sobre la educación pública y la educación privada. Dicha encuesta mostró, entre otros aspectos, que el 71% de los 1 204 encuestados consideraba de mayor calidad la educación impartida en los colegios privados frente a la de los colegios estatales y que el 60% escogería una institución particular si se encontrara en posibilidad de elegir un centro educativo. Asimismo, se evidenció que el porcentaje de personas cuyos hijos eran educados en un colegio particular aumentó en 4%; es decir, más niños asisten actualmente a escuelas pagadas.

Un dato que llamó nuestra atención en esta encuesta fue el relacionado a la creación de una superintendencia de educación. A la pregunta: “En su opinión, ¿debería o no crearse una superintendencia que supervise la calidad de la enseñanza en los colegios privados? El 87% de los entrevistados respondieron que sí se requiere un organismo de esta naturaleza en el sector educación[5]. Ante este resultado, nos preguntamos si la intervención del Estado en este mercado, a través de una superintendencia, es realmente necesaria y resultaría beneficiosa para la sociedad o si se trata de una invasión que, al estilo del relato de Cortázar, solo tendrá como resultado que los proveedores abandonen este mercado sin mayor discusión, provocando una drástica reducción en la oferta de educación privada.

La creación de organismos estatales encargados de la vigilancia y fiscalización del comportamiento de los proveedores de un determinado sector económico tiene, como fin último, la protección de los consumidores quienes serían beneficiados con servicios que responden a un estándar mínimo de calidad, determinado por el Estado, y que cumplen con las características consideradas indispensables para cada tipo de prestación. Sin embargo, ¿es solo la intervención estatal, a través de la creación de una superintendencia a cargo de regular una actividad económica, la que puede lograr la finalidad que se persigue?

Coincidimos con quienes sostienen que las medidas regulatorias deben ser aplicadas de forma excepcional, en los casos en los que se evidencie que no resulta posible el desarrollo de un proceso competitivo[6]. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, la economía de nuestro país se caracteriza por el rol subsidiario del Estado y la protección de un mercado donde prime la libre iniciativa privada, así como la libre y leal competencia.

Por otro lado, si bien la regulación resulta el mecanismo idóneo para combatir los fallos que se pueden presentar en un mercado, también presenta algunos inconvenientes. De este modo, podemos encontramos frente a organismos que no cuentan con la totalidad de la información de cómo se comportarán los agentes del mercado al tomar decisiones, en tanto actúan ex ante definiendo precios, calidad del servicio, entre otros aspectos, de forma previa a que se establezca la relación de consumo. Asimismo, no resultan tan eficientes como la aplicación de políticas de competencia generales que promuevan la transparencia en la información, debido a que su accionar está restringido únicamente al sector asignado.

Consideramos que para decidir si corresponde o no adoptar medidas regulatorias -como la creación de un ente regulador para un mercado específico- es importante preguntarse si con dichas medidas se logrará un estado de mayor bienestar para los consumidores del sector. Si la respuesta es negativa, entonces la regulación no es la solución al problema.

En el sector educación mucho se ha discutido sobre la calidad de enseñanza impartida en los colegios particulares. Se han conocido casos en los que las clases son impartidas por personal no capacitado para dicha función, en ambientes inadecuados para el proceso educativo y sin lograr los objetivos mínimos de aprendizaje que se espera de los educandos. Ante esta problemática se ha presentado como solución la creación de una entidad estatal encargada de vigilar y fiscalizar a los proveedores de servicios educativos, sin considerar que en la actualidad existen mecanismos implementados para ello.

Pensemos en las labores que realiza el Ministerio de Educación para otorgar las autorizaciones a los centros educativos o en las acciones que realizan las municipalidades, como parte de sus competencias, para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento de los locales educativos. Más aún, miremos las labores que realiza INDECOPI en resguardo del derecho de los consumidores a recibir un servicio educativo idóneo y a estar debidamente informados sobre las características del mismo. En suma, en la actualidad creemos que existen mecanismos y suficientes entidades estatales con las facultades requeridas para realizar las funciones que se le atribuirían a una nueva entidad reguladora para este mercado.

A nuestro modo de ver, la idea de una superintendencia de educación no debe ser considerada como la solución infalible a los problemas en este sector. Se necesita llevar a cabo un análisis más exhaustivo que permita determinar si la aplicación de este mecanismo de regulación logrará reducir los inconvenientes evidenciados en la calidad del servicio educativo o si se requiere de la aplicación de otro tipo de soluciones, como mayor presupuesto y competencias claramente delimitadas a los entes que vienen a la fecha desarrollando labores de fiscalización en este mercado.

Tal vez la aparición de un ente regulador en este sector genere que los proveedores decidan “huir” de este mercado, al estilo de los hermanos de la historia de Cortázar, sin mayor esfuerzo para permanecer en él, perjudicando de este modo la libre oferta que debe regir en la prestación de servicios educativos. Definitivamente, la regulación en el mercado no es cosa de cuentos.


[1]  Entre 1976 y 1983, Argentina fue gobernada por una junta militar, formada por representantes de las tres fuerzas armadas. Este periodo se denominó Proceso de Reorganización Nacional y se caracterizó por el llamado terrorismo de estado, vulneración de los derechos humanos, desapariciones, crímenes de lesa humanidad, entre otros.

[2] El Surrealismo es una corriente artístico- literaria, surgida en Francia, aproximadamente en 1920. Se fundamenta en la necesidad del artista de trascender de lo real, a través del impulso psíquico e irracional.

[3] Si deseas leer el cuento de Cortázar, puedes acceder al siguiente enlace: http://uruguayeduca.edu.uy/UserFiles/P0001%5CFile%5CCasaTomada%20Cortazar.pdf.

Si deseas escuchar el cuento en la voz del propio autor, puedes acceder al siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=OUUZHOkWudw

[4] El peronismo, también llamado justicialismo, es un movimiento surgido en torno a la figura de Juan Domingo Perón, militar argentino que, en la década de 1940, surge con la participación de numerosos sindicatos y se caracterizó por la importancia que brindó a la idea de justicia social.

[5] http://gestion.pe/politica/82-peruanos-cree-que-deberia-crearse-superintendencia-colegios-privados-2122961/8

[6]  Sobre el particular, recomendamos la lectura de los siguientes artículos:

  • BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. Entre el regulador y agencia de competencia: ¿son la misma cosa? En: Derecho y Economía: El Análisis Económico de las Instituciones Legales. 2da Edición. Palestra. Lima, 2006, p. 901-922.
  • HARO SEIJAS, Juan José. Contra los excesos de la Regulación Económica. Sobre Monopolios naturales, instalaciones esenciales y otros fantasmas. En: Themis N° 50, p.151-167

1 Comentario

Dejar respuesta